Bellido admite que las parcelaciones inundables plantean «un dilema muy complicado»

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reconocido que la situación de las viviendas ilegales levantadas en zonas inundables supone «un dilema muy complicado», al confluir la imposibilidad legal de regularizarlas con la realidad social de quienes residen en ellas.

Actualmente permanecen afectadas por los recientes temporales unas 40 viviendas, repartidas en dos calles y media —Las Tórtolas, Perdiz y parte de Trigo—, donde el Ayuntamiento trabaja para permitir el regreso de los vecinos «lo antes posible», aunque el alcalde ha evitado fijar plazos. En el caso de Las Tórtolas, ha explicado, aún hay agua, mientras que en las otras vías será necesario retirar el lodo acumulado con maquinaria pesada antes de reabrir el acceso. «Hasta que no baje el agua es imposible», ha señalado.

Bomberos y la Delegación de Infraestructuras están ya coordinando el operativo para retirar ese barro, que en algunos puntos alcanza una altura considerable e impide incluso la entrada de vehículos sin riesgo de quedar atrapados.

Derribos en zona de riesgo extremo

El Ayuntamiento prevé ejecutar de inmediato el derribo de la primera de las seis viviendas ilegales que cuentan con autorización judicial, todas ellas ubicadas en un área «casi de dominio público hidráulico» del Guadalquivir. Bellido ha recordado que no es la primera vez que estas construcciones deben ser desalojadas por inundaciones en los últimos años.

La intervención se llevará a cabo en cuanto el terreno lo permita, mientras que las otras cinco continúan en distintas fases administrativas. «Lo iremos haciendo conforme vayan terminando los trámites», indicó.

Preguntado por si había moradores en la primera vivienda afectada, el regidor precisó que «en principio ahí no debería vivir nadie, lo cual no quiere decir que no viva nadie».

Legalidad urbanística frente a realidad social

Bellido ha insistido en que la normativa impide cualquier regularización en estas áreas. «Son zonas inundables, con lo cual ninguna ley urbanística permite la legalización, es imposible», afirmó, añadiendo que incluso resultaría difícil que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir autorizara medidas que alterasen el curso del río para proteger edificaciones que siempre han estado en terrenos de riesgo.

No obstante, el alcalde puso el foco en el impacto humano de estas decisiones: «Detrás hay una realidad social porque esas son las casas de muchos vecinos . Aunque sean derribos quirúrgicos se deja sin vivienda a muchas personas». A su juicio, Córdoba arrastra «una situación tremendamente compleja» desde hace demasiados años.

En este sentido, ha defendido continuar con intervenciones selectivas en las construcciones que presentan un peligro extremo, especialmente aquellas que se ven afectadas casi cada año por episodios de crecida, agravados —dijo— por «fenómenos meteorológicos cada vez más extremos».

Arroyos desbordados y obras pendientes

El alcalde también se ha referido a los desbordamientos registrados en zonas como Majaneque y Alcolea, aunque ha asegurado que el último episodio de lluvias ha provocado que «prácticamente todo» se saliera de su cauce debido a la saturación del terreno.

La solución pasa por el convenio previsto con la Confederación Hidrográfica, que asumiría el encauzamiento hasta el tramo urbano, mientras el Ayuntamiento financiaría la conexión final con la red de colectores. El proyecto, pendiente aún de aprobación definitiva y dotación económica por parte del organismo de cuenca, es —según Bellido— «lo único que se puede hacer» para reducir estos desbordamientos y canalizar el agua hacia infraestructuras preparadas para ello.