50 años del golpe de Estado a «Isabelita Perón»: el día que Argentina perdió el juicio
El recuerdo negro de esos años se oscurece. Los que tenían que defender a la sociedad la secuestraron, la maltrataron, la hicieron desaparecer y los civiles que se pusieron al margen de la ley prefieren no recordar
María Estela Martínez de Perón un una escena que recuerda el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976
María Estela Martínez de Perón, de 93 años, recordará hoy en su casa de Villafranca del Castillo, aquel 24 de marzo de 1976 en Buenos Aires. La viuda del presidente y general, Juan Domingo Perón, estaba resignada a dejar el poder heredado. Había convocado elecciones y solo le quedaba esperar a que se celebrasen. Por esta razón, la posibilidad de un golpe de Estado, pese a los rumores, para ella no tenía sentido, pero el sentido es justo lo que se había perdido en Argentina tiempo atrás.
Las Fuerzas Armadas decidieron tomar el poder por las bravas. Sentían el respaldo de una población que renegaba de «Isabelita», como se conocía popularmente a la vicepresidenta que había ascendido a la más alta magistratura de la nación (1974-76) tras la muerte del gran caudillo argentino.
Cuatro Juntas Militares ocuparon sucesivamente el poder durante siete años. Lo llamaron Proceso de Reorganización Nacional. El terrorismo de Estado dio la cara desde el primer día con señas de identidad propia, aunque con rasgos similares a los del primer año del golpe de Augusto Pinochet en Chile, en noviembre de 1973. Desapariciones forzosas, torturas, violaciones, saqueo y robo de bebés formaron parte de su historial de terror.
Si en Chile Pinochet pudo presumir de recuperar la economía y generar con los «Chicago boys» un periodo de crecimiento y desarrollo sostenido, en Argentina sucedió lo contrario. Los gobiernos militares terminaron de hundir la economía reventada por «Isabelita» y sumieron al país que presumía de ser el granero del mundo y de haber tenido las repisas de las paredes del Banco Central repletas de lingotes de oro, en la miseria.
Agitar la bandera del nacionalismo como último recurso para sostenerse en el poder tampoco funcionó. La guerra de las Malvinas, la última bala del general Leopoldo Fortunato Galtieri, se convirtió en el tiro de gracia de la dictadura y terminó de sepultar lo único que quedaba a flote: la moral de los argentinos.
La convocatoria, el 30 de octubre de 1983, de elecciones por la cuarta y última Junta Militar, presidida por el general Reynaldo Bignone, dio como resultado la victoria de Raúl Alfonsín (Unión Cívica Radical). Con el socialdemócrata, –comparado en su día con Adolfo Suárez pese a las diferencias ideológicas–, comenzó la transición a la democracia el 10 de diciembre de 1983.
Alfonsín dictó las leyes de Punto y Final y de Obediencia Debida que pusieron un límite de tiempo a la presentación de denuncias de abusos del régimen y limitaron la responsabilidad penal a los oficiales y jerarcas del régimen. El presidente también creó la CONADEP (Comisión Nacional para la Desaparición de Personas), el texto base para el juicio que sentaría en el banquillo a las tres primeras juntas militares.
8.960 personas fue la cifra de desaparecidos documentada por la CONADEP
El balance en números de aquellos años que se conoció en ese tribunal de argentinos juzgando a argentinos, a diferencia de lo que sucedió en Nuremberg, estremece. 814 centros clandestinos de detención, 8.960 personas fue la cifra de desaparecidos documentada y revisada por la CONADEP. Pero el mito de los 30.000 desaparecidos calaría hasta el punto de hacerse oficial durante el gobierno (2003-2007) de Néstor Kirchner.
Graciela Fernández Meijide, ex ministra, miembro de la CONADEP y madre de Pablo, —detenido desaparecido hasta hoy—, me recordaría que esa cifra de fantasía se fraguó en Madrid. «Los exiliados en España habían formado la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Entonces, no existía la figura de desaparición forzada. Eduardo Luis Duhalde me contó allí que pusieron ese número para poder apelar a la figura de genocidio y denunciar lo que estaba pasando».
Ironías de la historia, ese mismo individuo, designado posteriormente secretario de Derechos Humanos por Néstor Kirchner, fue el que decidió convertir la ficción en realidad y añadir un nuevo prólogo al de Ernesto Sábato en el Nunca Más, –donde están documentados los casos–, dejando en segundo plano el del escritor argentino.
De aquellos siete años de terror, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos registró 1.898 personas asesinadas por fuerzas de seguridad del Estado, 220 niños desaparecidos documentados y 500 estimados. La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, hasta julio del año pasado, había logrado recuperar 140 nietos, arrebatados a sus madres en los centros clandestinos de detención o durante su captura.
Los documentos del Juicio a las Juntas Militares llegaron a pesar tres toneladas. Solo desde Naciones Unidas en Buenos Aires recibieron 700 kilos de documentos, como refleja el libro, Nada más que la verdad, de los periodistas Sergio Ciancaglini y Martín Granovsky. Las audiencias duraron 900 horas, todas quedaron grabadas en 147 cintas de casete y una copia la envió en secreto el tribunal a Oslo para su custodia en una sala blindada a prueba de explosiones atómicas.
Condenados a cadena perpetua los principales jerarcas (algunos fueron absueltos o con penas menores) y los principales responsables de las atrocidades cometidas por el régimen, el presidente Carlos Menem los indultaría en 1989 y 1990 junto a los guerrilleros que a su vez habían sembrado el terror en los años 70.
Durante el gobierno de Néstor Kirchner, los indultos quedarían anulados. Se reabrieron causas judiciales, no se respetó en buena parte de ellas el debido proceso y ancianos enfermos como Jorge Rafael Videla morirían en condiciones lamentables en la prisión de Marcos Paz. «Mira que yo he odiado a Videla, pero fue una vergüenza que muriera así en la cárcel», reflexionaría Meijide tras conocerse que el dictador no fue atendido en prisión tras sufrir una caída. El certificado de defunción oficial diría que fue víctima de un paro cardiaco.
El Gobierno de Javier Milei y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, —pese a sus notables diferencias— denuncian que hay «una memoria incompleta» que pone a los militares en primera línea de fuego y se olvida de lo que hicieron las guerrillas.
Hoy, a 50 años del golpe a la viuda de Juan Domingo Perón, el recuerdo negro de esos años se oscurece. Los que tenían que defender a la sociedad la secuestraron, la maltrataron, la hicieron desaparecer y los civiles que se pusieron al margen de la ley prefieren no recordar.
