Luisa González insiste en el «fraude institucional» en Ecuador pese a la validación de los comicios por la Unión Europea

La exaspirante a la Presidencia de Ecuador, Luisa González, ha reiterado sus acusaciones de fraude en las recientes elecciones que otorgaron la victoria a Daniel Noboa, quien asumió la jefatura del Estado tras obtener un 55,63 % de los votos válidos. Esto, a pesar de que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) ratificó que el proceso se desarrolló de manera transparente, aunque sugirió mejoras para equilibrar la competencia durante las campañas.

A través de un comunicado oficial emitido por Revolución Ciudadana, la formación política que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017), González sostuvo que las elecciones de 2025 se vieron empañadas por lo que calificó como «un fraude electoral e institucional deliberadamente orquestado para perpetuar a un gobierno que ha perdido legitimidad ante la población».

Entre sus denuncias, la excandidata sostiene la hipótesis —hasta ahora no respaldada por pruebas— de que se utilizaron papeletas tratadas químicamente, en las que la tinta de los votos a su favor se habría transferido al candidato oficialista al momento de doblar el sufragio e introducirlo en la urna. Según González, esta supuesta práctica habría sido posible mediante el uso de dos tipos de bolígrafos: uno convencional y otro con tinta acuosa transferible, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya realizado una investigación o emitido declaraciones al respecto.

González hizo un llamado tanto a la sociedad ecuatoriana como a la comunidad internacional para que se lleve a cabo una auditoría exhaustiva e independiente sobre todas las fases del proceso electoral. Además, exigió que se implementen reformas profundas orientadas a garantizar la integridad de los comicios, prevenir el uso indebido de recursos estatales y combatir la desinformación.

Por su parte, el informe final de la misión europea no encontró indicios de fraude que alteraran los resultados, aunque señaló que el proceso no estuvo exento de irregularidades. Entre los aspectos críticos, los observadores destacaron que el presidente Noboa no solicitó la licencia electoral obligatoria durante la campaña, lo que dificultó distinguir sus actos oficiales de los electorales. Asimismo, la misión detectó la existencia de propaganda institucional que pudo haber contenido mensajes proselitistas encubiertos, junto con un uso cuestionable de recursos públicos y falta de transparencia en la financiación de las campañas.

A pesar de estas observaciones, González interpreta el informe europeo como evidencia de «graves vulneraciones a los principios democráticos y deficiencias estructurales que comprometen la credibilidad del proceso». En sus palabras, «no se trata de fallos aislados, sino de prácticas sistemáticas encaminadas a manipular la voluntad popular y garantizar la continuidad en el poder por vías contrarias a los principios democráticos».

La líder de Revolución Ciudadana también criticó la falta de independencia de las autoridades electorales, a quienes acusó de actuar subordinadas al poder político. Señaló además el uso desmedido de recursos públicos para favorecer al candidato oficialista, la opacidad en el financiamiento electoral y la ausencia de controles efectivos que permitan fiscalizar los procesos.

González subrayó que la misión europea, considerada la más numerosa en el proceso de observación, documentó una cobertura mediática estatal parcializada, el uso de la propaganda gubernamental disfrazada de información y la propagación masiva de desinformación, incluso mediante herramientas de inteligencia artificial. Denunció, además, el uso de la violencia política de género como mecanismo para silenciar voces opositoras.

Para González, todos estos elementos configuran un proceso «viciado e ilegítimo», que, a su juicio, infringe compromisos internacionales suscritos por Ecuador, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A pesar de la contundencia de sus afirmaciones, hasta el momento no se han presentado pruebas verificables que respalden las acusaciones sobre la manipulación de papeletas ni sobre el uso de tinta transferible, elementos que el CNE tampoco ha investigado de manera oficial. Mientras tanto, el gobierno de Noboa sigue adelante, respaldado por los resultados certificados y el aval de los observadores internacionales, aunque el debate sobre la transparencia y legitimidad del proceso continúa latente en el panorama político ecuatoriano.