Un repartidor en bicicleta por una calle de Madrid
Madrid estudiará posibles «medidas» contra los 'riders' por emplear Bicimad para fines comerciales
Se considera un incumplimiento muy grave de los términos y condiciones, que prohíben «transportar mercancías»
El Ayuntamiento de Madrid estudiará el uso del sistema de alquiler municipal de bicicletas, Bicimad, por los repartidores de empresas —'riders'— para comprobar si debe tomar «alguna medida» debido al uso para fines comerciales.
La EMT, al cargo del servicio Bicimad, afirma que ha comprobado «en calle» algunos casos, aunque no se conoce un «uso masivo» de los ‘riders’. Asimismo, Urbanismo ha identificado un aumento progresivo de esta demanda, que repercute en la disponibilidad para el resto de vecinos de Madrid. Por ello, se recuerda que «en ningún caso ha de servir para favorecer actividades comerciales ni negocios privados».
De hecho, en los mismos términos y condiciones del servicio se advierte que su utilización será exclusivamente para «transporte del usuario, no pudiendo transportar a otras personas, animales o mercancías», apostillando que no se utilizará para fines comerciales. Este supuesto está reflejado como un incumplimiento «muy grave», lo que podría acarrear una suspensión de la suscripción a Bicimad durante un año o la baja del sistema. Igualmente, el gestor tiene el derecho a tomar «las medidas de resarcimiento oportunas» por saltarse estos puntos.
Demostrarlo es complejo
El delegado del área, Borja Carabante, reiteraba que el servicio está pensado como «modo de transporte para las personas de manera individual». Sin embargo, las bajas tarifas de Bicimad lo hacen más atractivo para los repartidores que una bicicleta de su propiedad.
Desde la Universidad Complutense de Madrid, reconocía que no se está sancionando por este empleo debido a las dificultades de comprobar la verdadera motivación de este. Igualmente, aludía a que debería ser la propia Policía Municipal quien determinase si se está llevando a cabo una actividad económica parando a los ‘riders’.
Así, desde la empresa pública municipal se llevará a cabo una vigilancia para el seguimiento de estas actividades «para poder valorar si hay que tomar alguna medida para evitar este tipo de usos» y, «de acuerdo a esos resultados, se aplicarán actuaciones para desincentivar el uso para actividades comerciales».
