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20 de abril de 2024

Grupos de personas protestan frente a la Casa Blanca para exigir que se proteja el aborto legal, en Washington (EE.UU.)

Grupos de personas protestan frente a la Casa Blanca para exigir que se proteja el aborto legal, en Washington (EE.UU.)EFE

Campaña contra la vida

La capital de Texas se rebela al Estado para proteger el aborto

Austin aprobó este jueves una resolución para sortear el veto total tras la anulación de «Roe contra Wade»

Austin, capital de Texas (EE.UU.), aprobó este jueves una resolución para proteger el aborto, en un estado con un veto total a este procedimiento, tras el fallo en junio del Tribunal Supremo.
En su página web, el Consejo Municipal de Austin anunció que había aprobado una resolución en la que «afirma el compromiso de la ciudad con la protección del derecho de los individuos a adoptar sus propias decisiones de salud reproductiva».
La iniciativa también limita el uso de fondos locales en las labores de recolección de datos sobre abortos, y elimina como prioridad la aplicación de leyes penales contra estos procedimientos.
Pese a que la resolución no exige a los cuerpos de seguridad de Austin que sigan el protocolo para despenalizar el aborto, un portavoz del Departamento de Policía local y el fiscal de distrito del condado de Travis, donde está la ciudad, dijeron que seguirían las recomendaciones de esta decisión antes de que fuera aprobada.
La urbe también ha dado luz verde al empleo de fondos para informar a sus ciudadanos sobre las opciones que tienen para evitar embarazos, como las vasectomías.
Texas es actualmente uno de los estados del país donde existe un veto total al aborto después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. revocara la protección legal a esta práctica, vigente desde 1973 de la mano de la sentencia en el caso «Roe contra Wade».
El texto de la resolución de Austin recuerda que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, firmó en junio de 2021 una ley que tipifica el aborto como un delito, con sentencias de entre 10 y 99 años de prisión; que no contempla excepciones en caso de violación o incesto y que estaba diseñada para entrar en vigor tan pronto como el Supremo derogara este derecho.
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