Mientras Europa, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía impulsan el biogás y el biometano como una herramienta para transformar residuos en energía renovable, atraer inversión y reducir la dependencia exterior, en Córdoba asistimos a un fenómeno cada vez más frecuente: proyectos empresariales que cumplen los trámites legales y ambientales terminan encontrando su principal obstáculo en la propia política local.
Conviene recordar de qué estamos hablando. El olivar andaluz genera cada año millones de toneladas de residuos cuya gestión constituye uno de los grandes desafíos económicos y ambientales del sector. Solo el alperujo, principal subproducto de la elaboración del aceite, alcanza volúmenes que el sistema tradicional tiene cada vez más dificultades para absorber. Las plantas de biogás se presentan precisamente como una de las soluciones posibles, al convertir esos residuos agrícolas, ganaderos y agroindustriales en energía y nuevos recursos aprovechables dentro de la economía circular.
Particularmente significativo es el caso de Baena, porque da una importante medida de cómo la clase política puede acabar convirtiéndose en una verdadera barrera para la economía y la inversión. Esta semana la alcaldesa de la localidad anunciaba la presentación de alegaciones contra la planta que diversos promotores pretenden instalar en el municipio. Son empresarios que en todo momento han defendido la transparencia del proyecto y, lo más importante, la calidad del mismo frente a algunos de los problemas que otras instalaciones similares pueden generar, como los malos olores.
Además de una importante empresa oleícola, en el proyecto participan grupos de emprendedores jóvenes, gente seria que arriesga capital propio, busca financiación y apuesta por una iniciativa en la que cree firmemente. Lo más sorprendente de la respuesta política contra esta planta es que ha logrado unir a izquierda y derecha bajo propuestas que parecen tener más de populismo y demagogia que de análisis riguroso del proyecto. Cuesta creer que muchos de quienes hoy se oponen se hayan interesado realmente por conocerlo de primera mano.
Resulta especialmente llamativo ver cómo algunos representantes de la llamada nueva política se suman sonrientes al carro de la oposición, buscando aparentemente más el rédito electoral que la fidelidad a unos supuestos principios de defensa de la iniciativa privada, la economía nacional o la creación de empleo. Todos aparecen en una misma fotografía que retrata uno de los grandes males de la política profesional española: nunca se juegan sus cuartos, reparten recursos ajenos, se erigen en jueces de la inversión privada y después tienen la desfachatez de organizar jornadas sobre emprendimiento.
Ellos, precisamente ellos, que no conocen las noches de insomnio de quien tiene que afrontar el pago de las nóminas, los seguros sociales, los préstamos bancarios o la incertidumbre de recuperar algún día el dinero invertido en una empresa atrapada entre la burocracia, la lentitud administrativa y los vaivenes políticos.
Y después llegarán las jornadas sobre fuga de talento. Se convocarán expertos, se redactarán informes y se organizarán mesas redondas para intentar comprender por qué tantos jóvenes buscan oportunidades lejos de aquí. Se analizarán causas complejas y se elaborarán diagnósticos sofisticados. Sin embargo, tal vez la explicación sea bastante más sencilla.
Porque mientras seguimos transmitiendo a quienes quieren invertir, arriesgar y crear empleo que cualquier proyecto puede convertirse en una carrera de obstáculos políticos, el mensaje que termina recibiéndose es inequívoco: que emprendan otros.
Y muchos, sencillamente, ya lo están haciendo. En otros países, por supuesto.
