Antonieta Jurado de Otero: «A mi hijo le negaron la amnistía por el hecho de ser parte de una familia perseguida»

Antonieta Jurado de Otero ha vivido de primera mano la persecución del régimen chavista por el simple hecho de que su empresa familiar, el diario El Nacional, publicó en 2023 un trabajo de investigación titulado Nicolasito y sus testaferros, en referencia al hijo de Nicolás Maduro. A raíz de esto, el régimen impuso medidas cautelares que, entre otras cosas, impiden a su hijo Stabros Makriniotis Jurado-Blanco salir de Venezuela.

La publicación digital de El Nacional se basó en los comunicados emitidos el 23 de julio de 2020 por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en los cuales se informó la imposición de sanciones contra Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández por presuntos hechos vinculados con corrupción y esquemas ilícitos relacionados con el régimen de Nicolás Maduro.

Sin embargo, tras la publicación, los hermanos Morón Hernández promovieron una denuncia ante el Ministerio Público que poco después giró medidas cautelares contra C.A Editora El Nacional, su director Miguel Henrique Otero, contra Argenis Martínez —quien para esa fecha ya había fallecido— contra los periodistas que firmaron la publicación y contra Stabros Makriniotis Jurado-Blanco quien había renunciado a su cargo de Gerente General de El Nacional en 2021, es decir antes de la publicación que dio origen a la acusación de los hermanos Morón Hernández.

El Ministerio Público abrió una causa penal por el supuesto delito de «promoción o incitación al odio», previsto en el artículo 20 de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, norma dictada por el régimen chavista que castiga a quien «públicamente fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o grupo de personas».

Las medidas preventivas cautelares impuestas a Makriniotis Jurado-Blanco, el único de los acusados que permanece en Venezuela, incluyen la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles, el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y cualquier otro instrumento financiero y prohibición de salir del país.

En entrevista con El Debate, Jurado de Otero, denunció que «desde el 13 de enero de 2023, mi hijo ha sido arrastrado a un proceso que no le correspondía ya que lleva tres años y dos meses soportando medidas cautelares, en una situación abiertamente contraria a la ley. No solo se le ha sometido a una injusticia, sino a un castigo prolongado, inmerecido y profundamente doloroso».

Makriniotis Jurado-Blanco no era autor del trabajo periodístico en cuestión, no lo firmó, no participó en su elaboración y nunca fue representante legal de la empresaAntonieta Jurado de Otero

Según Jurado de Otero, la legislación aplicada al caso, en lugar de evitar el odio ha promovido el ensañamiento contra su familia: «El odio convertido en injusticia ha caído sobre nosotros sin razón y sin ley. No ha sido un hecho aislado, sino una cadena de atropellos continuos, sistemáticos, un patrón de abuso que nos mantiene como víctimas de decisiones que desconocen la ley, el debido proceso y la verdad. Mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez expresa públicamente 'no más odio, no más intolerancia', al tiempo que llama en televisión pública a 'pasar para siempre la página del odio y del extremismo' en Venezuela, nosotros seguimos padeciendo la arbitrariedad y el dolor de ver cómo se castiga a una familia que solo pide justicia».

Precisamente, la defensa de su hijo intentó acogerse a la reciente ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela, bajo presión de Estados Unidos, sin embargo, tal solicitud fue rechazada el pasado 5 de marzo argumentando que el caso de Makriniotis Jurado-Blanco «no se subsume en los requisitos establecidos en el artículo 7 y en algunos de los numerales del artículo 8 de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática».

Ley de Amnistía aprobada por el chavismo solo contempla «delitos o faltas, cometidos y acaecidos en el contexto» de los hechos «violentos por motivos políticos» taxativamente establecidos entre el período de 2002 y 2025. La persecución a periodistas o comunicadores por sus críticas al régimen estarían excluidos de dicha amnistía.

«Como madre, esa negativa me partió el alma. Porque una amnistía no era un privilegio: era apenas un acto mínimo de justicia, de humanidad, de reparación. Era una oportunidad para cerrar una herida absurda. Era devolverle a mi hijo un poco de paz después de tantos años de sufrimiento inmerecido. Y también eso se lo arrebataron» lamenta Jurado de Otero.

«Solicito sea revisado el caso de Stabros Makriniotis Jurado-Blanco» señaló Jurado de Otero dado que «constituye un caso particularmente grave y emblemático de afectación prolongada, desproporcionada e injusta de derechos fundamentales, que merece ser examinado con especial sensibilidad» porque, agregó, «todos los venezolanos en esta transición solicitamos justicia».

Con todo, Jurado de Otero no se limita a abogar por la situación de su hijo, sino que amplía el foco de la situación: «No solo hablo de mi caso. Hablo también de los muchos venezolanos que claman por justicia, que esperan ser alcanzados por la amnistía y que siguen esperando la libertad de tantos presos que todavía no han sido liberados».

Embargo de la casa de sus hijos

La persecución política contra Miguel Henrique Otero y su familia, no cesa. Jurado de Otero señaló que en 2025, Cabello demandó a C.A El Nacional y a Henrique Otero, «la misma jueza Lisbeth del Carmen Amoroso, que decretó la entrega de la sede de El Nacional, también decretó un embargo indebido sobre un inmueble que no pertenece ni a C.A. Editora El Nacional ni a Miguel Henrique Otero, sino a mis hijos, terceros completamente ajenos al litigio».

«A ello se suma que no se realizó la verificación elemental en el registro para constatar la verdadera titularidad del inmueble antes de decretar la medida» agregó Jurado de Otero.

Luego, en fase de ejecución, el juez Carlos Alberto Castillo, Juez Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas Judiciales del Área Metropolitana de Caracas, «ejecutó esa decisión de forma cruel e inhumana» relata Jurado de Otero visiblemente indignada.

«El 7 de enero de 2025, a las 11 de la noche y bajo amenazas, los ocupantes de la casa fueron obligados a abandonar la vivienda con apenas unos minutos para recoger ropa y medicinas. Entre ellos estaba mi hermano, un hombre de la tercera edad, enfermo de enfisema pulmonar y dependiente de oxígeno. No hubo humanidad ni respeto por la vulnerabilidad de quienes allí se encontraban» denunció Jurado de Otero.

En el último episodio de abuso de poder contra su familia, el 17 de marzo, día no laborable en Venezuela, entraron camiones a su vivienda en Caracas y salieron con cajas. Nuevamente el 18 de marzo llegaron a su casa y sacaron coches que fueron trasladados en grúas hacia un lugar desconocido. «Más allá del daño material, lo que estremece es la sensación de absoluta indefensión» se lamentó Jurado de Otero.