Un informe acusa a Túnez de vender inmigrantes ilegales a Libia a cambio de hachís

Túnez es, oficialmente, para la Unión Europea, un «país seguro» en relación con el control de flujos migratorios procedentes del África subsahariana: baste recordar que a finales del pasado año el Ministerio del Interior de Italia felicitó oficialmente, a través de las redes sociales, al país magrebí por «haber frenado» la salida de 61.000 inmigrantes ilegales. Mas parece que estas exitosas cifras tienen otra cara mucho más trágica: la venta de muchos de ellos en la frontera con Libia por una gama de precios que oscila entre los 12 y 90 euros.

Así se desprende de un informe realizado por un colectivo de investigadores internacionales agrupados bajo las siglas RR(X), al que ha tenido acceso El Debate. Titulado State trafficking, consta de 30 entrevistas realizadas a 30 personas (22 hombres, 8 mujeres, 16 cameruneses, seis marfileños, seos guineanos, un chadiano y un sudanés) que han padecido semejantes violencias y humillaciones. Al estar basado exclusivamente en testimonios —algunos por medio de entrevistas presenciales, otros por medio de vídeos o de mensajes de voz—, conviene acoger sus conclusiones con cierta cautela. El periodo investigado abarca desde junio de 2023 hasta noviembre de 2024. El material compilado resulta, en todo caso, estremecedor.

El proceso de venta de inmigrantes consta de cinco etapas. La primera es el arresto y concentración de inmigrantes por parte de la Guardia Nacional de Túnez. Según el informe, «se trata, en realidad, de operaciones de captura, porque no existe ningún procedimiento. No se respeta la legalidad y no se registra a los cautivos de una manera que permita para tener en cuenta su situación individual».

Estas operaciones tienen lugar en diferentes contextos: en el mar, en los lugares de trabajo, frente a bancos y agencias de transferencia de dinero, en las calles, en hogares particulares, dentro de los muros de las prisiones y durante las redadas destinadas a destruir los campamentos de salida informales en la región al norte de Sfax, ciudad costera y principal placa giratoria del inicio del proceso. El informe también describe «la recolección sistemática de dinero y efectos personales por parte de los uniformados», sin que sea posible saber lo que fue incautado.

Las operaciones policiales también se confirman por los tipos de sujetos capturados, lugares donde se realizan las detenciones, así como el momento en el que tienen lugar: trabajadores abandonando obras de construcción y campos, mujeres trabajando como empleadas domésticas, la hora en que la gente sale del trabajo. Semanalmente, la gente se acerca a los bancos o a las oficinas de correos donde han retirado efectivo: así las presas son más fáciles de capturar. En cuanto a las personas interceptadas en alta mar, una vez llegan al puerto de Sfax, no tienen acceso a la atención sanitaria básica la mayoría de las veces.

De allí –empieza la segunda etapa– todos son metidos en unos autobuses dentro los cuales los policías llevan a menudo pasamontañas para no ser reconocidos; una manera de facilitar los castigos físicos a los detenidos, de modo especial a los que tienen la «osadía» de hacer preguntas sobre su situación. Los testigos entrevistados se dan cuenta de que están siendo transportados a Libia gracias a las señales de tráfico. La Guardia Nacional sigue gestionando esta fase de movimientos forzoso que, la mayor parte de las veces, termina con los prisioneros siendo entregados a los cuerpos militares tunecinos. Estos operan bases y vehículos en la zona fronteriza cercana a Libia, si bien en ocasiones es la propia Guardia Nacional la que completa todos los movimientos.

La tercera etapa es la de los campos de detención, que bien podrían llamarse de concentración. Precisa el informe que los campos están interconectados entre ellos y, «como en una cadena de suministro, permiten al personal militar gestionar grandes cantidades de prisioneros, reteniéndolos y moviéndolos según el calendario dictado por los acuerdos de intercambio con compradores libios al otro lado de la frontera». Un testimonio menciona la utilización de prisioneros para trabajos forzados en instalaciones militares tunecinas. La duración de la detención varía según los testimonios recogidos, pudiendo ir desde menos de un día hasta un máximo de 30 días.

El objetivo último es disuadirles de volver a Túnez. Para ello, en los interrogatorios se usan matracas, pistolas de impulsión eléctrica, barras de hierro, perros amenazantes y se disparan balas al aire.

El objetivo último es disuadirles de volver a Túnez

Ya puede empezar la cuarta etapa, la más feroz e inhumana, la de la venta de seres humanos en la frontera. Grupos de prisioneros son intercambiados por dinero, hachís y combustible. La presencia de personal uniformado es constante en el lado tunecino. Los tipos de compradores en el lado libio varían, y hay testigos que informan de la presencia de grupos compuestos íntegramente por personal uniformado con vehículos oficiales, de grupos mixtos (personal uniformado y personal armado vestido de civil), y de miembros de milicias sin uniformes. Unas milicias que serán las que, a fin de cuentas, harán pingües beneficios con este vergonzoso tráfico.

El informe da cuenta de dos enfoques principales para la venta de personas, según mencionan los testigos. El primero consiste en ventas diferidas a las milicias libias o a la Policía fronteriza después de que los prisioneros hayan sido trasladados y mantenidos en espera en la red de campamentos en el desierto tunecino. El segundo son las ventas directas en las que los prisioneros son entregados a las milicias o policías libias inmediatamente después de su llegada desde Sfax en autobuses. Tres de los testigos entrevistados por los autores del informe lograron escapar y evitar ser vendidos.

Otros, sin embargo, no, y son vendidos a unos precios que oscilan entre más habituales están entre los 12 y los 90 euros por persona a cambio de hachís o carburante. El precio se basa en el valor final que la persona vendida puede generar a partir de su rescate, el tamaño general del grupo y su composición. En los operativos documentados en este informe, los prisioneros vendidos fueron hombres, mujeres (algunas de ellas embarazadas), parejas, niños y menores no acompañados. Las mujeres suelen tener un valor de mercado más alto. Las negociaciones para acordar un precio se realizan por teléfono y también por personal libio que visita las instalaciones.

Ya bajo control libio, quinta y última etapa, los «vendidos» son encarcelados antes de que la Guardia Fronteriza de Libia separe a los que son capaces de pagar un rescate —de entre 400 y 700 euros— de los que no disponen de esos medios y que son clasificados en base al color de la piel, la nacionalidad, sin olvidar el «valor económico potencial» de cada uno de ellos. Muchos morirán. En julio de 2024, el Alto Comisionado para los Refugiados lanzó una investigación para determinar la existencia de fosas comunes en aquella zona, tal y como venían denunciando algunas organizaciones. Se siguen esperando los resultados.