Nicaragua recuerda la rebelión del 18 de abril y denuncia la brutal represión de la dictadura de Daniel Ortega

«A ocho años de las protestas sociales y la ola represiva llevada a cabo por el Estado, continúa la crisis de derechos humanos en Nicaragua». Así describe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación del país gobernando por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los nicaragüenses, dentro y fuera del país, recuerdan el octavo aniversario de las manifestaciones antigubernamentales que estallaron en abril de 2018 y que, tras una brutal represión, se cobraron la vida de más de 325 personas, según informes verificados por organismos de derechos humanos como la propia CIDH.

Para el órgano especializado en materia de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) «la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa siendo una de las más graves de la región, en un contexto en el que se ha consolidado una concentración absoluta del poder en el entorno familiar Ortega-Murillo».

En particular, la CIDH, a través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), sigue recibiendo información sobre detenciones arbitrarias y privaciones de la libertad por motivos políticos contra cualquier persona percibida como opositora al régimen. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 46 personas se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad en la actualidad, «en condiciones contrarias a la dignidad humana».

Por su parte, el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) divulgó un análisis esta semana en el que señala que «este aniversario transcurre en un contexto desfavorable para el régimen por la fragilidad que implica su propio proceso de sucesión dinástica, las purgas que están efectuando para modificar la estructura de poder; por el cambio significativo en el escenario político latinoamericano y un entorno internacional cada vez más adverso, a causa de las presiones de Estados Unidos, así como el distanciamiento de sus aliados autocráticos como Rusia, China e Irán».

Precisamente, el jueves de esta semana, EE.UU. impuso sanciones a Daniel Edmundo y Maurice Facundo, ambos Ortega Murillo, dos de los siete hijos que la pareja presidencial tienen. También el viceministro de Energía y Minas de Nicaragua, Santiago Hernán Bermúdez Tapia, y otros cuatro hombres entre los que se cuenta un ciudadano de nacionalidad china, Bian Feiwu.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, todas estas entidades e individuos «ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua» y están «involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua» ligadas al sector aurífero.

Richard Grenell, el enviado especial para Misiones Especiales del presidente de Estados Unidos, calificó el mes pasado de «indignante» que el régimen de Nicaragua hubiese expropiado en septiembre de 2025 un plantel de procesamiento minero a la estadounidense BHMB Mining.

BHMB Mining es propiedad de BHMB Inc., una empresa de capital estadounidense y británico, con sede en La Florida

El régimen sandinista ha otorgado entre 2021 y 2026 concesiones mineras en 74 lotes a 17 empresas chinas que ocupan 1.027.467,49 hectáreas, lo que representan el 8,5 % del territorio nicaragüense, según la ONG ambientalista Fundación del Río en un informe titulado Invasión minera china en Nicaragua.

La voz de las víctimas

La Asociación Madres de Abril (AMA), conformada por madres y padres de familia de las víctimas mortales de la represión de la dictadura de Ortega y Murillo, señaló a El Debate que han «convertido el dolor en memoria activa».

«Mantenemos vivos a nuestros hijos a través de nuestras voces, contando sus historias, denunciando lo que ocurrió y exigiendo justicia en cada espacio posible». Por esa razón invitan a poner rostro a las víctimas de la represión de 2018 visitando la web del Museo de la Memoria contra la Impunidad.

Las madres y padres de AMA piden en este aniversario que «que se mantenga la presión internacional para que haya verdad, justicia y reparación, se apoyen mecanismos internacionales de investigación y rendición de cuentas, se proteja a las víctimas, a las personas exiliadas y a quienes siguen siendo perseguidos y que no se cierre la puerta a la justicia internacional».