La vicealcaldesa de Madrid y alcaldesa en funciones, Inma Sanz (c)
Madrid reprocha al Gobierno su política migratoria «fallida»: «Permite que las fronteras sean un coladero»
«No vamos a admitir un solo insulto, una sola descalificación ante un Gobierno que está tratando a esas personas como no deben ser tratadas», asegura la alcaldesa en funciones, Inma Sanz
El Ayuntamiento de Madrid ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez su política migratoria «fallida y errática» y las acusaciones al PP tras el cierre del centro de acogida en Pozuelo de Alarcón.
Lo ha hecho la vicealcaldesa y alcaldesa en funciones, Inma Sanz, tras la presentación del dispositivo de seguridad de las fiestas de Centro, que arrancan el martes. Allí ha tildado de «intolerable e inasumible» que se haya deslizado que los populares tendrían «problemas con los menores de raza negra».
Ha respondido así al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, quien afirmó este jueves que el centro de acogida de Pozuelo «lleva abierto desde 2022 y ha acogido a niños y madres que han huido de la guerra de Ucrania, pero que ahora ponen dificultades para que se acojan a menores de raza negra». «Esos menores tienen la misma edad, solo se les diferencia que el color de la piel es distinta», recalcaba.
Entiende Sanz que el Ejecutivo central está «está en una defensa de algo que están haciendo muy mal» y ha afirmado que se está «permitiendo que las fronteras sean un absoluto coladero». «Una vez están en el territorio nacional las tratan como fardos y mercancía, y las trasladan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que se ocupen de ellas», ha lanzado.
«No vamos a admitir un solo insulto, una sola descalificación ante un Gobierno que está tratando a esas personas como no deben ser tratadas», ha subrayado la vicealcaldesa, quien entiende que el Ejecutivo aborda esta situación de una forma «errática y fallida».
Cierre del centro de Pozuelo
El Ayuntamiento popular de Pozuelo de Alarcón pidió este jueves el cierre del centro de inmigrantes donde se preveía el traslado de 400 menores no acompañados. Tras una inspección, el Consistorio concluyó que ese centro de recepción y atención (CREADE) que abrió sus puertas en 2022 para la acogida de refugiados ucranianos, no dispone de la licencia necesaria para ese uso.
La alcaldesa del municipio, Paloma Tejero, señaló en reiteradas ocasiones su negativa a este traslado al no estar el espacio preparado para este servicio, pero dieron un paso más.
El centro tiene una licencia de 2013 que no permite el uso residencial, un permiso que se hace imprescindible para desempeñar la función como centro de inmigrantes. Además, las normas urbanísticas señalan su uso como terciario comercial.
