Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos
El jefe del Pentágono, bajo acusaciones de crímenes de guerra por los ataques a narcolanchas en el Caribe
La Casa Blanca reconoció implícitamente la existencia del segundo ataque, pero exoneró a Hegseth de haber emitido la orden directa
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se ha situado en el centro de una tormenta política, jurídica y diplomática tras salir a la luz que el Pentágono ordenó un segundo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Caribe para rematar a dos supervivientes del primer bombardeo. La operación, ocurrida el pasado 2 de septiembre en aguas internacionales, ha provocado acusaciones directas de «crimen de guerra» por parte de congresistas demócratas, ha abierto una investigación en el Senado y ha obligado a la Casa Blanca a salir en defensa pública de su jefe militar.
La polémica estalló tras una investigación de The Washington Post que reveló que, después de que un primer misil impactara sobre una lancha rápida utilizada supuestamente para el tráfico de drogas, dos de sus ocupantes lograron mantenerse con vida aferrados a restos del casco. Según el relato de fuentes con conocimiento directo de la operación, el comandante al mando ordenó entonces un segundo ataque para matarlos, atendiendo supuestamente a instrucciones previas del propio Hegseth de «matar a todos» los presentes en la embarcación. En total, murieron once personas.
El Pentágono, por su parte, ha defendido la legalidad de la operación. Hegseth afirmó que estos bombardeos contra narcolanchas en el Caribe y el Pacífico son plenamente legales «bajo la ley estadounidense y la ley internacional», y aseguró que cada uno de los objetivos abatidos estaba vinculado a organizaciones que Washington considera hoy terroristas. Desde septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de una veintena de embarcaciones similares y han causado al menos 83 muertes.
La Casa Blanca también ha reforzado esta posición y su portavoz, Karoline Leavitt, reconoció implícitamente la existencia del segundo ataque, pero exoneró a Hegseth de haber emitido la orden directa y aseguró que la operación se desarrolló «en plena conformidad con el derecho en conflictos armados». Según su versión, el secretario autorizó una operación general contra una amenaza terrorista, y fue el almirante Frank Bradley, entonces jefe del Comando de Operaciones Especiales Conjunto, quien ejecutó la acción dentro de su margen de autonomía.
Pese a todo, estas explicaciones no han convencido al Congreso. El demócrata Sam Liccardo afirmó que, si las informaciones son ciertas, Hegseth debería ser considerado «plenamente responsable de homicidio». Ted Lieu, también demócrata, sostuvo que ni el memorando de la operación ni el derecho militar autorizaban «un segundo ataque cinético contra supervivientes indefensos», y calificó los hechos directamente de «crimen de guerra». Seth Moulton, veterano de guerra y miembro del Comité de Servicios Armados, fue aún más lejos: «Matar a los supervivientes es totalmente ilegal. Esto no es una cuestión política, es una cuestión de derecho internacional».
Imagen de uno de los ataques a una narcolancha en el Caribe
La polémica ha obligado también al Senado, hasta ahora más prudente, a mover ficha. El republicano Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados, junto a su homólogo demócrata Jack Reed, confirmó que el Pentágono ha recibido ya una solicitud formal de información y que se llevará a cabo una «supervisión rigurosa» para esclarecer lo sucedido. Wicker ha sido tradicionalmente un aliado de la Casa Blanca, aunque en las últimas semanas ya ha marcado distancias en asuntos como el plan de paz para Ucrania promovido por Donald Trump.
Hegseth, por su parte, ha optado por una defensa sin matices y este mismo lunes reafirmó públicamente su respaldo al almirante Bradley, a quien describió como «un héroe estadounidense», y subrayó que mantiene su apoyo «a todas las decisiones de combate» adoptadas en esa misión. Al mismo tiempo, calificó las informaciones de la prensa como «noticias falsas» y acusó a los medios de intentar desacreditar una campaña que, según su relato, está logrando golpes decisivos contra las redes del narcotráfico.
