Grupos y trabajadores demandan a Trump por abusos en las redadas migratorias de Los Ángeles

Este miércoles, un grupo de trabajadores afectados y varias organizaciones presentaron una demanda formal contra la administración de Donald Trump, acusando al Gobierno federal de cometer abusos durante las recientes redadas migratorias en el área metropolitana de Los Ángeles. Los demandantes alegan que estas operaciones han violado derechos fundamentales y se han basado en prácticas discriminatorias por motivos raciales.

La denuncia, que consta de 63 páginas, fue registrada en la Corte de Distrito del Centro de California. En ella se sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha llevado a cabo detenciones ilegales y arbitrarias, apuntando principalmente a personas por el color de su piel, lo que, según los abogados de los afectados, constituye una grave violación de las protecciones constitucionales.

Los abogados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal) y de la organización Public Counsel, que representan a los demandantes, anunciaron que solicitarán que el litigio sea considerado una acción colectiva, con el objetivo de proteger a las comunidades de los siete condados que integran la zona metropolitana de Los Ángeles.

Entre los demandantes figuran cinco trabajadores que fueron detenidos, así como cuatro entidades de defensa de los derechos de los inmigrantes: la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y el Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes. Todos coinciden en señalar que las detenciones responden a un intento de las autoridades de cumplir cuotas «arbitrarias» de arrestos, vulnerando así los principios básicos del debido proceso.

La demanda exige al tribunal que se ordenen medidas cautelares y definitivas para frenar estas violaciones, particularmente las que atentan contra las protecciones de la Cuarta y Quinta Enmienda de la Constitución, relacionadas con la protección contra detenciones ilegales y el derecho a un proceso justo.

El abogado Mohammad Tajsar, representante principal de ACLU SoCal, calificó esta acción judicial como «sin precedentes» y denunció que las recientes operaciones migratorias son no solo inconstitucionales, sino también moralmente inaceptables. «Desde el pasado 6 de junio, personas encapuchadas y armadas han invadido nuestras comunidades, generando miedo entre las personas de color y violando sus derechos fundamentales», declaró.

Los hechos que motivaron esta demanda se hicieron visibles tras una intervención ocurrida el 22 de junio en un lavadero de autos de la ciudad de Torrance, donde agentes con chalecos de la Patrulla Fronteriza, pero sin identificación visible, ingresaron por la fuerza y detuvieron violentamente a varios trabajadores. Las imágenes de ese operativo se difundieron rápidamente en redes sociales, generando indignación.

Enmanuel, propietario del establecimiento Bubble Bath Car Wash, relató que los agentes irrumpieron incluso en las zonas restringidas del negocio, como los túneles donde se encuentra la maquinaria, y utilizaron un nivel de violencia desproporcionado. «Los trataron como si fueran criminales peligrosos, sin respetar su dignidad. Eso es inaceptable en este país», expresó el dueño.

Emily Hernández, sobrina de uno de los trabajadores detenidos, afirmó entre lágrimas que, a más de diez días de la detención, las autoridades no han proporcionado ninguna información sobre el paradero de su familiar, un inmigrante de origen salvadoreño. «Nos sentimos invisibles, como si nuestras voces no importaran, pero sí importan; mi tío importa», expresó conmovida.

Diversos testimonios coinciden en señalar que los detenidos permanecen incomunicados y en condiciones precarias en instalaciones federales, donde no se les permite el acceso a abogados ni se garantiza su bienestar básico. El abogado Mark Rosenbaum, de Public Counsel, advirtió que algunas de estas personas han sido trasladadas a lugares clandestinos «que se asemejan a calabozos», caracterizados por el hacinamiento, la falta de alimentos adecuados, la ausencia de atención médica y la negación de necesidades básicas como el acceso a camas o higiene.

«El verdadero propósito de esta ofensiva migratoria es socavar los derechos fundamentales al debido proceso y mantener en la sombra los abusos que sufren quienes son estigmatizados solo por su color de piel», señaló Rosenbaum. Aunque el tribunal aún no ha emitido una respuesta formal a la demanda, se espera que, en los próximos días, se dicten medidas para suspender los operativos denunciados y se garantice el derecho a representación legal para todos los detenidos.

Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sido notificado de la querella, pero advirtió que, debido a los días festivos por la celebración del Día de la Independencia, no ofrecerá una respuesta inmediata. Rosenbaum concluyó con contundencia: «La Constitución no toma vacaciones. Esta demanda busca poner fin a la falsa narrativa que justifica arrestos sin órdenes judiciales y la negación de derechos básicos a personas que no han cometido delito alguno».