El presidente de Argentina, Alberto Fernández
El expresidente argentino Alberto Fernández, procesado por la Justicia por presunta corrupción durante su Gobierno
El expresidente enfrenta cargos por favorecer a allegados a través de un decreto que obligaba a organismos públicos a contratar con Nación Seguros; otras 33 personas también fueron procesadas
La Justicia argentina ha resuelto procesar al expresidente Alberto Fernández (2019–2023) por presuntas maniobras irregulares en la contratación de seguros durante su gestión. El juez federal Sebastián Casanello lo acusa formalmente del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, una figura penal que conlleva una posible pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la abogada Silvina Martínez, que dio lugar a la imputación formulada en febrero de 2024 por el fiscal federal Ramiro González. En la denuncia se apuntaba a posibles violaciones de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de fondos estatales. El eje de la investigación se centró en el decreto 831, firmado por Fernández en diciembre de 2021, mediante el cual se establecía la obligatoriedad de que todos los entes estatales contratasen sus seguros exclusivamente con la empresa Nación Seguros, vinculada al Banco Nación.
Según el fallo judicial, esta disposición habría favorecido de manera indirecta a personas cercanas al exmandatario, entre ellas Héctor Martínez Sosa, un bróker de seguros que resultó beneficiado por comisiones como intermediario. Martínez Sosa es esposo de María Cantero, quien se desempeñó como secretaria privada de Fernández en Casa Rosada. Ambos también fueron procesados: Cantero por incumplimiento de deberes de funcionaria pública y negociaciones incompatibles, y su marido como partícipe necesario del delito.
Asimismo, fue alcanzado por el fallo el extitular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, a quien se le imputa administración fraudulenta agravada, además de negociaciones incompatibles.
El expresidente de Argentina, Alberto Fernández
En total, la resolución judicial incluye a otras 33 personas vinculadas directa o indirectamente con los hechos investigados. Además, se dictó un embargo preventivo sobre los bienes de Alberto Fernández por un monto de 14.634 millones de pesos argentinos, lo que equivale a más de 11,6 millones de dólares al cambio actual.
Este proceso judicial representa un nuevo episodio en la larga serie de causas por presunta corrupción que han afectado a distintos expresidentes argentinos tras dejar el poder. Si bien Fernández ha negado reiteradamente cualquier intención de beneficiar a terceros mediante decretos oficiales, la investigación avanza con pruebas documentales y testimonios que apuntan a una posible estructura de privilegios tejida dentro del aparato estatal.
El caso marca también un golpe a la imagen del expresidente, quien había asumido su mandato en 2019 con un discurso centrado en la ética pública y la transparencia institucional. El desarrollo del juicio podría tener implicancias políticas no solo para su figura, sino también para sectores del peronismo que aún lo respaldan.
