Irán redobla la represión contra su población tras la guerra contra Israel: ejecuciones y detenciones masivas

El alto el fuego impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre Israel e Irán tras la ya bautizada como Guerra de los Doce Días aguanta firme. Ninguno de los dos enemigos jurados parece tener intención de retomar un conflicto que no ha supuesto grandes victorias. Tel Aviv no ha logrado acabar con el régimen de los ayatolás ni desmantelar por completo el programa nuclear iraní —aunque sí retrasarlo considerablemente—, mientras que Teherán ha quedado duramente tocado tanto militar como políticamente. Una delicada situación que ha llevado a la República Islámica a redoblar la represión contra su población bajo la excusa de espiar para Israel.

La organización sin ánimo de lucro Centro de Derechos Humanos de Irán (CHRI, por sus siglas en inglés) denunció la semana pasada que, en el marco de la guerra contra el Estado judío, las autoridades iraníes habían arrestado a más de 700 personas. De hecho, desde el inicio del conflicto se realizaron seis ejecuciones por cargos de espionaje, unas acusaciones que, en la mayoría de los casos, no se sustentan y donde los detenidos apenas tienen derecho a un juicio con todas las garantías procesales. «Los detenidos están siendo sometidos a juicios acelerados en tribunales irregulares, sin abogados ni el debido proceso», aseguran desde CHRI.

El director ejecutivo de la organización por los derechos humanos, Hadi Ghaemi, señala que esta nueva ola masiva de detenciones responde a una estratagema del régimen para «aterrorizar a la población y restablecer el control». Esta nueva ola represiva se siente especialmente entre las minorías. Un activista kurdo, que prefirió no ser identificado por motivos de seguridad, explicó que «en muchas ciudades kurdas, sobre todo en las más pequeñas, la situación es muy tensa. Muchos ciudadanos tienen un historial de activismo político o cívico, o participaron en las protestas Mujer, Vida, Libertad».

Por ello, asegura que desde el inicio de la guerra «la presión y las amenazas contra activistas civiles y políticos, e incluso contra personas que antes solo eran arrestadas durante las protestas, han aumentado drásticamente». Sin ir más lejos, este mismo miércoles, y con la tregua en vigor, la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), el ejército ideológico encargado de preservar la Revolución Islámica, arrestó a otras 50 personas también bajo el manido pretexto de espiar para su mayor enemigo en la región.

Según informó la agencia de noticias iraní Mehr, las detenciones se produjeron durante una operación llevada a cabo en los últimos días en la provincia de Sistán y Baluchistán, en la que murieron dos personas. Curiosamente, estas dos regiones, fronterizas con Afganistán y Pakistán, acogen a las minorías sistanis y baluchis. Ante la pasividad de la comunidad internacional, el periódico estadounidense The New York Times publicó este viernes un extenso artículo de opinión, firmado por Karen Kramer, directora del Centro de Derechos Humanos en Irán, bajo el título Irán está aterrorizando a sus propios ciudadanos. El mundo debe responder.

Kramer eleva la cifra de detenidos tras el fin de la contienda con Israel a 1.500 y advierte que esta reciente ola represiva «no es un simple endurecimiento del control autoritario». «El régimen iraní, conmocionado por las humillantes pérdidas sufridas a manos de Israel y Estados Unidos, parece estar utilizando el trauma de la corta, pero intensa guerra del mes pasado, para ajustar cuentas internas y reafirmar su autoridad absoluta mediante el miedo», escribe la activista. La directora del CHRI asegura que las autoridades iraníes han levantado puestos de control, controlados por la Guardia Revolucionaria, en zonas de mayoría kurda que llegan a rodear ciudades enteras.

«Las detenciones son quirúrgicas, sistemáticas y arrolladoras: un esfuerzo por extinguir los últimos rescoldos de resistencia cívica encendidos durante las protestas de 2022 Mujeres, Vida, Libertad y mantenidos por innumerables iraníes de a pie desde entonces en demanda de dignidad, libertad y justicia. El régimen está enviando un mensaje escalofriante, aunque demasiado familiar: la disidencia equivale a la muerte», apunta Karen.

Esta represión, además, podría recrudecerse aún más, ya que el Parlamento iraní tiene previsto sacar adelante un proyecto de ley en el que prácticamente se equipara cualquier tipo de activismo a través de internet o en redes sociales, así como el intercambio de información, con terrorismo y traición. Por lo que, de aprobarse esta normativa, cualquier iraní acusado de supuestamente socavar la seguridad nacional o compartir contenidos con medios de comunicación extranjeros podría enfrentarse a cadena perpetua o, incluso, a la muerte.