¿Quién nos protege del Estado que debería protegernos?

Cuanto más planifica el Estado, más difícil se le vuelve la planificación al individuo
Friedrich Hayek

Recaudación récord, servicios públicos deficientes y ciudadanos desamparados. ¿En qué momento el Estado del bienestar se convirtió en el bienestar del Estado? La tragedia ferroviaria de esta semana vuelve a teñir de luto a España. Familias destrozadas, vidas truncadas y una sociedad conmocionada. Habrá que esclarecer las causas y exigir las responsabilidades que correspondan. Pero, más allá del accidente, conviene plantear una pregunta incómoda: ¿Qué está pasando con nuestro país?

Pagamos impuestos como nunca, el Estado recauda cifras históricas y, sin embargo, los problemas estructurales siguen ahí. Listas de espera sanitarias interminables, resultados educativos preocupantes, salarios insuficientes, empleo precario, dificultades para acceder a una vivienda e infraestructuras que necesitan inversiones y mantenimiento. ¿Dónde está el retorno de todo ese esfuerzo fiscal?

Durante décadas nos han hablado del llamado «Estado de bienestar». Un modelo que, supuestamente, garantiza seguridad, servicios públicos de calidad y protección cuando llegan las dificultades. Pero observando la distancia entre los recursos disponibles y los resultados obtenidos, cabe preguntarse si no estaremos construyendo, en demasiadas ocasiones, un auténtico «bienestar del Estado».

Porque mientras el ciudadano hace cuentas para llegar a fin de mes, la maquinaria administrativa sigue creciendo. Mientras familias y empresas soportan importantes cargas fiscales, seguimos discutiendo cómo reducir las listas de espera, mejorar la educación o agilizar las ayudas. Y cuando llega una catástrofe, las contradicciones se vuelven especialmente dolorosas.

Lo vimos con la DANA de Valencia. Miles de ciudadanos, autónomos, agricultores, asociaciones y empresas se movilizaron inmediatamente para ayudar. La solidaridad privada demostró una capacidad extraordinaria de reacción. En numerosos casos, la ayuda llegó antes que las soluciones administrativas. Por supuesto, también hubo servidores públicos ejemplares, profesionales de emergencias que arriesgaron sus vidas y administraciones que movilizaron recursos. Pero reconocer su trabajo no impide cuestionar los retrasos, la burocracia y los fallos de coordinación.

¿Cómo puede una sociedad movilizarse con tanta rapidez mientras sus instituciones encuentran tantas dificultades para responder? Y, sobre todo, ¿por qué ante cada problema se nos presenta casi siempre la misma receta? Más presupuesto, más regulación, más organismos, más intervención, más Estado. ¿De verdad necesitamos más estructuras o necesitamos que funcionen las que ya tenemos? Desde una perspectiva económica, lo importante no es cuánto se gasta, sino qué resultados produce ese gasto. Cada euro desperdiciado es un euro que no llega a un hospital, a un colegio, al mantenimiento ferroviario o al bolsillo de una familia.

No se trata de cuestionar la necesidad de servicios públicos ni de abandonar a quienes necesitan protección. Se trata precisamente de exigir que esa protección sea real, eficiente y medible. Un Estado no debería presumir de cuánto recauda, sino de cuánto bienestar devuelve a quienes lo financian. Porque los ciudadanos no trabajan para sostener indefinidamente una estructura administrativa. Es la Administración la que debería trabajar para ellos. Quizá haya llegado el momento de invertir la pregunta. En lugar de preguntarnos cuánto más necesita recaudar el Estado, preguntémonos cuánto mejor podría gestionar lo que ya tiene.

Y, ante quienes insisten en que la solución siempre consiste en darle más recursos, competencias y poder, queda una última cuestión: ¿Y si buena parte del problema estuviera precisamente en el funcionamiento de ese Estado al que seguimos pidiendo que lo solucione todo? Porque el verdadero bienestar no debería ser el del Estado. Debería ser el de los ciudadanos.