Contrabando, ilegalidades y evasión fiscal: la otra cara del comercio entre España y sus virreinatos

El comercio entre la España metropolitana y ultramarina se convirtió en la columna vertebral de la Monarquía Hispánica; sin embargo, la Corona y sus funcionarios no pudieron impedir el gran volumen de comercio ilícito que se daba entre ambas orillas.

La conquista y evangelización española de América tuvo en el comercio una de sus mejores herramientas. Desde principios del siglo XVI, el Galeón de Manila, la Carrera de Indias y el sistema de flotas estuvieron llamados a convertirse en el eje rector que articulaba esta actividad económica en el Atlántico y el Pacífico hispanos. Este marco de comercio controlado siempre fue una política central para la Monarquía y sus funcionarios en Madrid, pero esto no siempre fue —no ya comprendido, sino— aceptado y cumplido por las élites políticas y económicas de los virreinatos y capitanías ultramarinas españolas.

Para los Reyes Católicos no había una distinción en los derechos y obligaciones de sus súbditos a ambos lados del Atlántico, idea sobre la que se construyó el sistema de comercio. Este concepto de control absoluto fue mantenido por los Austrias, pero fue durante su periodo cuando se le empezaron a ver las costuras.

Sin duda alguna, España fue una gran potencia tecnológica, naval y militar desde el siglo XV hasta los primeros compases del XIX, pero no siempre tuvo los instrumentos necesarios para controlar el comercio ultramarino. Por dos grandes factores: por un lado, el resto de las potencias europeas habían desarrollado herramientas para contrarrestar el monopolio hispano; por otro, no siempre desde Madrid se podía controlar eficazmente a las autoridades virreinales, que, a su vez, debían velar porque los comerciantes locales siguieran estrictamente la legislación comercial.

Neerlandeses, franceses e ingleses, así como otras naciones europeas, encontraban continuamente puertas traseras para seguir introduciendo sus mercancías en los mercados hispanoamericanos. Sin embargo, no eran únicamente extranjeros los que participaban en este continuo contrabando, puesto que los comerciantes y marinos españoles eran parte integral de la circulación de estos bienes ilegales.

Si bien la España de los Reyes Católicos comenzó la conquista de América, al poco tiempo otras potencias europeas fueron tomando posiciones en el vasto continente. Martinica y Haití, como posiciones francesas, funcionaron como puntos de salida del contrabando galo, mientras que los británicos se valían de Jamaica y los neerlandeses, de Curazao.

Estas cuatro plazas caribeñas, situadas en las proximidades de los ricos virreinatos de Nueva España y Nueva Granada —fundado en el siglo XVIII y escindido del del Perú—, eran aprovechadas para suministrar bienes de contrabando a los españoles americanos. Si bien las capacidades de la industria española eran notables en los insumos navales o militares, en los bienes de consumo las potencias europeas gozaban de un mayor atractivo y nuestra competitividad se fue reduciendo con el paso del tiempo.

Por mucho que las autoridades hispanas lo permitieran o participaran en él, el contrabando no era inocuo para la Real Hacienda, puesto que extraía recursos económicos hispanos que se canalizaban hacia nuestros antagonistas. En el siglo XVIII, la competitividad de las manufacturas británicas fue una de las bases sobre las que Londres comenzó a forjar su hegemonía en el XIX.

Las élites navales, comerciales y políticas a ambos lados del Atlántico se beneficiaron enormemente de este tráfico ilegal de mercaderías, no solo por evadir los impuestos que debían pagar, sino también mediante otras estrategias. Por ejemplo, los Consulados de Cargadores de México y Sevilla consiguieron limitar la capacidad del sistema de flotas. Una menor capacidad de transporte hacía subir los precios, aumentando los beneficios de los cargadores y los mercaderes, al reducirse la oferta pero mantenerse la demanda.

Quizá pueda concluirse que el comercio ilegal era producto de la ineficacia del sistema de flotas de la Carrera de Indias o de un monopolio que hacía aguas en muchos aspectos. Sin embargo, el siglo XVIII, si bien no pudo corregir que los titulares de las autoridades virreinales siguieran enriqueciéndose con este comercio ilícito, sí supuso un profundísimo cambio para los marinos de guerra que protegían nuestras rutas comerciales.

Durante los siglos XVI y XVII podían enriquecerse transportando mercancías para clientes en sus buques; sin embargo, la profesionalización de los cuadros navales en el XVIII lo impidió, aunque, naturalmente, esto no acabó con el contrabando.

En resumen, independientemente de que, a ojos de la ley o de la moral, una actividad sea ilícita, cuando hay demanda habrá alguien que vea las posibilidades y responda a ese estímulo.