Nicaragua: la muerte de la sociedad civil
Si el saber fue reprimido, la fe ha sido criminalizada. La persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua no es una figura retórica, sino un fenómeno documentado con precisión
El dictador Daniel Ortega juramenta a 30.000 encapuchados como «policías voluntarios» en Nicaragua
En Nicaragua no solo se persigue a la oposición política. Se ha declarado la guerra a toda forma de vida cívica. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha ejecutado con meticulosa eficiencia el desmantelamiento de la sociedad civil. Lo que fue un tejido vivo de asociaciones, parroquias, fundaciones, universidades y gremios, hoy es un territorio baldío donde solo habla el poder.
No hay universidad que enseñe sin permiso, ni prensa que escriba sin miedo, ni gremio que actúe con independencia. La sociedad civil nicaragüense ha sido sistemáticamente desmantelada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, desde 2018 hasta mayo de 2025 han sido canceladas más de 5.524 personerías jurídicas, abarcando organizaciones nacionales, religiosas, educativas, culturales y de mujeres: 1298 religiosas, 2073 ONG nacionales, 198 de mujeres, 748 gremiales y más de 400 de carácter social o profesional. Las cifras no representan solo papeles administrativos: son comunidades rotas, redes de solidaridad apagadas y espacios de participación ciudadana aniquilados por decreto.
Una de las estrategias más agresivas ha sido la reducción del ecosistema legal a un molde estatal. Ninguna organización puede operar sin el aval político del régimen. Cualquier signo de autonomía —una radio católica, un centro de salud comunitario, una organización educativa— es interpretado como disidencia. No importa su obra, solo su obediencia.
Entre las víctimas están la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) y la Alianza Cívica, pilares del debate público y técnico en la Nicaragua reciente. Hoy, son apenas siglas de un pasado confiscado.
Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo
La prensa libre tampoco escapó al zarpazo autoritario. La Prensa, el decano del periodismo nicaragüense fundado en 1926, vio sus instalaciones ocupadas y su redacción asediada. Junto con Confidencial y otros más de 58 medios de comunicación independientes, ha enfrentado el exilio digital, el corte de sus dominios «.com.ni» y la persecución a sus periodistas. Según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), el periodismo independiente ha desaparecido por completo en 10 de los 15 departamentos del país. Lo que no se clausura, se silencia.
El mundo universitario no corrió mejor suerte. Según el estudio Tierra arrasada: aniquilación de la libertad académica en Nicaragua, se ha ordenado el cierre de al menos 33 universidades, entre ellas la Universidad Centroamericana, la Universidad Politécnica y la Universidad Juan Pablo II. A miles de estudiantes se les cancelaron sus carreras sin previo aviso, bajo la excusa de incumplimientos administrativos. Lo que en realidad molesta es la libertad de pensamiento.
Y si el saber fue reprimido, la fe ha sido criminalizada. La persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua no es una figura retórica, sino un fenómeno documentado con precisión por la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, en su serie de informes Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?. Desde 2018 hasta diciembre de 2024 se han registrado más de 917 ataques directos contra la Iglesia: confiscaciones de bienes, expulsiones de órdenes religiosas, cierre de medios católicos, detenciones arbitrarias y criminalización de sacerdotes y obispos. En los últimos meses, los templos han sido asaltados, procesiones prohibidas y actividades parroquiales restringidas bajo vigilancia policial. La Conferencia Episcopal de Nicaragua está compuesta por nueve obispos correspondientes a nueve diócesis, cuatro de ellos están en el exilio. Se han confiscado y silenciado 24 medios de comunicación y cuatro universidades católicas. Y prohibido 11.763 manifestaciones de piedad popular.
Todo lo anterior se agrava por un entorno económico de creciente precariedad y control. Informes del Banco Mundial advierten sobre un deterioro de las condiciones laborales, una caída del 8,7 % en la inversión extranjera desde 2021 y una inflación que, aunque estabilizada en cifras, no compensa la pérdida de confianza institucional. La OCDE, en su más reciente análisis sobre Hispanoamérica, señala a Nicaragua como el país con menor índice de participación ciudadana organizada en la región.
Más allá de las estadísticas, lo que se ha perdido en Nicaragua es el alma de la vida democrática: la posibilidad de organizarse libremente. La sociedad civil no es un lujo ni un capricho occidental. Es la respiración cotidiana de un pueblo que quiere educar, trabajar, dialogar, rezar. Cuando se le arranca esa posibilidad, no queda un Estado fuerte, sino un país mudo, empobrecido, encerrado en sí mismo.
Porque eso es lo que se está matando: no solo las ONG o los medios, sino la misma posibilidad de que exista una sociedad civil que no dependa del Estado. Lo que queda es una simulación de república, con uniforme obligatorio y pensamiento único. No es solo autoritarismo: es totalitarismo artesanal, ejecutado sin tanques pero con sellos de goma.
Sede de Radio María en Nicaragua
La comunidad internacional, distraída o resignada, mira hacia otro lado. Los organismos multilaterales hablan de gobernanza y sostenibilidad, mientras en Nicaragua se extingue el derecho a asociarse, a enseñar, a informar, a rezar.
El proyecto totalitario del régimen Ortega-Murillo no consiste solo en mantenerse en el poder. Consiste en hacer imposible cualquier alternativa al poder. Por eso disuelven ONG, cierran universidades, persiguen sacerdotes y callan diarios. No es miedo al caos. Es miedo a la libertad.
