Meloni blinda las fronteras italianas y reactiva las deportaciones de inmigrantes ilegales a terceros países

El Gobierno conservador de Giorgia Meloni aprobó el miércoles un paquete de medidas migratorias que incluye la potestad de aplicar bloqueos navales temporales y un procedimiento acelerado para el retorno inmediato de inmigrantes desde las fronteras.

El Consejo de Ministros de Italia dio luz verde a un proyecto de ley que integra el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea (UE), pero que también introduce reformas de seguridad nacional para blindar las fronteras italianas.

«La medida introduce una reforma integral destinada a reforzar los instrumentos para combatir la inmigración ilegal y garantizar una gestión más rigurosa de los flujos migratorios», se indica en la reseña del Consejo de Ministros.

Entre las medidas más destacadas se incluye la posibilidad de prohibir el cruce de las aguas territoriales a naves «ante la presencia de amenazas graves para el orden público o la seguridad nacional».

Esta disposición busca «afrontar situaciones de afluencia masiva e instrumentalizada de migrantes» por vía marítima.

Asimismo, se establece un sistema de vigilancia que permite actuar «preventivamente» sobre las rutas migratorias y reforzar la cooperación con las agencias europeas (Frontex) para el control de las fronteras marítimas y terrestres.

El texto introduce un «procedimiento acelerado de retorno en frontera» que se llevará a cabo directamente en los pasos fronterizos o zonas de tránsito.

Este mecanismo permitirá el «alejamiento inmediato» de personas provenientes de países seguros o de aquellos cuyas solicitudes de asilo sean consideradas «manifiestamente infundadas».

También «se amplían las circunstancias en las que un juez, tras una condena, puede ordenar la expulsión o el retorno de un extranjero, y se establece un procedimiento acelerado para la expulsión de extranjeros detenidos a terceros países distintos del de pertenencia o procedencia» con los que Italia tenga acuerdos y a centros «con fines de repatriación», indica la nota del Gobierno.

En el ámbito penal, se amplía el catálogo de delitos que conllevan la expulsión automática, incluyendo ahora la resistencia a funcionarios públicos y la participación en disturbios dentro de los centros de detención (CPR).

Evitar abusos del sistema de asilo

Las nuevas normas también afectan al acceso a la protección complementaria, estatus para extranjeros que no califican como refugiados pero tienen arraigo o riesgos en su país, y las reagrupaciones familiares.

En concreto, el Gobierno italiano señala que para evitar «el uso instrumental de las normas sobre vínculos familiares», el proyecto de ley introduce criterios de «mayor rigor».

Para obtener la protección complementaria, se exigirán ahora requisitos que demuestren «la existencia efectiva de vínculos familiares y de integración social», tales como duración de la estancia en el territorio nacional, y quedarán excluidos aquellas personas con condenas por delitos que conlleven «peligrosidad» del solicitante.

Sobre las reagrupaciones familiares, el texto destaca que el objetivo es «limitar el abuso del instrumento» y «garantizar el acceso a los beneficios» a quien se encuentre en condiciones de «vulnerabilidad objetiva y carezca de apoyo adecuado en el país de origen».

En cuanto a la acogida, el documento es tajante: las prestaciones se revocarán de forma inmediata si el solicitante abandona el centro asignado o si se demuestra que dispone de «medios económicos suficientes», obligando en este último caso a la devolución de los costes sufragados por el Estado.