El elenco de Argentina, 1985
Qué fue el Juicio a las Juntas Militares de Argentina que la nueva película de Ricardo Darín lleva al cine
Argentina, 1985 narra la estrategia de dos fiscales para llevar adelante el juicio que sentó en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad a los comandantes de la última dictadura militar
Todas las salas de cine de España estrenarán este 29 de septiembre la película dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani titulada Argentina, 1985. Una película que relata un acontecimiento histórico que marcó un punto de inflexión en el país: un juicio que llevó a los principales responsables de la dictadura militar, como Jorge Rafael Videla o Eduardo Massera, que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983, al banquillo de los acusados.
Darín dará vida al fiscal Strassera y le acompañará Lanzani como Luis Moreno Ocampo: ambos llevaron ante la Justicia a los responsables de miles de desaparecidos, apropiaciones de menores y graves y masivas violaciones de derechos humanos.
Ricardo Darín y Peter Lanzani en Argentina,1985
La película muestra la fragilidad de la democracia en aquella época de transición y la fuerte influencia que seguían teniendo los militares en el poder incluso dos años después de que Raúl Alfonsín asumiese la presidencia de la nación.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
En diciembre de 1983, el nuevo presidente firmaba los decretos 157 y 158; el primero ordenaba enjuiciar a los jefes de las organizaciones guerrilleras, mientras que, por el segundo, mandaba al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas procesar a las tres juntas militares.
Sin embargo, esta se negó a investigar, juzgar y castigar aunque fuese solo a un puñado de sus miembros. Por ello, la Cámara Federal fue quien se hizo cargo del Juicio a las Juntas en octubre de 1984, momento en el que entraron en escena los fiscales Strassera y Moreno Ocampo. Dos días más tarde se instituía la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), un órgano descentralizado que tenía por objetivo investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura y que desempeñaría un papel fundamental en el juicio.
En septiembre de 1984 presentó su informe titulado Nunca Más, sacando a la luz miles de desapariciones y violaciones de los derechos humanos. CONADEP recogió en nueve meses los testimonios de familiares de desaparecidos, supervivientes, otros testigos y, también, documentos escritos, que permitieron confirmar 8.961 desapariciones como cifra preliminar, e identificó cerca de 1.500 sospechosos de haber participado en las acciones criminales, 380 centros clandestinos de detención y los nombres de víctimas y perpetradores.
Los fiscales Luis Moreno Ocampo y Julio César Strassera enfrentan a los acusados durante el juicio de 1985
Su intervención en el juicio no solo fue decisiva para la sentencia, sino que estableció términos como «comisión de la verdad», «crímenes de lesa humanidad» y «justicia retroactiva» que hasta el momento no formaban parte del léxico aplicado al tratamiento de sentencias de tal calibre.
Fue la primera comisión exitosa a escala internacional en investigar y esclarecer las violaciones de los derechos humanos bajo dictaduras, guerras civiles y regímenes represivos. Gracias a los testimonios se pudo establecer una prueba pública difícil de rebatir y, a partir de esta, cumplidos los trámites procesales, la Cámara Federal pudo continuar el juicio civil que culminó con la condena de los excomandantes.
1985, el año del juicio
El juicio se inició el 22 de abril de 1985 y las audiencias se prolongaron hasta agosto de ese mismo año con centenares de testimonios de supervivientes y sus familiares, así como de los seres queridos de aquellos que habían desaparecido. Fueron juzgados por la justicia civil nueve integrantes de las tres primeras juntas militares por la comisión de los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio, privación ilegítima de la libertad simple, torturas, violaciones y robos. En el banquillo se encontraban Jorge Rafael Videla, Eduardo Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.
El proceso lo llevaba adelante un tribunal ordinario, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, integrada por los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D'Alessio, que rotaban semana a semana en la presidencia del tribunal.
Los integrantes de la Junta Militar ingresan a la sala de audiencias
En el desarrollo de la parte testimonial se escuchó a 833 testigos: 546 hombre y 287 mujeres, de los cuales 64 habían sido o eran militares, 15 periodistas, 13 sacerdotes y 12 extranjeros. Durante esos días, los testimonios de los supervivientes de la represión ilegal hicieron conocer por primera vez no solo a muchos argentinos, sino también al mundo entero la magnitud del infierno montado por la dictadura con sus centros clandestinos distribuidos por todo el país.
Strassera intentó adjudicar el nivel de responsabilidad a cada acusado y conseguir así un juicio justo. Por esta razón se intentó establecer que quienes no ensuciaron sus manos, pero dieron las órdenes, tienen la misma responsabilidad que quienes cometieron los delitos.
«Este proceso (la dictadura) ha significado para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después», definía el fiscal Strassera al iniciar su alegato final. «Señores jueces, nunca más», sentenció al terminar su exposición.
La sentencia se leyó el 9 de diciembre de 1985 y la Justicia logró condenar así al terrorismo de Estado. De los nueve condenados Jorge Rafael Videla y Emilio Massera fueron sentenciados a prisión perpetua, Roberto Eduardo Viola recibió 17 años de prisión, Armando Lambuschini fue condenado a una pena de ocho años y Orlando Ramón Agosti a cuatro años y seis meses. Mientras tanto, resultaron absueltos Omar Rubens Gaggifna, Arturo LamiDozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya.
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