El presidente de Bolivia, Luis Arce
La Justicia boliviana envía a prisión preventiva al expresidente Luis Arce por presunta corrupción de fondos indígenas
El juez aprecia riesgo de obstrucción del proceso y ordena cinco meses de cárcel en el penal de San Pedro mientras se investiga el destino de más de 3.500 proyectos financiados con fondos públicos
Un juez anticorrupción de Bolivia ordenó este viernes el ingreso en prisión preventiva durante cinco meses del expresidente Luis Arce, en el marco de una investigación por presuntos malos manejos de recursos públicos cuando ejercía como ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).
La decisión fue adoptada por el juez Mario Helmer Laura tras más de seis horas de audiencia cautelar virtual, en la que concluyó que el exmandatario no logró desvirtuar plenamente el riesgo de obstaculización del proceso, pese a haber acreditado domicilio estable y actividad laboral en La Paz.
Arce fue trasladado a la cárcel de San Pedro, situada en el centro de la capital boliviana, en un operativo con fuerte dispositivo policial, después de haber permanecido detenido desde el miércoles en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc). A su ingreso en el penal, el expresidente se limitó a afirmar ante los medios: «No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes».
El juez dispuso que Arce deberá «defenderse con una medida extrema de detención preventiva» y precisó que podrá solicitar salidas judiciales por motivos médicos en cualquier momento. Asimismo, ordenó a la Dirección de Régimen Penitenciario que garantice su seguridad física en un espacio diferenciado del resto de la población reclusa.
La Fiscalía imputó al exmandatario por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, al considerar que, durante su etapa al frente del Ministerio de Economía, autorizó desembolsos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron solo de manera parcial.
Según el Ministerio Público, se financiaron más de 3.500 proyectos, de los cuales menos de la mitad fueron concluidos, y se detectaron transferencias a cuentas particulares de dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas. La Fiscalía subrayó que el proceso se circunscribe a los actos realizados cuando Arce era ministro y no presidente, por lo que se sigue por la jurisdicción ordinaria y no mediante un juicio de responsabilidades.
Durante la audiencia, Arce se declaró «absolutamente inocente» y atribuyó su detención a motivaciones «claramente políticas». También denunció que su arresto fue «ilegal» y aseguró que fue interceptado por personas encapuchadas y trasladado en dos vehículos sin que, según su versión, se le mostrara inicialmente la orden de aprehensión.
La defensa solicitó su libertad «pura y simple», alegando la edad del político, 62 años, y que padece cáncer como atenuantes para evitar la prisión preventiva, aunque el juez señaló que no se presentaron certificados médicos actualizados que respaldaran esa petición.
