La Comisión Europea, en Bruselas
Estas son todas las veces en las que Europa intervino para proteger el Estado de derecho en otros países
Existe un mecanismo de diálogo sobre el Estado de derecho en el formato pre-Artículo 7, que se activa cuando se detectan amenazas sistémicas al Estado de derecho y ya se utilizó contra Polonia
Bruselas observa a España con mirada atenta. Horas antes de anunciarse el pacto entre el PSOE y Junts, el comisario de Justicia, Didier Reynders, mandó al Gobierno español una carta pidiendo explicaciones sobre la amnistía.
De encontrarse violaciones al Estado de derecho, la Comisión Europea intervendrá. Aunque el Ejecutivo europeo no tiene la autoridad necesaria para frenar procesos domésticos, si pueden sancionar a España de muchas maneras diferentes como, por ejemplo, congelando sus fondos.
No sería la primera vez, ya que la Unión Europea ha intervenido en varias ocasiones para salvaguardar el Estado de derecho en sus países miembros.
En diciembre de 2017, la Comisión Europea inició un procedimiento bajo el Artículo 7 en respuesta a los riesgos para el Estado de derecho y los valores de la UE en Polonia.
El Parlamento Europeo respaldó esta medida en marzo de 2018. Igualmente, el Parlamento activó el procedimiento del Artículo 7 para Hungría en septiembre de 2018 debido a acusaciones de socavar sistemáticamente instituciones independientes y permitir la corrupción dentro del partido gobernante Fidesz, entre otras violaciones.
El mecanismo de diálogo sobre el Estado de derecho con Polonia en el formato pre-Artículo 7 fue una prueba importante para el constitucionalismo europeo. Este mecanismo, que se activa cuando se detectan amenazas sistémicas al Estado de derecho, es un mecanismo de advertencia temprana basado en el diálogo y la cooperación de los gobiernos nacionales afectados.
La Comisión de Venecia
En Hungría, la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, se involucró en la revisión de los desarrollos legales y constitucionales de Hungría. La mayoría de las remisiones a la Comisión de Venecia no fueron iniciadas por el gobierno húngaro, sino por otras entidades, como el Comité de Monitoreo de la Asamblea Parlamentaria, lo que indica un enfoque más externo que interno en términos de medidas proactivas.
A pesar de la situación deteriorante en ambos países en los últimos años, los estados miembros han evitado votar para determinar si existe «un riesgo claro de una violación grave» de los valores comunes de la UE, el siguiente paso en este procedimiento del Artículo 7. El Consejo, por su parte, ha celebrado audiencias con autoridades de ambos países en varias ocasiones.
El caso de Hungría y Polonia
La Comisión Europea envió cartas a Polonia y Hungría como un primer paso informal hacia la activación de un mecanismo nunca antes utilizado que podría reducir los fondos de la UE para países por preocupaciones sobre el Estado de derecho.
En las cartas, se esperaba que la Comisión hiciera preguntas sobre la independencia del poder judicial y el respeto al derecho de la UE en Polonia, así como cuestiones relacionadas con la contratación pública, el riesgo de conflicto de intereses y la corrupción en Hungría. Podrían enviar cartas similares a Sánchez en los próximos meses, dadas las dudas sobre la independencia judicial planteadas por el 'lawfare'.
Polonia se encuentra en un tenso enfrentamiento debido a reformas judiciales impugnadas que los tribunales europeos han declarado ilegales. En Hungría, el gobierno ha sido acusado de socavar sistemáticamente instituciones independientes y permitir la corrupción , incluido el mal uso de fondos de la UE, un cargo que el gobierno niega.
En otros países
En la República Checa, los eurodiputados han estado monitoreando la situación debido a las preocupaciones sobre el conflicto de intereses del Primer Ministro Andrej Babiš en la malversación de fondos de la UE. Babiš, como primer ministro, influyó en la distribución de subvenciones de la UE a Agrofert, un gigante agroindustrial que él estableció y controla.
El 'Índice del Estado de Derecho' del World Justice Project y el Banco Mundial han mostrado un declive en el cumplimiento del Estado de derecho entre 2009 y 2018 en 17 estados miembros de la UE. En 2019, países como Bulgaria, Francia, Grecia y Eslovenia mostraron un deterioro sustancial en aspectos como la gestión de la justicia penal y la protección de los derechos fundamentales en términos de igualdad de trato y no discriminación.
La libertad de medios de comunicación, un aspecto vital del Estado de derecho, ha sido un problema en varios estados miembros, incluidos Rumanía, Croacia, Grecia, Malta y Bulgaria. En Croacia, se ha hecho poco para evitar la interferencia política en el nombramiento y destitución de directores de medios, mientras que en Malta, los partidos políticos son propietarios de grandes empresas mediáticas.
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