Noruega advierte a los ciudadanos: sus bienes podrán ser confiscados en caso de guerra

El 19 de enero de 2026, la Organización Logística de las Fuerzas Armadas de Noruega envío unas 13.500 notificaciones conocidas como «requisiciones preparatorias» a propietarios de distintos bienes considerados potencialmente útiles para defensa en caso de guerra o conflicto grave.

No es la primera vez que el Estado manda estas notificaciones. El pasado año, Noruega envió cartas similares a unos 14.000 ciudadanos con aviso de requisición preparatoria, como parte de un «mecanismo de planificación» en caso de que el país entre en conflicto bélico.

Las cartas avisan: si se produjese un conflicto, sus bienes podrán ser requisados temporalmente por el Estado para apoyar operaciones de defensa del país.

Las notificaciones no tienen impacto práctico en tiempos de paz: los dueños conservan sus bienes y su uso normal, las cartas solo indican una posibilidad en un escenario hipotético de guerra. Por ello, Noruega ha señalado que la medida forma parte de la preparación para situaciones de crisis y guerra. Sin embargo, diversas fuentes constatan que el país vive un momento en el que considera su situación de seguridad como la más grave desde la Segunda Guerra Mundial.

Según declaraciones del general de división Anders Jernberg, jefe de la Organización Logística de las Fuerzas Armadas, la idea es evitar incertidumbres legales y logísticas si alguna vez surge un conflicto real: saber con antelación qué recursos existen, dónde están y quién es su propietario permite a los militares planificar con mayor eficiencia.

Esta comunicación se produce en un contexto de fortalecimiento de las capacidades de defensa y preparación civil en Noruega, que incluye aumentos en el gasto militar y revisiones de planes de emergencia ante tensiones en el norte de Europa y en el Ártico, donde el país tiene frontera terrestre y marítima con Rusia. Noruega ha decidido declarar 2026 como el «Año de la Defensa Total», una iniciativa conjunta del Gobierno, la Dirección de Protección Civil y las Fuerzas Armadas noruegas, para reforzar la cooperación entre instituciones civiles y militares y aumentar la preparación del país ante crisis, emergencias graves o posibles conflictos.

Hasta ahora no hay evidencia de que otros países europeos hayan enviado comunicaciones nominativas a propietarios civiles como este tipo de cartas preparatorias en el mismo formato en los últimos años. Sin embargo, otros países sí que han puesto en práctica otras acciones para contrarestar las tensiones geopolíticas –la gran mayoría han reforzado sus ejércitos, actualizado planes de movilización o incluso reintroducido el servicio militar–, pero la notificación directa a propietarios sobre posibles requisiciones de bienes privados es una práctica que destaca en el caso de Noruega.

Lo que ha sorprendido del caso noruego no es tanto el contenido legal de las cartas, que forma parte de un proceso de planificación previsto en la legislación del país, sino su manera explícita de comunicarlas a la población en tiempos de paz. Aunque no implica requisiciones efectivas ahora ni una confiscación actual de bienes, el gesto refleja la profundidad con la que Noruega está evaluando y reforzando su preparación para escenarios extremos.

El caso de España

Varios países tienen marcos legales que permitirían requisar bienes privados en tiempos de guerra o emergencia nacional, aunque el mecanismo exacto y la forma de aviso varían. Esto no significa que los países lo hagan de manera activa hoy, pero la Ley lo contempla.

• Reino Unido: la Civil Contingencies Act y leyes previas permiten al gobierno tomar posesión de bienes, propiedades y recursos en emergencias graves o guerra.

• Alemania: la Ley de Emergencia y Defensa (Notstandsgesetze) permite la requisición de propiedades y recursos civiles en caso de guerra o crisis extrema.

• Francia: el Código de Defensa autoriza al Estado a apoderarse de bienes y servicios privados necesarios para defensa nacional en situaciones excepcionales.

• Suiza: en teoría, la Ley permite la requisición de propiedades privadas y recursos estratégicos para defensa civil y militar.

• Estados Unidos: bajo la Defense Production Act, el gobierno puede tomar control temporal de fábricas, materias primas y propiedad privada en tiempos de guerra o emergencia nacional.

• Canadá: la Emergencies Act permite al gobierno federal requisar bienes privados en emergencias nacionales.

• Japón: la Ley de Gestión de Emergencias permite al gobierno requisar propiedad privada, alimentos y equipo en caso de guerra o catástrofe extrema.

• Australia: la Defence Act y la National Emergency Declaration contempla la toma temporal de bienes privados necesarios para defensa o emergencia nacional.

En el caso de España encontramos la base legal en el Artículo 128 dentro del Título VII (Economía y Hacienda), que establece el marco constitucional para la intervención del Estado en la propiedad o recursos privados por interés general: «1. Toda la riqueza del país, cualquiera que sea su titular, está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y se puede reservar al sector público recursos o servicios esenciales o acordar la intervención de empresas cuando lo exija el interés general.»

En el caso de una guerra o gran emergencia sería el Artículo 128 el que determinaría la base que permitiría al Estado una posible confiscación de bienes. Eso sí, en el caso español requeriría de una declaración formal y posterior compensación.