El PSOE se esconde tras cuatro dimisiones del PP para ocultar sus responsabilidades en la dana de Valencia

«Espero que en este nuevo tiempo también habrá responsabilidades en otros partidos políticos, concretamente en el Partido Socialista». Estas palabras de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, son el resumen perfecto a la situación en la que ha derivado la lectura política de la gestión de la dana de Valencia. La dimisión de Carlos Mazón y la salida de Gan Pampols son el enésimo terremoto que vive la Generalitat Valenciana mientras el Gobierno de Pedro Sánchez vive en una realidad paralela en la que se gestiona sin responsabilidad alguna. Cuatro dimisiones y dos crisis de Gobierno valencianas frente a dos ascensos, un silencio y una huida nacional. Es más, la única dimisión en el bando nacional fue la del Comisionado José María Ángel y porque le pillaron que había estado trabajando 40 años en la Diputación de Valencia con un título universitario falso.

Comentaba Carlos Mazón en su despedida su «ingenuidad» al pensarse que el Gobierno de Pedro Sánchez prestaría la ayuda necesaria para que Valencia resucitara tras la dana del 29 de octubre de 2024. Recalcaba el ahora presidente en funciones las trabas que se ha encontrado el Ejecutivo de la Generalitat: «Queríamos ayuda, la pedimos, y jamás la recibimos». Y ya para acabar de cerrar el círculo en su adiós, Mazón zanjaba con un evidente «sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno».

Y es que si una cosa ha quedado clara desde el mismo 29 de octubre es el sumo tacticismo político con el que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus agencias han actuado con la tragedia de Valencia. Sin ir más lejos, Miguel Polo, presidente de la Cuenca Hidrográfica del Júcar basó su silencio durante el Cecopi para no advertir de la crecida del Poyo porque no le llegó a «sorprender». O por ejemplo Aemet activó el nivel rojo de 180 litros en 12 horas, cuando en pleno temporal se recogió toda esa lluvia en sólo una hora en Turís.

La concatenación de errores entre administraciones han tenido resultado final muy dispar. El Gobierno valenciano ha asumido responsabilidades, lo que ha sido gasolina para que la locomotora del Ejecutivo de Sánchez difundiera su superioridad en el relato. Como si reconocer errores fuera un lastre impensable en Moncloa.

Este martes el Gobierno de la Generalitat Valenciana ha asumido su segunda crisis de Gobierno, aunque con un relativo cambio de competencias: Gan Pampols cede completamente la cartera de la recuperación a Vicente Martínez Mus. Es el segundo cambio de consellers en un año.

En noviembre de 2024 Mazón intentó dar un golpe de timón cesando a Nuria Montes y Salomé Pradas, a lo que le siguió la salida del director de Emergencias Emilio Argüeso. Estos cambios ya eran un reconocimiento implícito de que no se había actuado de forma conveniente. Carlos Mazón pidió «disculpas» en las Cortes Valencianas cuando declaró el 15 de noviembre de 2024.

Durante estos 12 meses la pelota del relato siempre la ha manejado con cierta superioridad moral el Gobierno de Sánchez, quien ha dejado que el Ejecutivo de Mazón se consumiera poco a poco víctima, también, de las carencias explicativas y los nuevo detalles que iban saliendo a la luz dada la muy específica instrucción judicial de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.

La jueza de la dana ha negado en varias ocasiones cualquier responsabilidad penal a todo cargo que no sea del Gobierno regional, librando a Moncloa de cualquier asunción de culpa. Pero ya no es únicamente que cualquier declaración que llega desde representantes del Gobierno central sea un incesante suceder de golpes de boxeo contra la Generalitat, es que hasta sus caras visibles han tenido ascensos en sus puestos de trabajo con motivo de la dana.

Pedro Sánchez huyó de Paiporta, de la zona cero de la dana, el 3 de noviembre de 2024 y no ha vuelto. El presidente del Gobierno no ha pisado ninguna calle que haya estado anegada de barro y los contactos con las víctimas han sido controlados y guionizados por el Gobierno, como la encerrona que dispusieron contra Carlos Mazón en el homenaje a las víctimas con motivo del primer aniversario. Pero las cosas no quedan ahí.

Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ha visto como su protagonismo político en la gestión de la dana no le ha causado daños reputacionales, sino que le ha servido de motivo para ascender a miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE en materia de Igualdad a lo que se le suma haber sido entronizada como futura candidata socialista a la alcaldía de Valencia.

Teresa Ribera, que durante la emergencia de la dana, antepuso su desembarco en Bruselas a liderar la gestión referente a la administración central. Tras no pisar la zona cero vio como pudo ser nombrada vicepresidenta de la Comisión Europea como si con ella no fuera la tragedia de Valencia. En su lugar al cargo de vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España llegó Sara Aagesen, que tampoco ha rendido cuentas de la gestión dependiente de sus competencias y que tampoco ha paseado por las zonas más arrasadas por la riada del 29 de octubre de 2024.

Otro cargo del Gobierno de Sánchez que tampoco ha asumido responsabilidad es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien pudo haber activado la declaración de emergencia nacional ante un episodio que afectó a varias comunidades autónomas. También resulta llamativo en este punto que si tan evidente fue el descontrol en el Cecopi, que teniendo la posibilidad legar de asumir el liderazgo no se hiciera ante el abrumante riesgo para la población.

La CHJ no hizo las obras para desviar el Poyo, ya que contravenían la Ley de la Huerta de Ximo Puig, ni controló los aforos de barrancos y ríos aquel día. Lo citado anteriormente, su presidente Miguel Polo reconoció ante la jueza que se había callado el dato descontrolado del Poyo «porque era evidente», declaración que no fue motivo suficiente para ser imputado como solicitaron algunas acusaciones.

La dispar asunción de responsabilidades es tan sangrante en la comparativa que el único cargo nacional relacionado con la dana que ha dimitido ha sido por cuestiones ajenas. José María Ángel, Comisionado de Sánchez para la dana, tuvo que dejar su puesto tras conocerse que había estado 40 años trabajando en la Diputación de Valencia con un título universitario falsificado. Hasta ese momento la falta de colaboración con Gan Pampols no fue motivo suficiente para tener que dejar el cargo.

Por una parte un Gobierno valenciano desbordado por la peor catástrofe natural del último siglo en toda España y por la otra una administración nacional que, denunciando el inmovilismo regional, no tomó el control, sino que se quedó a la espera del devenir de los hechos y la sucesiva caída de fichas del dominó. Un año después el Gobierno de España se pone las medallas por las actuaciones de reconstrucción, aunque ello evidencia que igual que ahora pueden arreglar antes podría haber actuado para que se evitara. Mientras tanto, el trasfondo del tacticismo político se hace cada vez más evidente y la Generalitat Valenciana tendrá un nuevo Gobierno mientras en Moncloa la vida sigue igual y sin pisar Valencia.