Tedeschini y el Grupo de la Democracia Cristiana
Tedeschini, el representante del Papa que se enfrentó a la persecución religiosa en la guerra civil española
Tras las elecciones de febrero de 1936, el nuncio en España, monseñor Federico Tedeschini, envió al cardenal Pacelli, secretario de Estado de Pío XI, una serie de despachos que manifestaron su preocupación por la evolución de la política española. Semana tras semana, se sucedían las manifestaciones anticlericales y las expulsiones de sacerdotes de sus parroquias, sin que el Gobierno fuera capaz de impedir esa violencia callejera, dirigida por extremistas, o no quisiera hacerlo para evitar una ruptura del Frente Popular.
No debe olvidarse que el anticlericalismo se había ido convirtiendo –desde el siglo XIX– en la identidad y cultura política más extendida entre las izquierdas burguesa y obrera españolas. Por ello, a partir de 1931, se convirtió en uno de los pegamentos de la coalición republicana-izquierdista la cual contenía, sin embargo, elementos que amenazaban con su disolución.
Por otra parte, para numerosos políticos de la izquierda, el clero y los católicos estaban pagando, de esa manera, su apoyo a la represión por la revolución de Asturias de 1934. La nunciatura recibió diariamente noticias y hojas impresas que protestaban sobre el deterioro del orden público y social. Por todo ello, según Tedeschini, los españoles estaban entrando en un periodo de verdadera subversión e inestabilidad .
El 14 de marzo, el nuncio dirigió al presidente Manuel Azaña un detallado escrito protestando por los incendios y saqueos producidos en varios puntos de España –Alicante, Cádiz, Madrid entre ellos–, los cuales, lejos de finalizar, tal y como habían prometido las autoridades continuaron su desarrollo varias semanas, solicitando la adopción de medidas gubernamentales para evitar semejantes hechos.
La primavera trágica de 1936
No debe olvidarse que, si bien ningún sacerdote fue asesinado, entre febrero y julio aumentó el clima anticlerical y sufrieron daños físicos 153 iglesias, de las que 35 fueron incendiadas totalmente y 85 fueron deterioradas por el fuego. También, previa consulta con el secretario de Estado vaticano, Tedeschini se quejó al Gobierno de una campaña en la prensa de izquierdas que tildaba como fascista a todo católico, lo cual, en aquellos meses de alta tensión política, resultaba necesario controlar y evitar.
Tedeschini se quejó al Gobierno de una campaña en la prensa de izquierdas que tildaba como fascista a todo católico
El ministro de Instrucción Pública ordenó el 20 de mayo el cierre de las escuelas católicas, demostrando, una vez más, que el remedio adoptado los partidos burgueses del Frente Popular para evitar problemas consistía en proporcionar respaldo jurídico a los excesos solicitados por la izquierda revolucionaria. El Gobierno no aprobó ningún crédito extraordinario para suplir las carencias educativas hasta finales de junio, días después de que se viviera el debate sobre la marcha de la sustitución de la enseñanza religiosa prevista en la ley de Confesiones.
Los partidos de derechas denunciaron que el programa de sustitución del Ministerio estaba sirviendo de excusa para cerrar cualquier centro o asociación católica. El ministro de Instrucción Pública acusó a las órdenes religiosas «de prostituir al niño» con sus planteamientos educativos y pedagógicos.
El 27 de mayo, el nuncio remitió al cardenal Pacelli copia del escrito entregado al ministro de Gobernación protestando por el cierre de centros de Acción Católica de la provincia de Santander, ya que el gobierno civil había clausurado un centro de la juventud católica y amenazado con atrancar todos los de la provincia, bajo el pretexto de que en ellos se desarrollaban actividades políticas.
En Madrid, donde la situación era extremadamente delicada, dos de las numerosas muertes de militantes de las milicias juveniles de la izquierda sirvieron como pretexto para un triste drama anticlerical: se acusó a los frailes y monjas de envenenamiento a los hijos de los obreros.
Semanas más tarde, el dirigente comunista José Díaz propuso que el Estado se apoderase de todos los bienes de la Iglesia, «porque ésta debía ser pobre». Ante la gravedad de las noticias enviadas por la nunciatura sobre la situación española, el Papa Pío XI ordenó a la misma que insistiera en sus protestas, las cuales no serían nunca suficientes ante los cientos de templos totalmente destruidos y edificios religiosos destrozados o asaltados.
El clero constituyó la mitad de las víctimas de la violencia revolucionaria
Tedeschini fue llamado a Roma, por lo que se solicitó el plácet del Consejo de Ministros para monseñor Filippo Cortesi, nuncio en Argentina, que debía asumir el mismo cargo en España. Después de quince años, el viejo nuncio abandonó España con un amargo sabor de boca: la mayoría de ministros de Estado republicanos le habían agradecido sus gestos y esfuerzos por mantener una cooperación entre el régimen y la Santa Sede pero el nuevo ministro, el masón Augusto Barcia, y su subsecretario Ureña mantuvieron una relación fría hasta el final, sin apenas hacer nada para solucionar sus quejas sobre la situación de la Iglesia en los últimos meses.
El diplomático vaticano abandonó Madrid el 11 de junio, permaneciendo Silvio Sericano, auditor de la nunciatura, como encargado de negocios interino. El cardenal Pacelli recibió sus informes, describiendo los tensos debates en las Cortes entre las diferentes fuerzas políticas, así como las denuncias de Gil Robles sobre el deterioro del orden público.
Sericano informó igualmente sobre la supresión del culto en los hospitales públicos, regentados por el Estado, y sobre el asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo el 14 de julio. Siguiendo con sus instrucciones, continuó protestando intensamente contra la violencia antirreligiosa, ante la inexistencia de una sanción gubernamental a los autores.
Habían sido atacadas e incendiadas otros 34 templos y se empezó con el asesinato del clero y de católicos
El 19 de julio, Sericano comunicaba por la mañana la formación del nuevo gabinete de Martínez Barrio y por la tarde, en un telegrama cifrado, la noticia de un hecho con graves consecuencias: la entrega de armas por parte del Gobierno a los sindicatos, milicias y partidos obreros ante la sublevación del Ejército de África.
Los grupos armados aprovecharon para hacer también su ansiada revolución, convirtiéndose en los dueños de las calles madrileñas, comenzando la quema de iglesias el 18 de julio, por la tarde, con la de San Andrés, la cual estuvo ardiendo durante ocho días. Dos días más tarde, ya habían sido atacadas e incendiadas otros 34 templos, empezando el asesinato del clero y de católicos.
Si el primer tipo de violencia respondía al esquema clásico del incendiarismo antieclesiástico, la segunda forma que adoptó la violencia anticlerical fue la más brutal. Si la primera tenía como precedente la Semana Trágica de Barcelona de 1909, la segunda se alimentó de la Revolución de 1934 donde fueron asesinados 37 miembros del clero. Fue entonces –cabe recordar– cuando se cruzó la línea roja que hacía un siglo no se atravesaba en España: el uso de la fuerza contra las personas de los eclesiásticos.
Más significativo aún es que el clero constituyera la mitad de las víctimas de la violencia revolucionaria que nuevamente, a partir de esos momentos, volvió a fijarse en ese colectivo para sus particulares planes de construcción de «una retaguardia antifascista».
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