La exvicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (Archivo)
La Justicia argentina otorga la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández, condenada por corrupción
La líder peronista había solicitado la medida debido a «estrictas razones de seguridad personal»
La Justicia argentina concedió este martes el beneficio de la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras públicas entre 2003 y 2015.
La líder peronista argumentó motivos de seguridad para solicitar la prisión domiciliaria, algo que, por ser mayor de 70 años, la Justicia podía o no concederle. «No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal», aseguró la exmandataria.
La resolución judicial emitida este martes por el juez Jorge Gorini señala: «Corresponde establecer que a partir del día de la fecha Cristina Elisabet Fernández de Kirchner se encuentra, en calidad de detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, cumpliendo la pena firme de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso que le fuera impuesta en esta causa».
De acuerdo a la resolución judicial, la prisión domiciliaria tiene vigencia desde este mismo martes y Fernández no tendrá que comparecer en persona en los tribunales, cuando tenía previsto hacerlo el miércoles.
El juez le impuso a Fernández una serie de condiciones, entre ellas, que no podrá abandonar su domicilio «salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente».
También deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la «convivencia pacífica» de sus habitantes.
En un plazo de 48 horas, Fernández deberá presentar ante la Justicia un listado de las personas que integran su grupo familiar, su custodia policial, los profesionales médicos que la tratan normalmente y los abogados que la representan, quienes podrán acceder a su domicilio sin autorización judicial.
En 2022, un tribunal oral condenó a Fernández por el delito de administración fraudulenta en prejuicio del Estado en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la sureña provincia argentina de Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante sus dos mandatos de Gobierno y en el de su esposo y antecesor, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).
