La promulgación de la Constitución de 1812, obra de Salvador Viniegra (Museo de las Cortes de Cádiz).
El siglo XIX: cuando los liberales españoles se hicieron la guerra entre ellos
Los liberales se dividieron desde fechas muy tempranas. Este hecho incidió en el ritmo y diferente visión de los tiempos, métodos y herramientas con las que debía construirse esa Nueva España
El liberalismo español se fraccionó entre doceañistas y exaltados durante el reinado de Fernando VII; en la época isabelina, entre moderados, progresistas, unionistas, a los que se unieron —en el Sexenio Revolucionario— radicales, alfonsinos y montpensieristas. Sin olvidar que algunos grupos evolucionaron hasta formar el Partido Demócrata.
Uno de los puntos de división más fuertes fue su posición ante la Iglesia católica, especialmente cuando hubo que definir los límites de su reforma secularizadora y clarificar el papel de la religión en la nueva sociedad, en la cultura, en la política, en la educación, en la vida cotidiana... A la hora de diseñar la desamortización, unos defendieron hacerlo sin acuerdo con Roma, como muestra de fuerza del Estado liberal; otros prefirieron buscar ciertos acuerdos con el Papado.
En definitiva, algunos buscaron el enfrentamiento y la derrota de los católicos frente al Estado liberal, mientras que otros, más moderados, trataron de establecer vías de encuentro para intentar integrarlos, lo que –en su opinión– favorecía la unidad nacional, limitaba el carlismo y evitaba muchos problemas.
Unos liberales diseñaron la desamortización de conventos y monasterios con la venta total de sus bienes, la expulsión de las comunidades y el derrumbamiento de los edificios. Otros fueron partidarios de nombrar comisiones de expertos en materia artística que valoraran el traslado de los objetos litúrgicos, cuadros, esculturas y otros objetos artísticos a edificios estatales.
También la construcción de la nueva ciudad liberal enfrentó a los distintos grupos. La urbe del Antiguo Régimen estaba plagada de campanarios de iglesias, de conventos, de monumentos religiosos, de murallas. La ciudad del liberalismo debía derrumbar campanarios e iglesias, desamortizar conventos, convertir espacios religiosos en usos administrativos o civiles, sustituir los monumentos católicos por estatuas dedicadas al nuevo panteón cívico-militar liberal, quitar huertos de monasterios y construir nuevos barrios.
Había que eliminar el sonido de las campanas por el del reloj de los nuevos ayuntamientos, había que rotular de nuevo todas las calles y plazas con nombres menos religiosos, colocando carteles con los nuevos nombres dedicados a los héroes del liberalismo, a los políticos del siglo, a los militares que habían ganado las guerras carlistas.
El liberalismo también se fragmentó ante la actitud final del Estado con los derrotados en las primeras guerras carlistas: ¿qué política debía contemplarse con ellos? Para las filas progresistas resultaba clara la victoria militar y se les debía tratar como derrotados: ser vigilados estrechamente, exiliados si no juraban fidelidad a la reina Isabel II –encarnación de la Nación liberal–, humillados y anulados como fuerza política.
Pero los más moderados buscaron otras vías de conciliación, intentando su integración en la Nueva España: a los militares carlistas se les ofreció su reingreso en el ejército si juraban fidelidad, se aceptó la existencia de una red de prensa carlista, y a los más recalcitrantes se les concedieron una serie de indultos. Incluso Isabel II aceptó reintegrar en el servicio de la Real Casa a antiguos criados que habían luchado en las filas del pretendiente, como los hijos del pintor Vicente López.
Debe tenerse en cuenta que, para muchos liberales moderados, los carlistas habían sido capaces de resistir durante siete años y, más adelante, otros tres, ocasionando al Estado liberal una serie de grandes gastos militares, con los consiguientes problemas de Hacienda, lo que motivó que buena parte de los beneficios de la desamortización se dedicaran a la compra de armas, equipamiento, munición y caballos para derrotarlos. La sociedad se había dividido y la cicatrización de esas heridas era lenta.
Igualmente, la división se agudizó ante la cuestión de plantear una mayor o menor centralización al crear la nueva administración liberal. Hubo partidarios de la centralización, con el objeto de luchar mejor contra los carlistas, contra los revolucionarios de extrema izquierda y para controlar las protestas sociales ocasionadas por las levas militares y los impuestos sobre artículos de primera necesidad (consumos).
Hubo, en cambio, defensores de una descentralización o incluso del federalismo, que intentaron conjugar la tradición de una España diversa con el liberalismo, adaptando una realidad —la fuerza de la región— a una unidad estatal aún en construcción: todavía se estaba conformando un sistema de comunicaciones que la afianzara, un único mercado nacional y un sentimiento nacionalista liberal español. Los partidarios de la descentralización también se opusieron a que las provincias de Ultramar fueran regidas por leyes especiales, mostrándose favorables a una mayor autonomía administrativa en Cuba y Puerto Rico.
La división del liberalismo se mantuvo a través de los mecanismos políticos de alternancia en el poder. Si todos los partidos, una vez en el gobierno, manipulaban las elecciones para intentar perpetuarse en él, la oposición no veía otro camino que la acción extraparlamentaria para retomar el gobierno. El abanico de esta tenía varias varillas: la revolución, el pronunciamiento militar, la presión cortesana para conseguir el apoyo de la Corona.
Como señalaron algunos liberales, el problema degeneró a causa del exclusivismo en que cayeron numerosos políticos, aunque hubo quien llegó a plantear la creación de constituciones pactadas entre grandes fuerzas políticas y un turno pacífico en el poder, como Leopoldo O'Donnell; pero, finalmente, no tuvo el éxito esperado.
Cuando se planteó un régimen liberal más democrático, con la Constitución de 1869, los partidarios del mismo se enfrentaron de forma cainita entre ellos, hasta facilitar el fracaso de su régimen y el estallido de numerosos conflictos bélicos, como la Tercera Guerra Carlista en 1872 y la sublevación cantonal de 1873.
De ahí el éxito de la Restauración canovista de 1875, bajo el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina de Habsburgo, que supuso la superación de esa división y de las luchas entre las diversas familias del liberalismo. Al menos, durante un tiempo considerable.