Antonio Bueno

Antonio BuenoJesús D. Caparrós

Antonio Bueno, profesor de Derecho de la Universidad de Córdoba

«Lo que nos da miedo a los juristas es que nos dirigimos a una democracia formal, un régimen iliberal»

El profesor ha ofrecido esta semana una conferencia sobre la amnistía en el Colegio de Abogados de Córdoba

Justo a la hora que nos hemos citado con Antonio Bueno Armijo (Nerja, 1979) en el Colegio de Abogados de Córdoba, comienzan un día más las concentraciones en la calle Ferraz de Madrid, y contrasta la tranquilidad que se respira en la sede colegial cordobesa con la tensión que se vive en esa zona de la capital del, todavía, Reino de España una tensión que nos llega a través de las redes sociales. Allí se protesta por el asalto que la democracia española está sufriendo y aquí, en el salón de actos, se hablará sobre lo mismo, pero siempre con el adjetivo de ‘presunto’, que para eso estamos entre juristas.
Antonio Bueno es Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba, institución en la que presta sus servicios desde hace veinte años y donde imparte docencia habitualmente como profesor de Derecho Administrativo y Derecho de la Unión Europea. Es 15 de noviembre y nuestro entrevistado ofrece una charla titulada ‘La amnistía en el ordenamiento jurídico’, organizada por el Foro Ibérico de Debate. El profesor nos atiende unos minutos antes. En la biografía que nos han pasado se dice que Bueno habla con fluidez inglés, francés y catalán, siendo este último hoy en día un valor añadido tal y como transcurren los acontecimientos nacionales. El español que habla Antonio Bueno también es fluido y muy rápido, no sin antes meditar durante pausados silencios las respuestas.
En su perfil académico, además de la labor como investigador, destaca el ser autor de varias monografías y de más de ochenta artículos y capítulos de libro sobre Derecho Administrativo y Derecho de la Unión Europea, incluyendo estudios sobre consultas populares y referéndum, régimen jurídico de las subvenciones públicas o derecho administrativo sancionador.
Antonio Bueno

Antonio BuenoJesús D. Caparrós

- Se nos vende la amnistía como una solución pacificadora y una medida políticamente positiva ¿Realmente lo es?
- Pacificadora y positiva ¿para quién? Parece que consenso no está creando. En la exposición de motivos de la proposición de ley, realmente esa es la idea, y que esto se hace para conseguir el consenso, pero parece que no lo está generando, ni dentro de Cataluña ni fuera de Cataluña. Hasta ahora lo que teníamos era un gravísimo conflicto entre catalanes y ahora parece se ha trasladado, o parece que se quiere traslada, fuera de Cataluña, entre otros españoles. De hecho el que podamos prever que en el Senado la mayoría de los representantes legítimos del pueblo voten en contra es importante. Solemos despreciar al Senado como esa Cámara Alta que no sirve para nada, pero el artículo 69.1 de la Constitución dice que es la cámara de representación territorial. No deja de ser paradójico que dicha cámara no considere que esto sea un pase favorable para resolver un problema territorial. Eso es raro.
- Cita usted la Constitución pero eso parece que ya vale poco ¿no?
- ¿Por qué ?
- Porque se va a votar una ley de amnistía que muchas voces autorizadas señalan como no constitucional.
- Se pueden aprobar leyes y que las leyes resulten ser inconstitucionales. Los juristas, cuando analizamos lo proyectos de ley muchas veces tenemos nuestra opinión sobre si aquello tiene visos de ser inconstitucional o no. En este caso tiene muchos visos de ser inconstitucional, es cierto. Es verdad que se ha producido una fisura en el consenso jurídico. Antes del 23 de julio de 2023, día de elecciones generales, el consenso jurídico era que la amnistía, o bien no es posible con nuestra Constitución del 78 o bien solo es posible bajo unas condiciones o requisitos que palmariamente no se cumplen. Y es verdad que después de las elecciones de julio han aparecido juristas que dicen que no lo ven tan claro y que tal vez es posible su encaje constitucional. Eso significa que la ley que vemos no es constitucional, mayoritariamente, y luego eso tendrá que decidirse en el Tribunal Constitucional, como es lógico.
- ¿Se puede hablar de golpe de estado?
- No, no se puede hablar de golpe de estado. Aprobar una ley que pueda no ser constitucional no es un golpe de estado. Eso son exageraciones verbales y no se deben utilizar. Sí podemos utilizar otros términos que son jurídicos y que son más feos, imagino, o que no quedan tan bien. Sí podemos decir que esto supone, y todos los juristas lo sabemos, someter a mucha tensión al estado de derecho. Que realmente aprobar una ley de amnistía, en el marco constitucional que tenemos nosotros, supone una presión muy fuerte, una cierta vulneración en el principio de igualdad, en la seguridad jurídica y, sobre todo, en la separación de poderes, que es el pilar del estado de derecho. Un régimen que se va convirtiendo en iliberal no es un régimen en el que se haya dado un golpe de estado. Ha ocurrido en otros países en los que ha cundido la idea de que una mayoría coyuntural en el Congreso para poder optar a todo tipo de decisiones sin hacer caso a las medidas contramayoritarias. Pero no hablamos de golpe de estado. Al contrario, los regímenes iliberales se caracterizan precisamente porque no hay un golpe de estado ya que se utilizan las vías democráticas para imponer ciertas ideas que sabemos que no encajan con lo que debe ser un estado de derecho.

Un régimen que se va convirtiendo en iliberal no es un régimen en el que se haya dado un golpe de estado

- ¿Qué es el lawfare, por qué se dice en inglés y por qué preocupa tanto a los juristas?
- Es divertido. Lo hemos estado hablando en el departamento y hay compañeros que no hablan inglés y que nos lo preguntan. La traducción que encontramos más ajustada sería ‘politización de la justicia’. La idea sería que los jueces, el aparato judicial, se utiliza con una intencionalidad política. Sería como lo inverso a la judicialización de la política, algo así. Se rechaza la judicialización de la política y se acusa a los jueces de estar politizados. Esto de la judicialización de la política, por cierto, es de las cosas que más nos intrigan a los juristas, porque se dice que está mal, cuando en realidad lo que enseñamos en todas las facultades de Derecho es que esto ha sido una de las grandes conquistas de la humanidad. Es decir, el control judicial del poder político, del poder público, nos ha costado siglos conseguirlo. Es maravilloso que se judicialice la política. Lo que se dice ahora es que los jueces han actuado por motivaciones políticas y eso es lo que ha hecho que los juristas, en general, hayamos salido escandalizados.
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- Les niegan el principio de independencia.
- Exacto, niegan la propia esencia. Lo que distingue al Poder Judicial de los otros poderes del Estado es la independencia. Eso es lo que le caracteriza. Y decir que hay lawfare es decir que el Poder Judicial no es independiente, o sea, que no es poder judicial.
- Si se aprueba la amnistía ¿ qué mecanismo de defensa constitucional ha fallado?
- Pues que el legislador se ha equivocado. No es la primera vez. Tenemos muchos legisladores que se han equivocado. Podemos debatir si el legislador sabe o no que se está equivocando. Seguramente a veces el legislador apura mucho el margen y en muchas ocasiones sabe que se ha pasado, pero eso también forma parte del juego democrático. Lo fundamental es que luego tenemos otros mecanismos que son capaces de rectificar esto. Hasta ahora ha funcionado así.

Decir que hay lawfare es decir que el Poder Judicial no es independiente, o sea, que no es poder judicial.

- Ha negado usted que esto sea un golpe de estado pero ¿en qué situación estamos?
- Como le decía antes, y es lo que realmente nos da miedo a los juristas, estamos acercándonos a este otro palabro que se ha puesto de moda y que es ‘iliberal’. Los regímenes iliberales son democracias formales, regímenes en los que la democracia pierde sus sistemas antimayoritarios. Con tener simplemente una mayoría coyuntural en el Congreso se pueden adoptar ciertas decisiones que tiene un calado muy profundo en la sociedad. El miedo es que vayamos en esa senda, en la de convertirnos en un régimen iliberal, como lo son algunos países en la Unión Europea y fuera de ella.
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- ¿En la Unión Europea?
- Sí, claro. Los ejemplos prototípicos que se suelen poner, y contra ellos ha actuado la UE, son sobre todo, Polonia y Hungría, pero no son los únicos. Quiero subrayarlos porque como Polonia y Hungría tienen gobiernos de derechas parece como si la UE tuviera una agenda para actuar solo contra gobiernos de derechas, y no es cierto. Hace cuatro años, en 2019, estuvo a punto de aprobarse una amnistía, parcialmente parecida a la nuestra, en Rumanía. En ese momento gobernaba un gobierno socialdemócrata, y la UE les dijo que eso no se podía hacer. No se pueden aprobar amnistías encaminadas a beneficiar al propio gobierno, porque eso significa hacer un uso espúreo de los poderes constitucionales y un problema en la separación de esos poderes.
- Hace unos días tuvieron un acto de protesta en la Facultad de Derecho de Córdoba. El sector jurídico está unido contra esto como nunca antes se había visto.
- Sí es cierto. Nunca hemos tenido antes una situación en la que un partido político con representación en el Parlamento, mayoritario y sistémico, como el PSOE, ponga por escrito y de manera un poco confusa que se aprobará una ley y que se controlará a los jueces que apliquen esa ley. Y que se le dirá a los jueces en el Parlamento, es decir, por parte del Poder Legislativo, cómo deben ejercer su trabajo. Eso no lo hemos tenido nunca. Nunca hemos tenido una amenaza de intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial como esta. Y esa es la base del estado de derecho. Para los ciudadanos, el poder más importante no es el legislativo ni el ejecutivo, sino el poder judicial. Frente a los poderosos, a los ciudadanos solo nos protege el Poder Judicial. Y los poderosos no son solo los privados, gente rica y malvada o el Club Bilderberg. Los poderosos son los poderes públicos, siempre ha sido así. Frente a ellos, aunque sean legítimamente elegidos, solo nos defienden los jueces. Tocar la independencia judicial, la separación de poderes, es inaceptable. Eso es perderlo todo, es dejar de ser un estado de derecho. Y eso es lo que ha generado la unanimidad en el mundo jurídico, esa amenaza absolutamente inédita.
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