Irán intensifica la represión en plena guerra: detenciones por «espionaje» y puestos de control en cada calle

La historia se repite en la República Islámica de Irán. Como ya ocurrió durante la bautizada Guerra de los Doce Días el pasado mes de junio, el régimen de los ayatolás –ahora más débil que nunca– ha intensificado la represión contra su propia población en medio del conflicto con Estados Unidos e Israel. Las calles de las principales ciudades iraníes, entre ellas la capital, Teherán, se han fortificado y plagado de puestos de control comandados por las temidas milicias Basij, una fuerza paramilitar dependiente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (CGRI) y principal pilar de la opresión en el país. No llevan uniformes ni una placa distintiva. Normalmente se desplazan en moto o a pie y se les distingue por llevar consigo armas de fuego, porras, palos o cualquier arma antidisturbios.

A este cuerpo, formado por alrededor de un millón de voluntarios, se le atribuye la brutal violencia ejercida contra los manifestantes durante las últimas manifestaciones que comenzaron en el bazar de Teherán el pasado 28 de diciembre y se propagaron por todo el país durante semanas. Organizaciones de derechos humanos como HNARA, con sede en Estados Unidos, han confirmado 7.007 iraníes muertos a manos de las fuerzas de seguridad del régimen de los ayatolás –la mayoría en apenas 48 horas–, mientras que investigan otros 11.000 casos más. Otros, como el Centro Internacional de Derechos Humanos (ICHR), de Canadá, hablan de 43.000 asesinatos y más de 350.000 heridos. La República Islámica solo ha reconocido el fallecimiento de 3.117 personas.

Un informe presentado este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU revela, a través de múltiples testimonios, cómo los manifestantes, incluidos niños, fueron tiroteados a quemarropa y brutalmente golpeados por las fuerzas de seguridad iraníes, que tampoco dudaron en allanar hospitales. En un informe de 17 páginas, la relatora de la ONU para Irán, Mai Sato, sostiene que decenas de miles de manifestantes, así como profesionales médicos y abogados, fueron detenidos arbitrariamente, recluidos en régimen de incomunicación y privados de representación legal.

Ahora, muchos de los detenidos, incluidos niños, se enfrentan a la pena de muerte. Sato explicó que se tratan de «patrones sistémicos» e insistió en que «la situación se ha deteriorado aún más» desde el inicio de la guerra. La relatora japonesa apuntó asimismo, durante una rueda de prensa desde la sede de Ginebra, que las víctimas durante las protestas «podrían llegar a las 17.000». «La cifra que incluí en mi informe al Consejo de Derechos Humanos es de más de 7.000 pero es una estimación conservadora, basada en verificación rigurosa. La organización que las documenta señala que otras 10.000 personas aún no han sido identificadas», aclaró.

Ante el miedo de un nuevo levantamiento, la República Islámica ha vuelto a sacar a todos sus acólitos a las calles, pero no para proteger a su población en medio de una guerra en la que las bombas caen a diario, sino para amedrentar a los iraníes. Desde que empezó la operación militar israeloestadounidense contra el país persa el pasado 28 de febrero, el régimen ha arrestado a más de 500 personas a las que acusa de «espionaje». Según la agencia de noticias Fars, el jefe de la Policía de Irán, Ahmad-Reza Radan, especificó que 250 de los detenidos eran personas con «casos importantes» que habían estado en contacto con ciertos grupos y medios de comunicación extranjeros, proporcionando información e identificando objetivos, facilitando los ataques contra estas instalaciones.

Sin ir más lejos, este sábado las autoridades iraníes anunciaron el arresto de 93 supuestos «alborotadores monárquicos» que buscaban «incitar a la opinión pública» y «crear el caos». Con la guerra entrando en su tercera semana, los iraníes no solo temen las bombas que caen sobre sus cabezas, sino también a las Fuerzas de Seguridad del Estado que, lejos de ofrecerles protección, les persiguen y acosan hasta el interior de sus hogares.

A esto hay que sumar el bloqueo de internet impuesto una vez más por el régimen iraní. Iraníes residentes en España, contactados por El Debate y que prefieren hablar bajo anonimato por miedo a represalias, denuncian que las autoridades no advierten a la población de cuándo se va a producir un bombardeo y que tampoco han habilitado refugios o búnkeres seguros, dejando a los civiles completamente desprotegidos ante los ataques.

Asimismo, denuncian que, tras los continuos bombardeos contra instalaciones y bases militares, los líderes y altos cargos de la República Islámica han optado por refugiarse en colegios y hospitales, utilizando a su propia población como «escudos humanos». En los últimos días, Estados Unidos e Israel han atacado con drones los puestos de control de la milicia Basij en ciudades como Teherán.

El pasado viernes, la Administración de Donald Trump ofreció unos diez millones de dólares por información sobre los líderes de Irán, entre ellos el nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei –hijo de Ali Jamenei, fallecido durante el primer día de ataques contra el país–, o el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani, así como otros ocho altos cargos. Incluso antes del anuncio de Washington, el jefe de la Policía de la República Islámica amenazó con tratar como «enemigos» a cualquiera que salga a las calles para protestar contra el régimen.

«Si alguien se presenta a favor de los deseos del enemigo, ya no lo veremos simplemente como un manifestante, lo veremos como un enemigo», advirtió Radan este miércoles en declaraciones a la emisora estatal IRIB. Pero sus intimidaciones no se quedaron ahí y agregó: «Les haremos lo mismo que a un enemigo. Los trataremos como tratamos a nuestros enemigos».

El jefe de la Policía de Irán aseguró, además, que todas las fuerzas de seguridad «están listas, con las manos en el gatillo, preparadas para defender su revolución». Desde los medios oficiales también se han lanzado amenazas contra la población, incluidos los iraníes que se encuentran fuera del país, asegurando que pueden ser despojados de todos sus bienes, aunque, en sus propias palabras, este es «el menor» de los problemas a los que se podrían enfrentar por oponerse a la teocracia islamista.