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Ayuso agotará todas las vías para evitar que Sánchez vincule la sede de su Gobierno con el franquismo

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene clara su intención de convertir el 2025 en el «Francaño», tal y como lo denominó irónicamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, esta va a tratar de evitarlo, en la medida de sus posibilidades. Así, además de no participar en ninguno de los más de cien actos que el Ejecutivo central va a preparar para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco, Díaz Ayuso también va a agotar todas las vías posibles para evitar que la sede de su Gobierno, ubicada en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, sea vinculada con el franquismo.

Y es que el Gobierno de Sánchez quiere declarar el edificio Lugar de Memoria Democrática porque fue la antigua sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) entre 1912 y 1979. Algo a lo que se niegan en rotundo desde la Puerta del Sol y ya han comenzado a moverse para impedirlo, con la vista puesta en llegar hasta el Tribunal Constitucional si hiciera falta.

Fachada de la Real Casa de Correos

Fachada de la Real Casa de CorreosEuropa Press

Así, este viernes, la Asamblea de Madrid va a aprobar, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, la Ley de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid, que incluye una enmienda que establece que «los poderes públicos de la región tienen la obligación de proteger y preservar la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional, el significado y el uso actual de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid».

La enmienda incluida en la ley fija que en el caso de que se promuevan o realicen actuaciones que directa o indirectamente, perjudiquen o resulten incompatibles con esa neutralidad, los poderes públicos madrileños ordenarán «el cese inmediato de aquellas y adoptarán las medidas oportunas para reparar el daño que se haya podido producir».

En cuanto a la instalación de placas, uno de los objetivos del Gobierno de Sánchez a la hora de declarar la Real Casa de Correos Lugar de Memoria Democrática, la ley señala que será necesario solicitar autorización previa del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. De esta forma, el Ejecutivo central no podría instalar una placa en el lugar para asociarlo al franquismo sin que antes Ayuso diera su visto bueno, cosa que no pretende hacer en ningún caso.

Real Casa de Correos

Real Casa de CorreosEuropa Press

A más a más, esta legislación no permite que se instale ninguna placa que «pueda perjudicar o resultar incompatible con la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, su significado actual, o que pueda generar confusión sobre la Real Casa de Correos como Sede de la Presidencia». Lo mismo ocurrirá con eventos y actuaciones que puedan perjudicar esos mismos extremos que, en todo caso, deberán contar con la conformidad previa de la consejería de Presidencia.

A pesar de que esta ley quedará aprobada este viernes en el Parlamento autonómico, desde el Partido Socialista recuerdan que las leyes estatales están por encima de las autonómicas y, por lo tanto, el Gobierno de Ayuso estarían incurriendo en «insumisión» si no aplica la Ley de Memoria Democrática.

Por otra parte, una letrada de la Asamblea de Madrid ha planteado en un informe no vinculante la necesidad de suspender esta enmienda del PP porque, a su juicio, «no guarda conexión material con la proposición de ley». Sin embargo, el portavoz del PP en la Cámara de Vallecas, Carlos Díaz-Pache, avanzó este jueves que los populares sí consideran que hay una «conexión material» y, por tanto, sentenció que «la ley no tiene ningún problema».

Tribunal Constitucional

Pero, además de esta ley, el Gobierno regional también ha aprobado un acuerdo para dejar sin efecto el procedimiento comenzado desde la Administración del Estado este pasado octubre para declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática.

El Ejecutivo regional argumenta que esta decisión implica la invasión de competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid. En concreto, en materias de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno; patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y científico de interés; vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones; desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución de bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad de Madrid; y sus facultades como poder público en defensa de la libertad, justicia y la igualdad de los ciudadanos.

Este requerimiento es el paso necesario y previo al envío de este asunto al Tribunal Constitucional al amparo de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, de dicho órgano jurisdiccional.

Asimismo, la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local presentó el mes pasado un escrito de alegaciones contra esta decisión «unilateral». En él también denuncia que el Estado ha actuado con «total falta de lealtad institucional».

Historia de la Real Casa de Correos

Tal y como ha recordado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en diversas ocasiones, la Real Casa de Correos, que es Bien de Interés Cultural (BIC) de Madrid, es un lugar con «250 años de historia» y «no tiene sentido vincularla solo a una pequeña parte de ella» como es la que tiene que ver con el franquismo.

«Es un edificio que fue testigo de los levantamientos del 2 de mayo de 1808, que fue casa de correos, que albergó la Capitanía General, el Gobierno Militar y la sede del Ministerio de Gobernación, incluso bajo el Gobierno del Frente Popular y que, desde 1985, bajo el Gobierno de Joaquín Leguina, es sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid», recordó García Martín en el Pleno de la semana pasada.

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