Trump retoma el esquema de deportaciones a Ruanda que los conservadores británicos no pudieron implementar

El pacto firmado por el Gobierno de Ruanda y el de Estados Unidos para acoger hasta 250 inmigrantes deportados por la administración del presidente Donald Trump ya está en marcha y los primeros inmigrantes ya han empezado a llegar a la nación africana, algo que líderes conservadores del Reino Unido intentaron hacer, pero no lograron.

«El primer grupo de siete migrantes seleccionados llegó a Ruanda a mediados de agosto (...) Tres de los individuos expresaron su deseo de regresar a sus países de origen y cuatro desean permanecer y rehacer sus vidas en Ruanda», declaró a Afp Yolande Makolo, portavoz del gobierno, sin detallar la nacionalidad de los primeros siete deportados desde EE.UU.

Ruanda, que ya ha suscrito acuerdos similares con países como Israel o el Reino Unido para acoger solicitantes de asilo o inmigrantes, se ha consolidado como un socio dispuesto en la gestión inmigratoria de la Administración Trump.

El Gobierno de Ruanda aceptó participar en el acuerdo con Washington porque «casi toda familia ruandesa ha experimentado las dificultades del desplazamiento», declaró Makolo hace unas semanas. Sin embargo, el acuerdo no deja de generar polémica: mientras algunos lo interpretan como un gesto humanitario, otros cuestionan la transparencia, las condiciones de acogida y el impacto a largo plazo de estos convenios.

Ruanda, con unos 13 millones de habitantes, afirma ser uno de los países más estables de África, y ha sido elogiado por su infraestructura moderna, pero el gobierno del presidente Paul Kagame ha sido acusado de abusos de derechos humanos y represión de disidentes políticos y de la libertad de prensa.

El acuerdo de Ruanda con EE.UU. -a diferencia del suscrito con Reino Unido- cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo estadounidense que autorizó las expulsiones a terceros países, tales como El Salvador, Sudán del Sur y Esuatini, en África meridional siempre y cuando respeten las garantías del debido proceso.

El caso británico

En julio de 2024, el recién electo primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, confirmó el fin del plan del anterior Gobierno conservador –Boris Johnson, Liz Truss y Rishi Sunak– de expulsar a inmigrantes ilegales hacia Ruanda.

El proyecto «estaba muerto y enterrado incluso antes de empezar. Nunca fue disuasivo (...), no estoy dispuesto a continuar con medidas engañosas», afirmó Starmer durante una rueda de prensa organizada tras el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno británico.

Ahora, un año después, el Gobierno de Starmer afronta una creciente tensión por los hoteles que albergan a solicitantes de asilo en varias localidades británicas y por el número récord de personas que han cruzado el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones en lo que va de año.

En este contexto, el líder de Reform UK, Nigel Farage, que está primero en las encuestas sobre intención de voto, aseguró que su formación planea deportaciones masivas de solicitantes de asilo si su formación llega al poder.

Entre las propuestas figura la detención automática de solicitantes de asilo a su llegada al Reino Unido en pequeñas embarcaciones y la deportación forzosa a países como Afganistán y Eritrea, afirmó Farage en una entrevista brindada al diario The Times.

También planea reactivar la colaboración que hizo el anterior Gobierno conservador con Ruanda y el envío de solicitantes de asilo a territorios británicos de ultramar, como la isla de Ascensión, en el Atlántico.

Para superar los escollos legales que impidieron a los conservadores británicos implementar su plan de deportación a Ruanda, entre los primeros pasos de un eventual Gobierno de Reform UK, estaría abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y derogar la Ley de Derechos Humanos, seguido de una legislación que prohíba solicitar asilo a quienes llegan al Reino Unido en embarcaciones pequeñas o pateras.