Un millón para profanaciones
«Estas labores nunca concluyen, y cuando parecen hacerlo surge una nueva oleada de supuestas investigaciones»
A mediados de la primera década de los dos mil, con la llegada de Rodríguez Zapatero, se producía en España una asunción acelerada de las políticas woke. La obsesión por el clima se impulsaba sobremanera. El feminismo se encauzó con las leyes de violencia de género, que subvertían las bases del derecho. El «matrimonio» homosexual servía como ariete para las políticas sexuales. Como elemento complementario se añadía la promoción de la discapacidad. Pero había un problema para adaptar y trasladar las políticas raciales anglosajonas. La población en España era entonces más o menos homogénea, los inmigrantes que había eran ya considerables, pero no tan abundantes como ahora, y además habían producido notables problemas. La población gitana, por su parte, era eminentemente conservadora. Y las políticas indigenistas que minaban a muchos países hispanoamericanos no tenían demasiada posibilidad de germinar aquí, por la distancia mental existente con respecto a los antiguos virreinatos y la carencia de nostalgia imperial. ¿Qué sucedió entonces? Las políticas raciales se adaptaron, dando lugar a un efectivo sucedáneo: el antifranquismo extemporáneo.
De esta forma, se adecuaba a la situación española una de las patas más fuertes del wokismo. Si establecemos un sencillo paralelismo entre las políticas raciales y el antifranquismo extemporáneo, vemos como son idénticos el maniqueísmo a ultranza, revisionismo histórico, uso del pasado para construir identidades morales, fomento de los conceptos agravio y reparación, apropiación del espacio público y mediático, elaboración de leyes exprofeso, y la impregnación de la burocracia institucional, incluido el ámbito educativo, como forma de extensión, mantenimiento y refuerzo. El lugar de blancos y negros, hay en España fascistas y antifranquistas extemporáneos.
Debido a la naturaleza de dicha adecuación, el antifranquismo extemporáneo cobraba en España un fuerte carácter anti-católico. En primer lugar por tratarse el franquismo de un régimen católico, cuya victoria militar salvó a la Iglesia. En segundo lugar por tratarse la democracia española de un régimen político impuesto desde fuera, gracias a la traición de los de dentro, con pilares igualmente anti-católicos desde la propia redacción de la constitución. Estos mimbres derivaron poco a poco hacia situaciones donde se producía una combinación del odio a la fe católica con la pérdida de cordura, algo habitual en las políticas woke, que niegan la realidad.
Y así, se reviven desde hace años situaciones que recuerdan a las vividas durante la república y la guerra civil, cuando hubo expolios, desenterramiento de cadáveres de religiosos, ejecuciones o incluso disparos a símbolos como el Sagrado Corazón de Jesús. Por una parte, y con las autoridades eclesiásticas mirando hacia otro lado, se decretaron profanaciones de cadáveres de personas ilustres, como los de Franco, Queipo de Llano o Francisco Bohórquez, el primero televisado como espectáculo sin la más mínima oposición o alzamiento de voz, salvo honradas excepciones, lo que ofrece una idea del estado espiritual del pueblo español. Por otra parte, se produce una constante profanación de los cementerios católicos con la prolongación de teóricos trabajos de exhumación de fosas comunes. Estas labores nunca concluyen, y cuando parecen hacerlo surge una nueva oleada de supuestas investigaciones. El proceso no tiene fin, pues su único objeto es el ultraje al lugar sagrado.
En esta tarea no hay distinciones. Izquierda y derecha liberal, funcionando ambas a modo de rizoma, siempre caras de la misma moneda, financian generosamente el sacrilegio, añadiendo a la impiedad una nueva parte de lucrativo negocio. Y así, el Consejo de Ministros, destina ahora más de un millón de euros para procesos de exhumación. Una buena parte de esta cantidad irá destinada a mantener la profanación constante del cementerio católico, sin más. Y tales cuestiones se acatan con absoluta mansedumbre.
Después de este millón vendrán más millones, tanto del Gobierno nacional como de los regionales de cualquier signo, ayuntamientos o diputaciones. Tras toda estructura política woke siempre hay un puñado sacando beneficio, en este caso los que podemos considerar funcionarios y empresarios de la profanación. Quizá habría que empezar a preguntarse: si Jesucristo echó a los mercaderes del templo, ¿qué haría con los «arqueólogos» e «historiadores» de las fosas de los cementerios?
