La detención de un arqueólogo ruso en Polonia reabre el conflicto legal de la anexión de Crimea

Myrmekion es una antigua ciudad griega del Siglo VI a.C. de colonos jónicos en lo que hoy es el territorio de Kerch, en la península de Crimea, en la costa del mar Negro. Fue un centro local de producción y comercio y forma parte del patrimonio arqueológico vinculado al Reino del Bósforo.

Alexander Butyagin, arqueólogo y responsable del Departamento de Arqueología Antigua del Museo Estatal del Hermitage de San Petersburgo, ha estado a cargo de la expedición del yacimiento de Myrmekion desde 1999. Sin embargo, Ucrania considera que la continuación de estos trabajos sin su permiso constituye una infracción grave y un expolio del patrimonio nacional.

Según fuentes ucranianas, él ha dirigido y participado en excavaciones en este yacimiento durante todo el período posterior a la ocupación por parte de Rusia extendiéndose, al menos, hasta 2019, y con actividad señalada hasta fechas recientes.

Ucrania acusó en noviembre de 2024 a Butyagin de excavar «ilegalmente» en la Crimea anexada sin obtener permisos de las autoridades ucranianas, y solicitó una orden de arresto internacional, que activó mecanismos de cooperación judicial para su localización y captura. Según la legislación ucraniana, cualquier actividad científica o económica realizada en la península de Crimea sin permiso de Kiev constituye un delito, al considerar el territorio como ocupado ilegalmente. Ucrania sostiene que las excavaciones, realizadas entre 2014 y 2019, provocaron daños graves al patrimonio histórico y cultural al alterar estratos arqueológicos protegidos y extraer materiales sin supervisión de las autoridades competentes.

Las autoridades ucranianas cifran los daños patrimoniales en varios millones y consideran que los hechos podrían ser constitutivos de delitos penales relacionados con la destrucción y apropiación indebida de bienes culturales.

El arqueólogo fue detenido el 4 de diciembre en un hotel de Varsovia por agentes de la Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW), mientras se encontraba de tránsito en la capital polaca durante un viaje académico desde los Países Bajos hacia otros países de Europa, donde tenía previstas varias actividades profesionales.

Polonia ha justificado la detención alegando que actúa conforme a sus obligaciones internacionales de cooperación judicial

Polonia ha justificado la detención alegando que actúa conforme a sus obligaciones internacionales de cooperación judicial. Como Estado miembro de la Unión Europea y parte de acuerdos multilaterales en materia penal, Varsovia está obligada a ejecutar órdenes de arresto cuando estas cumplen los requisitos legales, independientemente de la nacionalidad del reclamado.

Tras comparecer ante el Tribunal del Distrito de Varsovia, el juez ordenó el ingreso en prisión preventiva durante un periodo máximo de 40 días de Alexander Butyagin, –hasta el 13 de enero–, mientras se tramita formalmente la solicitud de extradición presentada por Kiev.

Fuentes judiciales polacas han subrayado que la prisión preventiva no implica una decisión sobre la extradición, sino que tiene como objetivo garantizar la disponibilidad del detenido mientras se evalúa la solicitud ucraniana y se escuchan los argumentos de la defensa. Si fuera extraditado, Butyagin se sometería a juicio y si fuese declarado culpable podría enfrentarse en Ucrania a penas de hasta diez años de prisión.

La reacción de Rusia

La respuesta de Moscú ha sido inmediata y contundente. El Kremlin ha calificado la detención de «arbitraria» y ha denunciado lo que considera un uso político de los mecanismos judiciales internacionales. El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, ha afirmado que se trata de un caso motivado por razones políticas y no legales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha anunciado que proporcionará asistencia consular a Butyagin y que utilizará los canales diplomáticos disponibles para lograr su liberación. Desde Moscú también se ha advertido a los ciudadanos rusos sobre posibles riesgos al viajar a Polonia, al considerar que no se garantiza un trato imparcial en casos relacionados con Ucrania o Crimea.

Rusia sostiene que las excavaciones se llevaron a cabo en territorio que considera parte integrante de la Federación Rusa y en el marco de proyectos científicos legales autorizados por sus instituciones culturales.

El núcleo del conflicto reside en la disputa sobre la soberanía de Crimea. Tras la anexión rusa en 2014, no reconocida por Ucrania ni por la mayoría de la comunidad internacional, Kiev mantiene que cualquier actividad en la península sin su autorización viola su legislación y el derecho internacional. Este enfoque ha llevado a Ucrania a abrir causas penales no solo contra Butyagin, sino también contra otros investigadores rusos implicados en proyectos similares en Crimea.

La detención en Polonia del arqueólogo reabre la situación legal de Crimea en pleno contexto de «negociación» para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia.

Desde que en febrero de 2014 tropas rusas ocuparan Crimea, la península «vive» bajo el mandato ruso; en concreto, la autoridad máxima es Serguéi Aksiónov, quien ocupa el cargo de primer ministro de Crimea desde 2014, bajo la administración rusa.

El motivo declarado por Rusia para invadir Crimea fue proteger a la población de habla rusa y defender intereses estratégicos, incluyendo la base naval de Sebastopol. A finales de marzo de 2014, tras un referéndum organizado bajo control militar ruso, Rusia anexó «formalmente» Crimea.

«En nuestros corazones, Crimea ha sido siempre rusa. Era cuestión de tiempo», dijo entonces Vladímir Putin. Señalando que, «en Crimea están las tumbas de los soldados rusos, y la ciudad de Sebastopol es la patria de la Flota del mar Negro».

El acuerdo de anexión lo firmaban: el presidente de Rusia, Vladímir Putin; el primer ministro de Crimea, Serguéi Aksiónov; el presidente del parlamento regional, Vladímir Konstantínov; y el jefe de la ciudad de Sebastopol, Alexéi Chali. Tras la formalización del «acuerdo», tanto Crimea como Sebastopol se convirtieron «automáticamente» en «entidades integrantes» de la Federación Rusa. Con el acuerdo los residentes de Crimea obtendrían la ciudadanía rusa de facto, salvo que bajo en el plazo de un mes declarasen su intención de conservar la ciudadanía anterior, es decir, la ucraniana.

Anexión ilegal

La comunidad internacional consideró la anexión ilegal: las Naciones Unidas aprobaron resoluciones que declaraban que Crimea seguía siendo parte de Ucrania. Y pocos países reconocieron el nuevo estatus de la península –Siria, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela, Bielorrusia, Afganistán–. La Unión Europea, Estados Unidos y la ONU continúan considerando Crimea como territorio ucraniano ocupado.

El 27 de marzo de 2014, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 68/262, titulada «Integridad territorial de Ucrania». El texto fue adoptado por cien votos a favor, 11 en contra y 58 abstenciones como reacción a la ocupación militar rusa de Crimea y al referéndum celebrado en la península el 16 de marzo de 2014. La resolución no es jurídicamente vinculante (las decisiones de la Asamblea General no lo son), pero manifiesta la posición política y jurídica de la mayoría de los Estados miembros de la ONU sobre este asunto.

La resolución expresa la posición de amplia mayoría de la comunidad internacional sobre Crimea: considera que la anexión no tiene base legal bajo el derecho internacional y que las fronteras de Ucrania reconocidas internacionalmente deben ser respetadas. Ahora, en plenas «negociaciones» por el fin de la guerra en Ucrania no solo está en juego la situación legal de la península de Crimea, también las de otros territorios como la Región del Donbás (Lugansk y Donetsk), Kherson y Zaporiyia.