La reforma de las pensiones sigue estancada en Francia y vuelve a poner en jaque al Gobierno

Cuatro meses de negociaciones no han sido suficientes para cerrar las heridas que dejó la impopular reforma de las pensiones aprobada en Francia en 2023. El diálogo reabierto entre sindicatos y patronal ha terminado en punto muerto. La Confederación Francesa Democrática de Trabajadores (CFDT) confirmó este lunes lo que ya se intuía desde hace semanas: no hay acuerdo, y las conversaciones se dan por concluidas.

El conflicto vuelve a colocar al Gobierno del primer ministro, François Bayrou, contra las cuerdas. El político centrista, que asumió el encargo de buscar una salida política a una de las reformas más polémicas del mandato de Macron, enfrenta ahora una moción de censura presentada por los socialistas, que critican la falta de debate parlamentario y el incumplimiento de compromisos. Aunque es poco probable que prospere, dado que la Agrupación Nacional de Marine Le Pen ya ha dicho que no la apoyará —como sí hizo cuando cayó el Gobierno de Michel Barnier el año pasado—, sí siembra dudas sobre la estabilidad del Ejecutivo a medio plazo.

La reforma, aprobada por decreto el año pasado, sin voto parlamentario, aumentó la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, extendió el periodo de cotización de 42 a 43 años para acceder a una pensión completa y eliminó regímenes especiales para determinados sectores. Todo con el argumento de asegurar el equilibrio financiero del sistema para 2030. Una decisión que desató meses de huelgas, protestas masivas y una crisis política que sigue sin cerrarse.

La mesa de diálogo impulsada por Bayrou pretendía precisamente apaciguar ese malestar social. Pero el proceso nació ya tocado, pues la CGT, el segundo mayor sindicato del país, abandonó las conversaciones desde el principio, negándose a aceptar el aumento de la edad de jubilación. La CFDT sí aceptó ese punto, a cambio de introducir contrapartidas, especialmente para los trabajos considerados «penosos». Sin embargo, ha sido precisamente esa cuestión –cómo reconocer y compensar tareas físicas duras como el transporte de cargas o las posturas repetitivas– la que ha hecho naufragar el intento de pacto.

El Gobierno intentó salvar la situación hasta el último momento. Bayrou incluso convocó a los interlocutores sociales esta semana para explorar si los acuerdos parciales podrían cristalizar en un texto común. Asegura que aún hay espacio para un compromiso y plantea que los avances –aunque limitados– se integren en el proyecto de presupuestos de la Seguridad Social que se discutirá en otoño.

Entre esos avances, se incluye un cambio en el cálculo de las pensiones para mujeres con hijos, o la posibilidad de jubilarse a los 66,5 años con pensión completa sin haber cubierto el total de cotización. También se habla de establecer una visita médica a los 45 años para evaluar casos individuales relacionados con profesiones de riesgo. Pero en los puntos clave, como la jubilación anticipada por dureza del trabajo, las diferencias siguen siendo profundas. Los sindicatos quieren criterios generales, la patronal solo acepta evaluaciones caso por caso.

Todo esto sucede en un contexto económico delicado. Francia cerró el primer trimestre de 2025 con una deuda pública del 114 % del PIB y un déficit del 5,8 %, el más alto de la eurozona. Bruselas exige a París que lo reduzca al 3 % en los próximos años, lo que limita mucho el margen de maniobra para introducir reformas que impliquen más gasto público. Las pensiones, como gran componente del presupuesto, están en el centro del dilema.

La amenaza, por tanto, de nuevas mociones de censura sigue latente. Le Pen, aunque en principio no se sumará ahora a la moción de los socialistas, ya ha advertido que su partido podría votar contra el Gobierno si el presupuesto de otoño no le convence, lo que hace de ese momento otro posible punto de ruptura. Con una mayoría relativa en la Asamblea Nacional y una opinión pública aún escéptica, Bayrou camina sobre una cuerda floja.