El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro
La Corte Suprema refuerza medidas de vigilancia por temor a una fuga del expresidente Bolsonaro
El exmandatario brasileño cumple prisión domiciliaria mientras enfrenta acusaciones por conspiración golpista y un posible intento de asilo en Argentina
El juez Alexandre de Moraes, integrante del Tribunal Supremo de Brasil, ha ordenado intensificar la presencia policial frente a la residencia del expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo régimen de prisión domiciliaria. La decisión responde a un informe de la Fiscalía que advierte de un posible riesgo de fuga, tras el hallazgo en su teléfono móvil de un borrador de solicitud de asilo en Argentina, dirigido al presidente Javier Milei.
La defensa del exmandatario sostiene que ese documento, redactado en febrero de 2024, no constituye una prueba válida, pues fue elaborado antes de que Bolsonaro fuese formalmente acusado de intentar un golpe de Estado. Sin embargo, para el magistrado De Moraes, la existencia de ese texto sumada al comportamiento reciente del exlíder brasileño refuerza la necesidad de extremar las medidas de seguridad.
En las últimas semanas, el Supremo ya había impuesto al exgobernante el uso de una tobillera electrónica, la prohibición de comunicarse en redes sociales y la limitación de contactos políticos. El incumplimiento de parte de estas restricciones precipitó la decisión de situarlo en arresto domiciliario, sanción que ahora se endurece con un refuerzo policial permanente.
El caso en el que fue incautado su teléfono forma parte de un expediente paralelo al juicio principal por conspiración golpista, cuya fase de sentencia está prevista para iniciar el próximo 2 de septiembre. Según la acusación, Bolsonaro sería el «líder» de una trama destinada a impedir la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva tras las elecciones de octubre de 2022.
A esta compleja situación se suma el papel del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, quien desde hace seis meses permanece en Estados Unidos. De acuerdo con la Policía Federal, el legislador habría realizado gestiones con figuras cercanas al expresidente Donald Trump con el objetivo de desacreditar el proceso judicial en Brasil. Incluso, se le atribuye haberse vanagloriado de haber facilitado sanciones económicas contra su propio país: Washington impuso un arancel del 50 % a las importaciones brasileñas y canceló visados a ocho jueces del Supremo y a dos ministros del Gobierno.
La defensa de Bolsonaro rechaza que las actividades de Eduardo constituyan una «obstrucción a la justicia», como sostienen las autoridades policiales. No obstante, el Supremo observa estas maniobras como parte de un intento coordinado de debilitar las instituciones y presionar sobre el juicio pendiente.
El futuro político de Bolsonaro se encuentra en un punto crítico. La eventual condena por conspiración golpista lo situaría en la mayor encrucijada judicial de su carrera, con consecuencias que podrían inhabilitarlo políticamente durante años.
