Dos atentados en Antioquia y Cali dejan 18 muertos y más de 60 heridos, elevando la tensión política y militar en Colombia

Colombia vivió este jueves una de las jornadas más violentas de los últimos años, marcada por dos atentados que han estremecido al país y vuelto a poner en el centro del debate la amenaza de los grupos armados ilegales. Un helicóptero de la Policía y una base aérea de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) fueron blanco de ataques casi simultáneos que dejaron un saldo de al menos 18 fallecidos y decenas de heridos, en un contexto de creciente desconfianza hacia la política de seguridad del Gobierno.

El primer hecho ocurrió en la zona rural de El Chispero, en el municipio de Amalfi (Antioquia), donde un helicóptero policial fue derribado mientras se dirigía a una operación de erradicación de cultivos ilícitos. Doce uniformados de la unidad antinarcóticos perdieron la vida en el siniestro, que las autoridades atribuyen al frente 36 del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las extintas FARC.

Horas más tarde, en Cali, capital del Valle del Cauca, un camión cargado de explosivos estalló frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. El ataque, que tenía como objetivo directo la base aérea, terminó afectando sobre todo a la población civil: seis personas murieron y 65 resultaron heridas, según el último balance de la Alcaldía. La detonación causó severos daños materiales en la Carrera Octava, una de las arterias comerciales más transitadas de la ciudad.

En el lugar fue detenido un hombre identificado por el presidente Gustavo Petro como alias «Sebastián», miembro del EMC bajo las órdenes de alias «Marlon», ambos vinculados a lo que el mandatario ha denominado la «Junta del Narcotráfico». Petro anunció que tanto este grupo como la Segunda Marquetalia —otra disidencia de las FARC— y el Clan del Golfo pasarán a ser declarados «organizaciones terroristas» y, por lo tanto, perseguidas a nivel internacional.

El impacto político de los atentados ha sido inmediato. Mientras el presidente se desplazaba a Cali junto con la cúpula militar y policial, trascendió que el Ejecutivo evalúa la posibilidad de declarar el estado de conmoción interior, una figura constitucional de excepción que permitiría adoptar medidas extraordinarias para enfrentar alteraciones graves del orden público.

Las voces de rechazo a la violencia no se hicieron esperar. La vicepresidenta Francia Márquez calificó lo sucedido en Cali como un «acto cobarde y criminal», mientras la defensora del pueblo, Iris Marín, recordó que los ataques contra civiles constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia también condenó la explosión en Cali y exhortó al Estado a garantizar justicia y atención a las víctimas.

Desde el ámbito político, los expresidentes Iván Duque y Juan Manuel Santos coincidieron en la necesidad de reforzar la estrategia de seguridad, aunque con matices distintos. Duque advirtió que «Colombia no puede permitir jamás que el terrorismo vuelva a adueñarse de su destino», mientras Santos reclamó «liderazgo, presupuesto y apoyo» para las Fuerzas Armadas. A su vez, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, llamó a la unidad nacional para enfrentar la amenaza terrorista.

Las repercusiones trascendieron fronteras. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó su solidaridad con las víctimas y con el pueblo colombiano, en un gesto que refleja la preocupación regional por la expansión de la violencia ligada al narcotráfico.

Más allá de las condenas y los anuncios gubernamentales, los atentados revelan la complejidad del escenario de seguridad en Colombia, donde confluyen múltiples actores armados —disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo y redes criminales vinculadas al contrabando y al narcotráfico— en territorios con débil presencia estatal. Lo ocurrido en Amalfi confirma los riesgos que enfrentan las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos, mientras que el ataque en Cali evidencia la vulnerabilidad de los centros urbanos ante tácticas terroristas.

La conmoción generada por estos hechos reabre el debate sobre la eficacia de la política de paz total del Gobierno, duramente cuestionada por la falta de avances concretos en la desmovilización de los grupos armados. El desafío para el presidente Petro no es solo militar, sino también político: responder con firmeza a la ola de violencia sin renunciar a su promesa de construir un país en paz.