Una familia gitana en la carretera. Obra de Achille Zo
Del destierro en Cataluña al perdón de Carlos III: tres siglos de leyes contra los gitanos en España
En el contexto del Año del Pueblo Gitano, declarado en 2025 para reconocer su legado histórico y promover su integración, resulta imprescindible revisar las políticas que, desde la Edad Moderna, marcaron la relación del Estado español con esta comunidad
El característico nomadismo de los gitanos y sus endogámicas relaciones familiares terminaron por enfrentarles con los constructores del Estado moderno en España y en toda Europa. Su política hacia las minorías étnicas procuró asimilarlas a la sociedad imperante en algunas ocasiones y, en otras, se optó por erradicarlas de la misma.
El Gobierno de Felipe V (1700-1745) decidió continuar la política que habían desarrollado sus antecesores de la Casa de Austria en relación con el pueblo gitano. En 1717 se divulgó una pragmática que repitió la mayor parte de los puntos de una anterior, fechada en 1695. Se continuó obligando a los gitanos a integrarse en los pueblos y ciudades donde vivieran para evitar su sospechoso nomadismo.
En la misma se aludió a gitanos «tolerados» por el hecho de estar avecindados, es decir, por dedicarse al trabajo agrícola, que era la única forma que tenían para ser considerados buenos vecinos en el pueblo en donde vivían, pues se les prohibió ejercer cualquier otro tipo de oficio, incluido el de herrero, que era el más habitual entre los gitanos, pudiendo llegar a perder la cualidad de vecino legal y a ser condenados a servicio de galeras por ocho años.
Además, la tradicional idea de los gitanos como sospechosos eternos de delincuencia se fortaleció: las autoridades de las localidades en las que viviesen podrían registrar sus casas cuantas veces consideraran oportuno para comprobar si tenían cosas prohibidas u otro tipo de sospechas. Se les impidió participar en ferias de ganado, al sospecharse que sus animales eran fruto de robo o manipulación.
La pragmática ordenó que no vivieran en pueblos de menos de 200 habitantes, por lo que señaló 41 localidades en las que los gitanos debían establecerse y recibir permiso de residencia, en un plazo de cuatro meses desde su publicación. Por ello, esta política combinó integración con control.
Sin embargo, en Cataluña, las Cortes celebradas entre 1701 y 1702, con la presencia de Felipe V, solicitaron al monarca que continuara una política dura con los gitanos. De ahí que, para congraciarse con las peticiones de los catalanes, en septiembre de 1715 la Junta Suprema de Gobierno del Principado publicase un edicto por el que se conminaba a los gitanos a abandonar Cataluña en el término de veinte días.
La legislación catalana acusó a los gitanos de vagabundos, ladrones, irreligiosos y de protagonizar serios delitos. De esta manera, revelaba el profundo rechazo de la sociedad hacia esa minoría y su deseo de evitar su integración. Por ello, la pragmática de 1717 no se aplicó en tierras catalanas hasta 1725.
La pragmática fue repetida en 1726, 1727, 1731 y, con enmiendas, en 1738, 1745 y 1746, lo cual demuestra que no fue cumplida con todo el rigor que se esperaba en aquellos años, ni por parte de los gitanos ni de las autoridades.
A mediados del siglo XVIII aumentó el carácter represivo mediante la cédula de 30 de octubre de 1745, que permitió matar a cualquier gitano que anduviera vagando. Al año siguiente se publicó una ampliación del vecindario de gitanos y, el 30 de julio de 1749, se ordenó el confinamiento en cárceles, arsenales y minas de todas las familias gitanas. La dura medida del gobierno del marqués de la Ensenada se suavizó tres meses después, limitándose a los más rebeldes, pero la población gitana presa aumentó durante años.
Familia gitana en Sacromonte, obra de José María Rodríguez-Acosta (1908)
Sin embargo, no todas las autoridades locales estuvieron de acuerdo con la medida de encarcelamiento en duras condiciones. En 1754, el capitán general de Valencia, duque de Caylús, impulsó un proceso de indulto parcial para las mujeres gitanas encarceladas bajo su jurisdicción. Su idea, respaldada con argumentos de compasión y justicia, aspiró a ser una revisión de las condiciones de encarcelamiento para aquellas que llevaban una vida considerada «arreglada» y que no eran un peligro social, según la mentalidad de la época.
La política del duque y la constante presión social terminaron influyendo en la Corona para que, años más tarde, se otorgara un indulto general a la mayoría de las mujeres gitanas. Su intervención fue un acto de humanidad en un contexto de represión, aunque también destacó la importancia de cuestionar las medidas estatales hacia las minorías marginadas, ejerciendo una política más compasiva y justa, incluso frente a reglas afincadas en el prejuicio y la segregación.
En 1763 se dictó un Perdón General a los gitanos, ampliado en la Real Pragmática del Rey Carlos III de 19 de septiembre de 1783 que, si bien mantuvo duros castigos para los desobedientes, supuso la más notable acción legal realizada en la España borbónica en favor de la integración social de los gitanos. Se aceptó una amnistía general; se procuró que se avecindaran donde pudieran, permitiéndoles su admisión en todos los gremios y oficios, para que las autoridades procuraran que los gitanos tuvieran un trabajo honrado.
No obstante, solo una minoría de gitanos, como revelan censos de población y memoriales, procuró su integración social. La gran mayoría, según informes de autoridades, no mostró ningún interés por cambiar su errante forma de vida, despreciada por las poblaciones y prohibida por las leyes. Por su parte, los maestros de los gremios se negaron a admitir gitanos como aprendices —pese a lo dispuesto por las leyes— en numerosas ciudades españolas. El Gobierno ilustrado de Carlos III intentó, lejos de ejercer la caridad, hacer ciudadanos útiles a los gitanos para la Hacienda y evitar personas improductivas que, en su opinión, suponían una carga y una preocupación para el Estado.
