La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez
El Debate en América
Bolivianos condenados a vivir sin justicia
Se ha cometido contra la expresidenta Janine Áñez una flagrante violación de los derechos humanos y su juicio debe ser anulado
La expresidenta de Bolivia Jeanine Añez fue injustamente condenada a 10 años de prisión sin haber cometido un crimen. Fue sentenciada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Una infamia.
El Gobierno boliviano actual de Luis Arce, del partido Movimiento al Socialismo (MAS), inventó la narrativa de que ella había participado en un golpe de Estado. ¿Con qué fin? Para cubrir el escandaloso fraude electoral cometido por Evo Morales en 2019 y para distraer a la opinión pública.
La mentira como política de Estado
¿Qué se hace cuando se vive en un país donde la mentira es una política de Estado? Jamás hubo tal golpe. Añez se encontraba en el Beni y ni siquiera conocía a los militares a quienes también acusaron de hacer dado ese supuesto golpe y luego apresaron.
Bolivia estaba sumergida en una grave crisis política y social a raíz del fraude electoral cometido por el gobierno de Evo Morales el 2019 en su favor y por el referéndum del 21 de febrero que rechazó la reelección de Morales.
21 días de protesta
Los bolivianos indignados, salieron a las calles durante 21 días. Aquello se llamó la Revolución de las Pititas. Bloquearon hasta el último rincón del país de forma pacífica. Bolivia se paralizó. A Evo Morales le temblaron las piernas, abandonó el Palacio de Gobierno incumpliendo su deber dejando vacante el sillón presidencial y huyó a México junto al vicepresidente, Álvaro García Linera, en el avión que le facilitó López Obrador.
Evo, al escapar, creyó que los bolivianos lo llamarían para salvar al país. Nada de eso ocurrió. Sus partidarios incendiaron autobuses de la alcaldía y casas de personalidades de la oposición. Bolivia ardía y estaba polarizada.
Sucesión constitucional
Tras huir, las autoridades legislativas renunciaron y por sucesión constitucional y de forma legal le cayó el cargo a Jeanine Añez que era la segunda vicepresidenta del Senado. Es así como ella asumió la primera magistratura.
Su gobierno era de transición y su principal tarea era llamar a elecciones. Pero atacó la pandemia y fueron postergadas. Finalmente las convocó y ganó Luis Arce del MAS (Movimiento Al Socialismo) al que le entregó el poder.
Tras la asunción del MAS al gobierno, se encarceló a Añez sin iniciarle un juicio. Fue un grosero abuso de poder. Fue su trofeo de guerra. El Estado arguyó que fue una detención preventiva. Una injusticia y arbitrariedad sin nombre ya que le privaron el derecho a defenderse en libertad. Luego dieron curso a dos procesos penales: «Golpe I» y «Golpe II».
El hecho es que Jeanine Añez está encerrada desde marzo del año pasado y viviendo en condiciones deplorables. Solo le permiten recibir a sus hijos y abogados. Le han prohibido reunirse con la prensa.
Añez ha pedido una infinidad de veces que se la ponga en libertad pero le han negado todas. Su estado de salud empeora a pasos agigantados. Tiene afecciones psicológicas y físicas.
Llegó a tal grado de desesperación, que trató de quitarse la vida. Y, ni siquiera la llevaron a un hospital para atenderla. Luego inició una huelga de hambre, pero a pedido de sus hijos, la abandonó.
Defensores de derechos humanos, organismos internacionales, países y expresidentes la apoyan. La ONU solicitó preservar su vida y el Parlamento Europeo pidió por mayoría exigir su liberación inmediata así como a los detenidos con ella. También pidió retirar los cargos contra ella y señaló que la sucesión presidencial de Jeanine Áñez fue constitucional.
El encierro de Janine Áñez
La embajada de EE.UU. en Bolivia y la UE, solicitaron que se le brinde garantías por su delicado estado de salud.
Nada, sin embargo, conmueve al Estado. Añez sigue encerrada. Todos las peticiones y apoyos caen en saco roto.
El proceso «Golpe II», no ha sido un juicio justo si no que ha estado politizado. A ella, como ex Jefe de Estado le correspondía que se le hicieran un juicio de responsabilidades. Lo hicieron, sin embargo, por la vía ordinaria.
Lo vergonzoso es que aquello fue por instrucción de Evo Morales que declaró ante la prensa –sin inmutarse– que él y la cúpula de su partido decidieron que se lo realice por la vía ordinaria. ¿Se ha visto algo igual?
Y, como en Bolivia no existe la independencia de poderes, el órgano judicial la condenó. Obviamente los funcionarios del Poder Judicial están sujetos a las instrucciones del jefe del partido, Evo Morales, y los bolivianos vivimos bajo el ala del autoritarismo.
En el caso «Golpe II», también quieren involucrar a los «autores intelectuales» del supuesto hecho. Resulta que todos ellos son sus opositores a los que quieren detener y anular. Esto evidencia una clara persecución política; una cacería de brujas. La oposición declaró que interpondrá una demanda contra Morales y García Linera por abandonar sus funciones el 2019.
En nombre de la justicia
Ante la injusta condena a Añez, Human Rights Watch (HRW) y Naciones Unidas, compartieron las observaciones sobre el proceso contra ella. Evidenciaron la falta de equilibrio en el proceso, el tipo penal y el tiempo de detención preventiva. También cuestionaron su condena la OEA, UE, el Reino Unido así como un grupo de expresidentes.
Según el relator especial de la ONU para la independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, tras una visita a Bolivia, señaló que a Añez le corresponde un juicio de responsabilidades.
En su informe anotó que la justicia boliviana es dependiente del poder político, así como corrupta e ineficiente. Afirmó que los patrones de injerencia en el órgano judicial, no han sido erradicados y que el proceso de selección de las altas autoridades de justicia está a cargo de una entidad política como la Asamblea Legislativa. Señaló el uso generalizado de la detención preventiva. Dijo que 7 de cada 10 personas están privadas de libertad sin condena y puso como ejemplo la detención de Añez.
La detención preventiva debería ser una excepción, no una regla. Todo esto confirma que la justicia está al servicio del partido gobernante, el MAS.
El gobierno de transición de Jeanine no fue un ejemplo de gestión. Estuvo manchado por la causa bajo sospecha de los respiradores y ella cometió el error de postularse a la presidencia para cuya campaña utilizó dinero y bienes del Estado. Poco antes de las elecciones, sin embargo, declinó a su candidatura. Ella declaró en una audiencia «yo tuve el gobierno, pero nunca el poder».
Ahora queda el juicio «Golpe I» por presunta comisión de sedición, conspiración y terrorismo. Dicho proceso está centrado en los graves hechos ocurridos en las localidades de Sacaba y Senkata.
En éste manifestantes bloquearon el paso de combustible y militares sacaron los tanques a la calle y junto a la policía los enfrentaron. En el caso de Sacaba, hubo una marcha y el gobierno disparó contra manifestantes. En ambos casos murieron 27 personas y decenas resultaron heridas. Añez carga aquello en sus espaldas.
El hecho es que se ha cometido contra la ex presidenta una flagrante violación de los derechos humanos y dicho juicio debe ser anulado ya que todo ser humano tiene derecho a un juicio justo y que se le de las garantías judiciales de la ley.
- Verónica Ormachea es escritora y miembro de la Academia Boliviana de la Lengua, correspondiente de la Real Española
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