La ciudad catalana donde Junts ya alcanza acuerdos con PP y Vox para frenar a Orriols

Junts per Catalunya ha dado un giro significativo en su estrategia local en Sant Cugat del Vallès, uno de sus bastiones electorales y uno de los municipios con mayor renta de Cataluña. En plena pugna por contener el ascenso de Aliança Catalana, la formación nacionalista se ha alineado con PP y Vox en asuntos clave como vivienda, seguridad y agenda social, desmarcándose de sus socios de gobierno de ERC y del resto de la izquierda municipal. El movimiento se ha concretado, entre otros gestos, en una iniciativa para pedir la derogación de la ley de vivienda y reclamar que Sant Cugat deje de ser considerada «zona tensionada».

El Ayuntamiento de Sant Cugat está presidido por el alcalde de Junts, Josep Maria Vallès, cuya formación obtuvo nueve concejales, lo que le otorga amplias posibilidades de pacto en un pleno muy fragmentado. ERC cuenta con cuatro ediles, mientras que PSC y PP tienen tres cada uno y CUP, Comuns y Vox suman dos concejales por grupo, configurando un mapa municipal donde las mayorías pasan por acuerdos transversales. En este contexto, Junts gobierna formalmente con ERC, pero cada vez vota con más frecuencia junto al denominado bloque de la derecha, dejando a sus socios republicanos y a la izquierda en clara minoría en asuntos determinantes.

Alianzas con PP y Vox

En los últimos plenos, Vallès y varios concejales de Junts han coincidido con PP y Vox en votaciones sobre seguridad, vivienda y políticas sociales, pese a que estas áreas están en manos de ERC en el gobierno local.

Este alineamiento supone un viraje ideológico respecto a etapas anteriores y ha generado malestar entre las fuerzas de izquierdas, que ven cómo Junts se distancia del bloque progresista con el que tradicionalmente se había entendido. La CUP es la que ha alzado la voz con más dureza, acusando a Junts de exhibir su faceta «más de derecha» y reprochando a ERC que actúe como simple «muleta» al no romper con sus socios.

Ofensiva contra la ley de vivienda

El punto de inflexión más visible se ha producido en materia de vivienda, con la aprobación de una moción impulsada por el PP y finalmente apoyada por Junts y Vox. El texto, enmendado por el partido del alcalde, reclama la derogación de la ley de vivienda aprobada en 2023 y pide a la Generalitat que Sant Cugat deje de estar catalogada como «zona tensionada», una figura que limita los precios del alquiler en áreas con alta presión residencial. Aunque el Ayuntamiento formule esta petición, la decisión última corresponde al Ejecutivo autonómico presidido por Salvador Illa, que es quien define qué municipios mantienen esa calificación.

Bloqueo a las propuestas intervencionistas

En paralelo, el bloque compuesto por Junts, PP y Vox tumbó en el mismo pleno una propuesta de la CUP orientada a combatir la especulación inmobiliaria y poner coto a la concentración de viviendas en manos de grandes tenedores. ERC intentó rebajar el carácter intervencionista del texto mediante enmiendas, que salieron adelante gracias a la abstención de Junts, pero la propuesta modificada tampoco prosperó. La suma de Junts, PP y Vox se impuso finalmente a las formaciones de izquierdas —ERC, PSC, CUP y Comuns—, que quedaron en franca minoría a la hora de fijar el rumbo de la política de vivienda en el municipio.

El factor Aliança Catalana

Fuentes del entorno municipal apuntan al temor al avance de Aliança Catalana como uno de los elementos que explican este viraje, pese a que la formación liderada por Sílvia Orriols aún no tiene representación en el consistorio de Sant Cugat. El auge de este partido en otros municipios ha generado inquietud en el mundo local de Junts, que ve peligrar algunos de sus feudos históricos y busca blindar su espacio político con un discurso más firme en materia de seguridad y control migratorio. El propio alcalde, en un artículo publicado en La Vanguardia a finales de octubre bajo el título «Herramientas y soluciones frente a la inacción», reivindicó la negociación que permitió ampliar los partidos judiciales del municipio como instrumento para combatir la multirreincidencia delictiva.

Mantener puentes con PSOE y PSC

Este giro a la derecha en el plano local se produce mientras Junts mantiene una relación tensa con el Gobierno de Pedro Sánchez y critica abiertamente la gestión socialista en Madrid y en Cataluña. Pese a ello, Vallès ha defendido la necesidad de mantener canales de diálogo con los distintos niveles administrativos, tanto con el PSOE en la capital como con el PSC en la Generalitat, con el argumento de que la cooperación institucional es clave para obtener recursos y soluciones concretas. De cara a las próximas municipales, Junts aspira a conservar Sant Cugat como uno de sus emblemas, incluso a costa de distanciarse de algunas de sus políticas pasadas y de aproximarse a PP y Vox en cuestiones que preocupan especialmente al electorado más conservador del municipio.