El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 15 de enero
Venezuela
Maduro tiene tres meses para responder por crímenes de lesa humanidad
El plazo para presentar un informe oficial vence el 16 de abril
Venezuela dispone de tres meses para presentar un informe sobre los abusos y crímenes de lesa humanidad, cometidos por las fuerzas de seguridad contra la población desde 2017. La Corte Penal Internacional (CPI) concedió un aplazamiento, hasta el 16 de abril, para que el Gobierno de Nicolás Maduro responda por estas denuncias.
El fiscal general Tarek William anunció que más de doscientos agentes sufrieron condenas de hasta 28 años de prisión, por cometer delitos de máxima gravedad. Sancionado por los gobiernos de Colombia, Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea, por socavar la democracia en Venezuela, William defendió sus investigaciones y de rebote, la presunta independencia del poder judicial del régimen venezolano, al anunciar: «Vendrán más condenas pues hay acusaciones ya realizadas» por «violaciones a los derechos humanos».
En una intervención en Caracas, el fiscal venezolano, dijo que desde el mes de noviembre del pasado año fueron imputados «820 funcionarios de seguridad del Estado» y «otros 40 particulares como colaboradores inmediatos de estos delincuentes». Este escenario se completa con la detención de 581 funcionarios acusados también de cometer crímenes de diversa índole.
En este contexto, la CPI decidió, «en espíritu de cooperación, diálogo y equidad«, conceder a Venezuela una prórroga para informar a la Corte sobre su investigación. En un documento publicado en su página web la CPI consideró la extensión del plazo, "adecuada y justificada», dado que el Estado venezolano solicitó información adicional sobre los hechos que son objeto de la investigación, el 3 de enero y la respuesta no se le dio hasta el pasado 13 de enero.
La Corte señaló asimismo que la prórroga también se explica para dar tiempo suficiente a que el fiscal de la CPI, Karim Khan, viaje a Venezuela y se pueda reunir con el Gobierno de Nicolás Maduro. El pasado 13 de diciembre, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se quejó de que Países Bajos le negó el permiso de vuelo a un avión de la aerolínea estatal Conviasa que tenía previsto trasladar a una delegación oficial, encabezada por ella, para mantener una reunión con Khan en La Haya.
«Han impedido el traslado efectivo y seguro de nuestra delegación a los Países Bajos. Entiéndase bien, lo han impedido, han puesto condiciones de imposible cumplimiento», protestó la mujer que entró ilegalmente en España, cargada de maletas cuyo contenido sigue siendo un misterio.
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