La Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y el Scrats exigen al Gobierno frenar el recorte del Tajo-Segura

Los gobiernos de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y la Junta de Andalucía, junto con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), han remitido una carta conjunta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para expresar su «profunda preocupación» ante los cambios propuestos por el Gobierno en las normas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

En la misiva, los firmantes -Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana; Sara Rubira, consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia; Ramón Fernández-Pacheco, consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; y Lucas Jiménez, presidente del Scrats- advierten que sus territorios «compartimos una dependencia estructural del Trasvase Tajo-Segura para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo humano, la agricultura y el desarrollo socioeconómico de nuestras regiones».

Los responsables autonómicos subrayan que «los recientes anuncios y propuestas relativas a la modificación de las normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura han generado una profunda preocupación entre las instituciones y los sectores productivos de tres regiones que generan un valor agrario muy elevado, representando un 42,5 % del VAB nacional, así como a 4,2 millones de ciudadanos que dependen directa e indirectamente del agua trasvasada».

Petición de paralización inmediata

Los firmantes piden a la ministra que «se dejaran sin efecto los incrementos de los caudales ecológicos previstos, que se paralizara la revisión de las reglas de explotación, que se agilice la ejecución de las obras contempladas en el programa de medidas y que se impulse un gran pacto nacional por el agua».

Acompañando la carta, las tres administraciones y los regantes han remitido un informe técnico en el que se reclama «que se paralice la aplicación de las nuevas normas de explotación porque consuman el injustificado recorte del agua a Andalucía, Murcia y Comunitat Valenciana». El documento critica que el nuevo umbral de no trasvase propuesto por el CEDEX -que eleva la reserva mínima de 400 a 531 hm³- «carece de justificación técnica y va en contra de Ley».

El informe sostiene que «las demandas en cabecera han disminuido y los caudales ecológicos se cumplen» y que «el aumento del umbral a 531 hm³ carece de justificación técnica y solo se puede cambiar por una nueva Ley». Según los técnicos, las nuevas reglas reducirían «los volúmenes trasvasables» porque el agua se retendría «en los embalses de cabecera para uso lúdico, que se convierte, de facto, en una demanda consuntiva no contemplada en la ley».

«El trasvase no es el problema»

El documento remitido al Ministerio afirma que «la existencia del trasvase Tajo-Segura nada tiene que ver con los problemas del Tajo, ni en lo que se refiere a la calidad ni en lo que se refiere a la cantidad de agua» y denuncia que «mantener un grifo abierto por encima de las necesidades no es acorde con una gestión eficiente, pues supone un desaprovechamiento de recursos inaceptable».

Los regantes destacan además que «en los desembalses hacia el Tajo para cubrir las necesidades de los regadíos de diversos municipios castellanomanchegos se llega a desaprovechar de promedio unos 100 hectómetros cúbicos anuales, curiosamente el mismo volumen que el Ministerio pretende recortar del Trasvase».

También reclaman «igualdad de trato entre Tajo y Segura» y señalan que «en un mismo país no se puede permitir que ríos con el doble de caudal se les exija la cuarta parte de caudal mínimo. Debería ser justo al revés».

Llamamiento al diálogo

En su carta a la vicepresidenta, las tres autonomías y el Scrats piden que «se abra un espacio de diálogo técnico y político que permita alcanzar soluciones adecuadas para todos» y apelan a la sensibilidad del Gobierno hacia el sureste peninsular: «Confiamos en su sensibilidad hacia la realidad del Levante español y en su compromiso con una gestión del agua basada en criterios de equidad, eficiencia, justicia y sostenibilidad».

El documento concluye con una oferta de encuentro: «Le reiteramos nuestra disposición, como ya hemos hecho en anteriores ocasiones, para mantener una reunión en la que podamos abordar estos asuntos con la profundidad y responsabilidad que merecen».