La Fiscalía de Brasil denuncia a Bolsonaro por liderar una conspiración golpista y un plan para envenenar a Lula
La Fiscalía de Brasil denuncia a Bolsonaro por liderar una conspiración golpista y un plan para envenenar a Lula
La Fiscalía lo señala como el cabecilla de una trama golpista que buscaba impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022
La crisis política en Brasil ha alcanzado un nuevo punto de tensión tras la presentación de una denuncia formal por parte de la Fiscalía General contra el expresidente Jair Bolsonaro. Según el documento remitido a la Corte Suprema, Bolsonaro y otras 33 personas, entre las que figuran altos mandos militares y antiguos ministros, habrían urdido un complot para anular las elecciones de 2022 y evitar la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva.
Cargos por los que se le acusa
Las acusaciones incluyen delitos de «tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho», «organización criminal armada» y «golpe de Estado». Entre las pruebas recopiladas por la Policía Federal durante dos años de investigación, se encontraron borradores de decretos para instaurar un estado de sitio, intervenir la Justicia Electoral y encarcelar a magistrados del Supremo Tribunal Federal. Además, testigos han asegurado que Bolsonaro fue informado y aprobó un plan para asesinar por envenenamiento a Lula y otras figuras clave del gobierno.
El plan, identificado por los investigadores como 'Punhal Verde Amarelo' (Puñal Verde Amarillo), pretendía generar una situación de caos que justificara la intervención militar y el establecimiento de un nuevo orden político sin la presencia de Lula. Según el fiscal general, Paulo Gonet, Bolsonaro y su exministro y general de la reserva, Walter Braga Netto, fueron los líderes de la conspiración. Otros implicados incluyen al excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos, y los generales retirados Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira.
La trama golpista, según la Fiscalía, incluía el monitoreo de Lula y del juez del Supremo Alexandre de Moraes, con intenciones de «neutralizarlos» mediante «explosivos, armas de guerra o envenenamiento». Este último, considerado una de las figuras más hostiles al bolsonarismo, ha sido objeto de constantes ataques por parte de los seguidores del expresidente.
Las acusaciones incluyen delitos de «tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho», «organización criminal armada» y «golpe de Estado»
El intento final de forzar la intervención militar ocurrió el 8 de enero de 2023, cuando miles de personas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo en Brasilia. Sin embargo, el Alto Mando del Ejército no respaldó el movimiento, lo que dejó sin efecto la estrategia golpista.
Reacción de Bolsonaro
Por su parte, Bolsonaro ha reaccionado con indignación a la denuncia, calificándola de «fantasiosa» y «sin fundamento». A través de su abogado, Paulo Cunha Bueno, el exmandatario aseguró que no existe ninguna prueba que lo vincule directamente con la conspiración y que sus dispositivos electrónicos han sido minuciosamente analizados sin encontrar evidencias incriminatorias.
Gleisi Hoffmann celebra la denuncia
Mientras la Corte Suprema evalúa la querella, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, ha celebrado la acción judicial, señalando que es un «paso fundamental en la defensa de la democracia y del Estado de derecho». Además, ha pedido que los acusados «paguen por sus crímenes» para evitar que intentos similares puedan repetirse en el futuro.
Las otras investigaciones judiciales
Bolsonaro también enfrenta otras investigaciones judiciales, entre ellas por apropiación indebida de joyas que debían ser incorporadas al patrimonio del Estado y por fraude en los certificados de vacunación contra la COVID-19. Asimismo, la Justicia Electoral lo ha inhabilitado hasta 2030 por difundir noticias falsas sobre el proceso electoral y atentar contra las instituciones democráticas.
Expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro
A pesar de su situación judicial, el exmandatario sigue contando con el apoyo de un sector importante de la derecha brasileña y ha comenzado a maniobrar para lograr una amnistía para los implicados en el asalto del 8 de enero de 2023. Según fuentes cercanas, Bolsonaro confía en que el Congreso, dominado por fuerzas conservadoras, pueda revertir las medidas en su contra y permitirle postularse nuevamente en 2026.
El Supremo Tribunal Federal tiene ahora en sus manos la decisión de aceptar o no la querella. De hacerlo, Bolsonaro y su cúpula política y militar podrían enfrentarse a un juicio histórico que marcaría un precedente en la lucha contra el autoritarismo en Brasil.
