De las manifestaciones por la dana a la huelga educativa: el sindicato afín a Compromís que agita las calles en Valencia

No siempre los terremotos políticos se trasladan a la calle, o al menos no de forma perenne, aunque haya un interés real de que así sea. El ejemplo perfecto son las manifestaciones contra Mazón por la dana, que no en recuerdo de las víctimas de la tragedia: están todas convocadas de forma oficial por el sindicato afín a Compromís, y no por ningún colectivo de afectados por la riada. Dentro de esta confederación está integrado un grupo educativo, es que el mismo que promueve, alienta y asume el liderazgo en la presente huelga indefinida en las escuelas públicas de la Comunidad Valenciana.

Lo de que las fuerzas políticas cuenten con apoyos satelitales en determinadas posiciones sociales, laborales y económicas no es nada nuevo, especialmente dentro del espectro de la izquierda. UGT es un sindicato estrecha e históricamente ligado al PSOE, así como que Comisiones Obreras tiende a representarse con posiciones más próximas a la izquierda del propio PSOE. Obviamente en clave valenciana no iba ser menos.

Compromís en lo político e Intersindical, supuestamente, sólo en lo laboral cubren el mismo espectro ideológico. En ningún caso se puede decir que la coalición catalanista sea la dueña de la confederación, pero sí que entre las políticas del partido y las actuaciones del sindicato hay coincidencias, afinidad y hasta traslación.

Intersindical, según confirmaron en su momento fuentes de Delegación del Gobierno a El Debate, es la convocante de forma oficial de las manifestaciones contra Mazón por la dana. El sindicato promueve que las asociaciones de víctimas puedan agruparse para protestar por la gestión política de la emergencia, lo que dota de un músculo organizativo que, aunque no se traslade en la calle, evita el desgaste o el mayor señalamiento de los colectivos de afectados copados por miembros o personas ligadas a partidos de la izquierda valenciana.

Así a bote pronto, Compromís se 'encontró' con que dos de sus miembros, Mariló Gradolí y Christian Lesaec, iban a presidir sendas asociaciones de víctimas, por lo que no es de extrañar que ambas formaciones fueran de las más combativas contra Carlos Mazón. Por tener cierto contexto claro, el grupo más directo contra el ya expresidente es Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 de Octubre, presidida por Rosa Álvarez, persona ligada al PSOE valenciano.

Así la formación catalanista tenía la representación social dentro de la tragedia y sólo había que dejar que fluyera la organización 'interna'. Intersindical ha propiciado todas y cada una de las manifestaciones contra Mazón, intentando mantener vivo el relato político pese a que cada vez acude menos gente a las concentraciones.

Y prácticamente a la par que decaía el interés en las protestas de la dana, subía un suflé ciertamente inesperado, porque aparentemente llevaba hibernando más de una década: la educación pública.

En este aspecto sí toca destacar que STEPV, sindicato educativo que forma parte de Intersindical, tiene la mayoría absoluta en cuanto a representantes elegidos por los docentes de las escuelas públicas valencianas, ya que en las últimas elecciones sindicales obtuvieron más del 55 % de los votos, frente al 21,62 % de ANPE.

Se entiende, por lo tanto, que el colectivo educativo de Intersindical goce de cierto músculo de entre los docentes, lo que casual o causalmente ha derivado en una protesta histórica contra la Generalitat Valenciana.

Durante los ochos años que gobernaron PSOE y Compromís no se planteó un escenario como el actual. Ya no únicamente por convocarse una huelga indefinida, y que ésta alcance la tercera semana de parón con altos registros de seguimiento, sino por la simple combinación de tantas reclamaciones que, por lo que parece, se han ido acumulando hasta que por arte de magia han salido todas disparadas.

La mejora salarial de los docentes es el ejemplo más grotesco. Rechazada por PSOE y Compromís hasta en cinco ocasiones durante sus ocho años de gobierno valenciano, ahora los sindicatos de izquierdas exigen al PP que incremente las nóminas en tanto se recupere el poder adquisitivo de prácticamente toda la última década, de la que los 'populares' son responsables, en cierta medida, desde hace tres años, aunque entre julio de 2023 y julio de 2024 la Conselleria de Educación estuviera en manos de Vox.

STEPV es el sindicato mayoritario entre la función pública educativa de la Comunidad Valenciana, en base a ello han hecho valer su poder y fuerza para promover un paro total que a los docentes que lo secundan les 'cuesta' entre 150 y 200 euros de su nómina. Los sindicatos y sus trabajadores, aunque tengan plaza de maestros, no pierden dinero, aunque la Generalitat Valenciana contempla reducir drásticamente los ingresos para estas formaciones según el acuerdo entre PP y Vox para los presupuestos de 2026.

Ha sido el propio colectivo educativo el que ha visibilizado un trasfondo político en la protesta, añadiendo entre las reclamaciones cuestiones completamente ajenas a las necesidades de los colegios y los docentes. Fue STEPV el que exigió inicialmente «derogar la Ley de Libertad Educativa», un tema circunscrito únicamente en la vertiente política valenciana. Así se lo hizo saber el propio presidente Juanfran Pérez Llorca a unos docentes durante una charla informal en plenas protestas: «Se están pidiendo cuestiones aprobadas por la mayoría de las Cortes Valencianas». Es decir, que una formación sindical contemplaba, inicialmente, como línea roja que Educación enmendara a su propia Generalitat Valenciana. Prácticamente un disparate.

Después llegaría una propia encuesta sindical entre el profesorado, donde los docentes situaron entre sus últimas prioridades lo que las formaciones laborales habían denominado como «cambio del modelo lingüístico». Pese a este rechazo de incluir propósitos políticos en plena huelga de docentes, STEPV, CCOO y UGT tuvieron a bien modificar sus reclamaciones a la Conselleria de Educación, pero sin olvidar la vertiente más ideológica.

En un nuevo borrador de acuerdo propusieron convertir «el valenciano en lengua vehicular preferente», al igual que pedir a la Generalitat que los docentes sólo se tengan que escribir los informes en la lengua regional y no de forma dual también en castellano. Es decir, quitaron el imposible de exigir la derogación de una ley para incluir ciertos aspectos que únicamente defiende la izquierda valenciana, que no es la que tiene la mayoría política en la Comunidad Valenciana.

Aparentemente entre Intersindical y Compromís no hay tanta diferencia. En lo organizativo ambos coinciden en ser confederaciones de diversos colectivos y en lo político el puente es fluido y directo. Sólo así se entiende la traslación tan directa que hay entre las necesidades de Compromís y los movimientos de Intersindical y sus filiales. Primero con la dana y ahora con la educación pública. ¿Cuál será el siguiente tema para mantener 'encendida' la calle? Queda un año para las elecciones.