El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, a la salida de la Asamblea Nacional
Estados Unidos sanciona a los sobrinos de Maduro y a seis nuevos barcos con petróleo venezolano
Entre los sancionados se encuentran Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, y Carlos Erik Malpica Flores
La Administración de Donald Trump ha impuesto este jueves nuevas sanciones contra tres sobrinos del dictador venezolano, Nicolás Maduro, a un empresario cercano a su régimen y a seis empresas que transportan su petróleo, según ha publicado el portal de noticias Axios. Esto supone un nuevo salto cualitativo en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Estas medidas, tienen lugar además, un día después de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a las costas del país sudamericano.
Por su parte, el Departamento del Tesoro confirmó la imposición de sanciones económicas contra tres de los sobrinos de Maduro, además de a seis buques implicados en operaciones de transporte de petróleo venezolano. Se trata de un movimiento coordinado para estrangular las principales vías de financiación del régimen, especialmente las relacionadas con PDVSA y con las redes de corrupción y narcotráfico que Estados Unidos atribuye al entorno del dictador.
Entre los sancionados se encuentran Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, cuya vinculación con actividades de narcotráfico ya había protagonizado titulares internacionales en el pasado. Junto a ellos figura también Carlos Erik Malpica Flores, con estrechos vínculos con la petrolera estatal y considerado una pieza clave en el entramado financiero del chavismo. Washington ha extendido además las sanciones a un empresario panameño señalado por facilitar operaciones comerciales irregulares.
Las medidas afectan igualmente a seis compañías navieras y sus embarcaciones, acusadas de actuar como vehículos del comercio petrolero venezolano destinado a evadir sanciones previas. Estados Unidos insiste en que estas redes no solo sostienen económicamente al régimen, sino que estarían implicadas en actividades ilícitas que amenazan la estabilidad de la región.
La escalada se enmarca en un contexto especialmente tenso tras la incautación, este miércoles, de un gran petrolero en aguas del Caribe, considerado por Washington como uno de los mayores buques confiscados hasta la fecha en operaciones de este tipo. La nave, procedente de un puerto venezolano y con ruta hacia Cuba, fue detenida en el marco de una operación conjunta de la Guardia Costera y la Marina estadounidense.
El régimen de Maduro reaccionó de forma airada, calificando el acto de «piratería internacional» y denunciándolo como una agresión directa contra los intereses soberanos de Venezuela. Caracas sostiene que la operación constituye una violación flagrante del derecho marítimo y acusa a Estados Unidos de intentar paralizar totalmente el comercio petrolero del país caribeño.
Washington, por su parte, justifica tanto la incautación como las nuevas sanciones en la necesidad de frenar el flujo económico que, a su juicio, permite a Maduro mantenerse en el poder pese al deterioro institucional y económico de Venezuela. La Casa Blanca insiste en que su política busca desmantelar estructuras criminales y presionar por una transición democrática.
