El fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz
Abogados acusan al Fiscal General del Estado de ordenar publicar las conversaciones entre el letrado de la pareja de Ayuso y la Fiscalía
Califican la actuación de «extremo grave» por desvelar información confidencial, afectando al derecho a la defensa de un ciudadano
La pareja de Ayuso se querellará contra María Jesús Montero por revelación de secretos
Alberto González , pareja de Isabel Díaz Ayuso, se querellará contra la la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la Fiscalía y la Agencia Tributaria por revelación de secretos. Esta denuncia se enmarca en una serie de actuaciones de acoso y derribo a la presidenta de la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno. Este jueves el Ministerio Público emitía un relato cronológico de los hechos relativos a la investigación debido a las informaciones que habían salido al respecto. La Fundación Foro Libertad y Alternativa ha indicado que la orden de publicar esta nota fue del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
«La actuación de la Fiscalía de Madrid y del Fiscal General es en extremo grave: han desvelado información confidencial, afectando al derecho a la defensa de un ciudadano y generando una insólita situación de pérdida de neutralidad del Ministerio Público», señala la entidad.
En esta línea, explican que «esta actuación entendemos que, presuntamente, constituye un delito de violación de secreto, tipificado en el art. 417 del Código Penal que dice: 'La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».
Asimismo, la ley remarca en su punto segundo que «si se tratara de secretos de un particular, las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».
El pasado miércoles la entidad interpuso una querella contra la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, si no daba una explicación coherente sobre el origen de la información que filtró a la prensa relativa a supuestas comisiones de la pareja de Ayuso.
La Fundación Foro Libertad y Alternativa «va a proceder a interponer querella criminal contra los responsables de la difusión de información relativa a las comunicaciones con el letrado del referido Sr. González Amador», concluye el comunicado.
El Colegio de Abogados se pronuncia
De la misma manera se ha pronunciado el Colegio de Abogados de Madrid que ha considerado de «extrema gravedad la revelación de datos de conversaciones de un abogado con la Fiscalía». En este sentido, añaden que «tomará las medidas pertinentes en la Junta de Gobierno del próximo lunes».
Comunicado
El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid considera de extrema gravedad la revelación, por parte de la Fiscalía Provincial de Madrid a través de un comunicado oficial, de datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados.
El Estatuto de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 135/2021, en su artículo 22, establece sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendido.
Además, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 4,5, destaca el limite de la obligación de informar por parte del Ministerio Público, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados. Este marco legal subraya la importancia del secreto profesional, especialmente en las interacciones entre fiscales y abogados, ya sea durante las diligencias de investigación o en el transcurso de los procedimientos judiciales.
A juicio del ICAM, la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal.
Como garante del derecho de defensa y de todos sus colegiados/as, el ICAM defenderá a ultranza estos principios y someterá a consideración de la próxima Junta de Gobierno de este lunes, como punto extraordinario, cuantas medidas sean necesarias para garantizar que se respeten en todos los ámbitos de la práctica profesional.
Por ello, a instancias de la Comisión Ejecutiva, la Junta de Gobierno del ICAM se reunirá el próximo lunes para examinar con todo detalle estos hechos con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, como pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva piedra angular de nuestro Estado de Derecho-llegando hasta las últimas consecuencias.
El Estatuto de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 135/2021, en su artículo 22, establece sin paliativos el deber y el derecho de los abogados a mantener en secreto todas las comunicaciones y propuestas relacionadas con el ejercicio de su profesión, garantizando así la confianza y la protección de los derechos de sus defendido.
Además, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 4,5, destaca el limite de la obligación de informar por parte del Ministerio Público, haciendo hincapié en el respeto al secreto del sumario y a los deberes de reserva y discreción inherentes al cargo, así como a los derechos de los implicados. Este marco legal subraya la importancia del secreto profesional, especialmente en las interacciones entre fiscales y abogados, ya sea durante las diligencias de investigación o en el transcurso de los procedimientos judiciales.
A juicio del ICAM, la divulgación de cualquier información relacionada con las posiciones o estrategias legales de las partes, sin un acuerdo de conformidad formalizado, constituye una vulneración de estos principios básicos de sigilo, confianza y buena fe, y pone en riesgo la neutralidad que debe caracterizar la actuación del Ministerio Fiscal.
Como garante del derecho de defensa y de todos sus colegiados/as, el ICAM defenderá a ultranza estos principios y someterá a consideración de la próxima Junta de Gobierno de este lunes, como punto extraordinario, cuantas medidas sean necesarias para garantizar que se respeten en todos los ámbitos de la práctica profesional.
Por ello, a instancias de la Comisión Ejecutiva, la Junta de Gobierno del ICAM se reunirá el próximo lunes para examinar con todo detalle estos hechos con el compromiso de velar por el ejercicio del derecho de defensa y el secreto profesional, como pilares básicos del derecho a la tutela judicial efectiva piedra angular de nuestro Estado de Derecho-llegando hasta las últimas consecuencias.
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