Estados Unidos despliega su mayor portaaviones en el Caribe horas después de otro ataque a una narcolancha

Los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas que operan en el mar Caribe y el océano Pacífico continúan. Poco más de un día después de una jornada que contó con hasta dos ataques, ahora el país norteamericano ha hundido una nueva embarcación, supuestamente operada por el Tren de Aragua, que ha provocado la muerte de, al menos, seis personas. El ataque, como de costumbre, ha sido anunciado en su cuenta de X por el secretario de Guerra –antes Defensa– estadounidense, Pete Hegseth. El total de muertos en esta ofensiva asciende ya hasta las 43 personas.

«Durante la noche, por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por el Tren de Aragua (TdA), una Organización Terrorista Designada (DTO), que traficaba narcóticos en el mar Caribe», ha confirmado Hegseth en sus redes sociales.

Por si fuera poco, horas después de este ataque, el Pentágono ha anunciado el despligue del portaaviones Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense, en el mar del Caribe. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, ha declarado en redes sociales que «en apoyo a la directiva presidencial de desmantelar las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT) y combatir el narcotráfico en defensa de la Patria, el Secretario de Guerra ha enviado al Grupo de Ataque de Portaaviones Gerald R. Ford y a la escuadra aérea embarcada al área de responsabilidad (AOR) del Comando Sur de los Estados Unidos. Esto reforzará la capacidad estadounidense para detectar, monitorear y desmantelar a actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad del territorio estadounidense y nuestra seguridad en el hemisferio occidental. Estas fuerzas fortalecerán y ampliarán las capacidades existentes para desmantelar el narcotráfico y reducir y desmantelar las OCT», añadió.

Por su parte, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ha asegurado que el país se prepara para un despliegue militar «que se acerca cada día más». El ministro también ha asegurado que los militares venezolanos se mantienen «inquebrantables, decididos y muy definidos a seguir defendiendo cada centímetro». «La Fuerza Armanda no va a permitir aquí un gobierno arrodillado de los intereses de Estados Unidos. Somos un país libre», dijo en la televisión estatal VTV.

La ofensiva, que Washington describe como una «guerra contra el narcoterrorismo», comenzó hace menos de dos meses y ha ido escalando con rapidez. En total, se han documentado diez ataques extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico, en los que, según fuentes oficiales, han sido destruidas casi una decena de embarcaciones. Trump ha celebrado públicamente los «resultados» de la operación, que, en sus palabras, «han salvado miles de vidas estadounidenses», y ha adelantado que la siguiente fase será «por tierra», sin detallar cómo ni dónde.

La campaña ha provocado un fuerte choque diplomático con países de Hispanoamérica, especialmente con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha acusado a Estados Unidos de violar la soberanía de su país en al menos dos de los ataques. Washington, por su parte, ha amenazado con suspender la ayuda a Bogotá y aplicar aranceles de castigo, mientras Trump ha elevado el tono personal y esta misma semana le llamó «matón» y «mal tipo» al mandatario colombiano, además de acusarlo de «producir droga a gran escala».

Según el Pentágono, la operación se ampara en una interpretación legal que considera a los cárteles de la droga como «actores armados no estatales», equiparables a grupos terroristas, lo que permitiría al presidente ordenar acciones militares sin aprobación previa del Congreso. Senadores de ambos partidos han cuestionado esta justificación, advirtiendo de que se trata de una guerra de facto sin respaldo legislativo.

El despliegue militar en el hemisferio sur, bajo la coordinación del Comando Sur, incluye una decena de buques de guerra –entre ellos un submarino nuclear– y unos 10.000 efectivos. Mientras tanto, en Hispanoamérica crece la inquietud por el precedente que sienta la campaña. Los gobiernos de Venezuela, Colombia y Ecuador han pedido explicaciones por ataques ocurridos cerca de sus aguas, y organismos de derechos humanos han denunciado que Washington actúa fuera del marco del derecho internacional, sin ofrecer información sobre las víctimas ni someter los casos a tribunales.

Precisamente, dos de esos países, Colombia y Venezuela, han acercado posturas este viernes, con la liberación de 17 ciudadanos colombianos que estaban presos en cárceles venezolanas, tal como ha informado la Cancillería colombiana. Tanto el Gobierno de Nicolás Maduro como el de Gustavo Petro han denunciado los ataques a las lanchas como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Decenas de ONG, como Amnistía Internacional, también han cuestionado las acciones de Estados Unidos por infringir el derecho internacional.

Otro país de Sudamérica, Brasil, ha intentado mediar en el asunto y su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva –antes en la mira de Trump por el juicio a Bolsonaro, pero progresivamente acercando las posturas– le ha pedido al mandatario estadounidense «hacer algo juntos» en la lucha contra el narcotráfico en vez de «invadir y combatir». Trump, por el momento, parece hacer oídos sordos.