Cuando las tropas republicanas usaron el grito de «¡Viva Franco!» como trampa mortal en Castellón

El 13 de junio de 1938, tropas del general Aranda, en su avance hacia el sur levantino, entraron en la ciudad, anticipando la toma de la misma. La aproximación de estos destacamentos aislados provocó la confusión del vecindario —favorable a la llegada de los nacionales—, que creyó definitiva la toma de la ciudad en sus manos y así lo manifestó públicamente.

Al iniciarse los primeros tiroteos, las unidades nacionales de avanzadilla, pequeñas y aisladas del resto de sus tropas, tuvieron que retirarse, aconsejando a los civiles afectos que volvieran a recluirse en los refugios mientras se replegaban hacia el norte. Esta situación se mantuvo durante el resto del día y hasta el atardecer del siguiente, en que las fuerzas republicanas volvieron a retirarse, abandonando definitivamente la plaza de Castellón.

Algunos grupos de soldados republicanos, durante ese día y medio, dieron gritos de «¡Viva Franco!» y «¡Viva España!» en calles y refugios para saber quiénes eran favorables a sus enemigos. Al haber visto algunos soldados regulares con anterioridad, algunos ciudadanos contestaron efusivamente a esos gritos, siendo arrestados y ejecutados poco tiempo después.

De esta manera, en la plaza de la Paz, republicanos dispararon con ametralladora, causando la muerte de cuatro personas que los confundieron con soldados nacionales. Igualmente, el engaño fue fatídico para Josefa Sánchez Borday, la cual, confundida y nerviosa, mostró a varios republicanos el escondite donde había logrado ocultar durante dos años a su hermano Alfredo, presbítero en Tortosa, el cual fue fusilado por los mismos en las proximidades del Monte de Piedad.

La familia del barbero José Aguilar, testigo de estos trágicos sucesos, declaró posteriormente que el desafortunado, antes de morir, dijo a sus ejecutores: «¿Por qué me matáis si soy sacerdote?». La tragedia alcanzó proporciones aún mayores en los refugios de las alquerías y huertas cercanas a Castellón.

Al día siguiente, las fuerzas republicanas ordenaron a la población civil retirarse con ellas hacia Valencia, o bien de buen grado o bien a la fuerza, utilizando medidas coercitivas y amenazas contra aquellos habitantes que se habían refugiado en subterráneos o en sus mismos domicilios, esperando la toma de la ciudad por los vencedores.

José Cruz Conde, antiguo gobernador civil de Sevilla y comisario regio en la Exposición Iberoamericana de 1929, asilado en el Hospital Francés de Madrid durante la guerra, escribió en sus notas personales el impacto positivo que, entre los refugiados españoles bajo pabellón extranjero, provocó la noticia de la caída de Castellón, que también fue comentada entre los diplomáticos que todavía permanecían en la capital.

En su nota fechada el 17 de junio comentó que, si bien no había sufrido la ciudad destrucciones apreciables, «sus habitantes no evacuados hubieron de padecer a última hora los acostumbrados asesinatos y violencias de las tropas rojas en retirada. ¡Sigue la tenacidad en la crueldad como en la resistencia!». Carlos Morla Vicuña, hijo del encargado de negocios de Chile, anotó en su diario de guerra, el día 15 de junio, los sucesos derivados de la última persecución republicana en Castellón, como uno de los hechos que impresionaron a la embajada en Madrid.

La noticia de la represión en Castellón fue reflejada también en la prensa extranjera. En Corriere della Sera se publicó un artículo titulado Atrocitá rosse in Spagna; desde Le Matin de París se solicitó la intervención de la Sociedad de Naciones ante las matanzas de Nules, donde 395 rehenes favorables a los nacionales —incluyendo 86 mujeres y niños— fueron fusilados.

En Bélgica, la ciudad levantina apareció en La Nation belge y en Le Vingtième Siècle. En Estados Unidos, la campaña de difusión de la represión en Castellón motivó que la Biblioteca del Congreso norteamericano escribiera una carta al embajador franquista en Roma, Pedro García Conde, solicitando el envío de los volúmenes, en español y en italiano, que completaran la serie de avances de informes oficiales sobre atrocidades realizadas por los republicanos, descubiertas según se reconquistaban los territorios.

El informe definitivo de la Causa General, firmado el 31 de diciembre de 1949, arrojó un total de 1.332 víctimas en la provincia, de las cuales 285 corresponderían a los sucesos represivos derivados de la toma de la ciudad en el mes de junio.

Algunos historiadores actuales han calificado esos hechos como ejemplo de «consecuencia de actuaciones militares propias de una retirada forzosa», pero no resulta correcta esa valoración. Esas muertes deben calificarse como represión organizada y recapacitada, con implicación de autoridades militares republicanas, y no obra, desde luego, de exaltados, ni de espontáneos descontrolados, ni de soldados desbocados en retirada. Si se desea hacer una historia veraz, no deben medirse con diferentes medidas las represiones en guerra.