Andriy Yermak y Volodimir Zelenski en una imagen de archivo
Los entresijos de la trama de corrupción en el Gobierno ucraniano que acorrala a Zelenski
Mientras Ucrania sigue inmersa en resistir la invasión rusa y lograr un plan de paz que respete sus derechos –este lunes Volodimir Zelenski viajó a París para reunirse con Emmanuel Macron–, el Gobierno del país sufre su mayor crisis interna desde el comienzo de la guerra. El viernes pasado, Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial, y considerado el segundo hombre más poderoso del país, presentó su dimisión tras una redada en su domicilio por parte de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción (SAPO). La medida llega en el marco del llamado caso Midas, una red de corrupción centrada en el sector energético ucraniano, que habría desviado más de 85 millones de euros de Energoatom, la empresa pública de energía atómica.
Los hechos fueron un vuelco radical en el tablero político ucraniano, pues Yermak, que acompañaba a Zelenski en cada visita oficial, ha ejercido un poder casi absoluto durante cuatro años. La dependencia del presidente hacia su mano derecha era tal que, según expertos, prácticamente nada se movía en Kiev sin su aprobación. En círculos diplomáticos occidentales se le llegó a definir como un «presidente en la sombra», por encima incluso del Parlamento y del Gobierno.
Retrocediendo en el tiempo, el desencadenante de la dimisión de Yermak fueron las grabaciones realizadas por las agencias anticorrupción a Timur Mindich, antiguo socio de Zelenski en Kvartal 95, la productora audiovisual que impulsó la carrera del ahora presidente. En esos audios, la figura de Yermak aparece como indispensable a la hora de bloquear investigaciones relacionadas con la manipulación de contratos y el blanqueo de dinero público. Según la Fiscalía Anticorrupción, Mindich actuaba como intermediario entre altos cargos del Gobierno y empresas privadas para el cobro de comisiones a cambio de contratos públicos amañados.
Ese patrón, además, se suma al cese reciente del exministro de Energía, German Galushchenko, también investigado por la misma trama, y al interrogatorio de Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, como posible implicado futuro.
Según fuentes próximas a la investigación, la trama del caso Midas funcionaba a través de una red de empresas pantalla que inflaban contratos vinculados al suministro, mantenimiento y modernización de infraestructuras energéticas. Parte de esos contratos acababan adjudicados a sociedades vinculadas a Mindich, que posteriormente redistribuía los beneficios en forma de comisiones a altos cargos políticos y funcionarios del Estado.
Un cartel de reclutamiento de la Brigada Azov de Ucrania durante un apagón parcial de electricidad en el centro de Kiev
Las grabaciones incautadas por la NABU revelan conversaciones en las que se discuten porcentajes, reparto de beneficios y mecanismos para frenar inspecciones internas. En varios de esos audios, según medios ucranianos, aparece una figura identificada con el alias de «Alibaba», al que algunos investigadores vinculan directamente con Yermak. Desde su entorno lo niegan tajantemente.
La investigación estuvo a punto de descarrilar el pasado verano, cuando Zelenski impulsó una controvertida reforma para subordinar la NABU y la Fiscalía Anticorrupción al fiscal general, un cargo nombrado por el propio presidente. La medida provocó protestas ciudadanas en plena guerra y una dura advertencia de la Unión Europea, que llegó a condicionar futuras ayudas financieras al mantenimiento de la independencia de los órganos anticorrupción. Finalmente, el presidente dio marcha atrás.
El caso Midas tiene además una enorme carga simbólica para el país. La presunta red de desvío de fondos afectaba precisamente a Energoatom, la empresa estatal que sostiene buena parte del suministro eléctrico de Ucrania en plena campaña de bombardeos rusos contra las infraestructuras energéticas. En muchas ciudades, incluidos barrios enteros de Kiev, los cortes de luz superan las doce horas diarias.
Aunque Yermak todavía no ha sido imputado, sus mensajes recientes a la prensa dejan entrever que percibe que su situación procesal podría complicarse. En declaraciones publicadas por el New York Post, afirmó: «He sido deshonrado y mi dignidad no ha sido protegida pese a que he estado en Kiev desde el 24 de febrero de 2022. No quiero generar problemas a Zelenski, estoy dispuesto a ir al frente».
Mientras tanto, la noticia de su dimisión ha sido recibida con alivio tanto por los ciudadanos –unas encuestas recientes del centro Sociopolis indican que un 70 % de los ucranianos deseaban su cese– como por la oposición, que esperan el fin de la presidencia bicéfala y la descentralización del poder, fortaleciendo la participación del Parlamento. Tanto diputados del partido presidencial como de la oposición han coincidido en que la salida de Yermak era imprescindible para desbloquear leyes clave, como los Presupuestos y varias reformas económicas exigidas por la Unión Europea.