La rebeldía como norma

Le llaman manual de resistencia, pero en realidad la trayectoria política de Pedro Sánchez es la un rebelde sin principios, es decir la del desprecio a las normas de convivencia de la comunidad sociopolítica que nos hemos dado los españoles. Un rebelde que tiene por costumbre actuar según su particular criterio, al margen de normas y compromisos que a todos nos obligan como personas civilizadas. En el orden interno, partidario, trampeó para alcanzar el liderazgo de su partido a través de elecciones primarias, esas que hoy, una vez en el poder, sólo se celebrarán si lo piden más de 40.000 militantes, para hacer imposible que le muevan la silla.

En el orden institucional, por tercer año consecutivo se ha incumplido la obligación constitucional de presentar los presupuestos, después de incumplir también la de presentar el techo de gasto y la senda estabilidad a que obligan los compromisos europeos. Ello ya no sorprende porque el incumplimiento sanchista es tan constante que hemos normalizado su incomparecencia en el Senado desde hace año y medio, pese a que la ley impone que se someta al control de la cámara de las autonomías una vez al mes. Su rebeldía le lleva a comprometer la política de defensa y las relaciones internacionales sin dar cuenta al Congreso de Diputados ni consultar con la oposición ni a otros órganos de asesoramiento. Hacer de su capa un sayo es no atender a los enfermos de ELA porque no se dota de financiación a la ley aprobada en sede parlamentaria, pero si parece que hay 2.800.000 euros para un taller que enseñe a masturbarse a los mayores de 60 años.

Los rebeldes no violan el Estado de derecho de forma frontal, pero lo van debilitando con el cuestionamiento y la invasión de los órganos de control que garantizan la independencia de los tres poderes constitucionales. Sánchez no tuvo reparos en decir que gobernaría sin el control parlamentario, y lo está cumpliendo en un claro ejemplo de su rebeldía democrática. Gobierna sin presupuestos, pese a la advertencia de la Autoridad Fiscal Independiente y de todos los órganos democráticos de que ello implica que «nadie puede saber que es lo que pretende hacer el Gobierno con los impuestos que recauda». Por sí solo esto provocaría la caída de cualquier gobierno en un país democrático. Pero estamos donde estamos.

Estamos en un país donde, en vez de gobernar, se distrae al personal con cuestiones semánticas para armar ruido, que es lo único que interesa a los populistas de todos los colores. Con el tema de Gaza lo fundamental, como exigió el Rey en la ONU, es que «Israel detenga la masacre de civiles» porque asistimos a «actos aberrantes que repugnan la convivencia humana y avergüenzan a la comunidad internacional». Palabras que Sánchez dijo «suscribir al 100 %» pese a que no utilizó la palabra genocidio, utilizada por el sanchismo como arma arrojadiza, lo que da idea exacta del maniqueísmo oportunista y enfermizo con el que nuestro personaje embauca en el mercado de la estulticia. Aún no se le ha conocido, ni a él ni a su colección de serviles adoctrinados, condena alguna de las masacres de los cristianos en el África negra, quizá porque las creencias de algunos y su color de la piel no merecen la palabra genocidio.

Entre rebeldía y rebelión solo hay un escalón para que, de perturbar el orden constitucional, se pase a violentarlo abiertamente. Nuestro rebelde no acepta que las instituciones cumplan su cometido, sobre todo si le afectan a él o a los suyos. Ello explica la infame y vergonzosa acometida de todo el orfeón papagayo de estómagos agradecidos para cuestionar actuaciones judiciales que siempre tienen garantías de imparcialidad, algo muy consistente en España. Hoy resulta patente la intencionalidad manipuladora con la que se ocupó RTVE en una sesión parlamentaria anulada, salvo para colocar a su colección de acólitos, mientras la dana valenciana se cobraba víctimas humanas. Cualquiera que se siente un día a visionar la parrilla del ente público observará con qué eficacia orquestan las consignas sanchistas su legión de cotorras amaestradas.

En los casi cincuenta años de democracia española los tribunales han juzgado actuaciones más o menos irregulares de políticos de todos los colores, de derechas y de izquierdas, en el poder o en la oposición. Nunca había sufrido el poder judicial un cerco y una descalificación tan lamentable y vergonzosa como la que estamos viviendo. Al margen de lo que los tribunales competentes determinen, no cabe duda de que la conducta consistente en que familiares del presidente accedan irregularmente a la Diputación de Badajoz o hagan negocios privados utilizando personal e infraestructuras del palacio de La Moncloa es, como mínimo, una inmoralidad que merece la repulsa ciudadana. Si esa conducta es delictiva compete a los jueces determinarlo. Pero seguro que al común de ciudadanos no le están permitidas tales ventajas y repudia tamaña inmoralidad.

Todos los días conocemos situaciones similares, pero de menor entidad, en nuestro entorno donde, en Portugal, en Reino Unido, en Alemania y en tantos otros países basta el cuestionamiento de cualquier colaborador para provocar la caída de su jefe. En España, por desgracia, la degradación democrática de quien no solo incumple obligaciones legales sino que se pavonea de ello («gobernaré con o sin Parlamento, con o sin presupuestos»), estamos a un paso de que el autócrata pretenda eternizarse en el poder, pretextando que debe limpiar su honor y el de los suyos. Es decir, no aceptando más criterio que el de su imparable voluntad rebelde. Así empezaron todos los dictadores… pero este fracasará en su empeño de imponer su soberana voluntad.