De América a África: la inédita deportación de hispanoamericanos al Congo que redefine la estrategia de EE.UU.

Estados Unidos ha dado un paso inédito en su política migratoria: deportar a inmigrantes hispanoamericanos a África.

Se trata de un primer grupo de al menos 15 ciudadanos de Ecuador, Perú y Colombia trasladados a la República Democrática del Congo (RDC), uno de los países más inestables del continente, atenazado por un conflicto armado desde 1998.

La medida supone un nuevo giro en la doctrina de expulsiones de Washington y se enmarca en una serie de acuerdos recientes con varios países africanos.

El traslado se produjo el 17 de abril en un vuelo que partió del estado de Luisiana (sureste de EE.UU.) y aterrizó en la capital de la RDC tras escalas en África occidental, según agencias y medios internacionales como Reuters o CNN en Español.

La operación forma parte de un acuerdo bilateral alcanzado a principios de abril entre Washington y Kinshasa, que permite a Estados Unidos enviar a terceros países a migrantes que no puede deportar directamente a sus lugares de origen.

No es un precedente aislado desde que Donald Trump asumió su segundo mandato a inicios del año pasado. En febrero de 2025, Estados Unidos cerró un acuerdo con El Salvador valorado en 4,7 millones de dólares para recibir hasta 300 inmigrantes, en su mayoría venezolanos acusados de delitos. En los meses siguientes, las cárceles salvadoreñas acogieron a deportados en el marco de una estrategia de externalización migratoria.

Sin embargo, el caso de los deportados latinoamericanos representa un cambio sustancial, puesto que hasta ahora las expulsiones estadounidenses se concentraban en el continente americano o en países de tránsito. Con este nuevo modelo, la deportación se terceriza a territorios sin vínculo geográfico ni cultural con los migrantes y en contextos conflictivos que pueden poner en riesgo su vida.

Un «mecanismo temporal» con implicaciones permanentes

Las autoridades congoleñas han insistido en que se trata de un sistema de acogida «temporal», no de una reubicación definitiva.

Sobre el terreno la situación es más ambigua y, según denuncias de organizaciones de derechos humanos, no del todo transparente. Los inmigrantes han sido alojados en instalaciones cercanas al aeropuerto bajo supervisión policial y con visados de corta duración, en un contexto de inestabilidad interna.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ofrece programas de retorno voluntario, pero organizaciones humanitarias advierten de que las alternativas reales son limitadas.

El esquema reproduce la lógica de los llamados «terceros países seguros», pero con la diferencia de que los destinos no cumplen necesariamente con estándares de seguridad o integración.

Confirmaciones oficiales y silencio parcial

Las cancillerías latinoamericanas han reaccionado de forma desigual, pero han confirmado los hechos.

El Gobierno de Ecuador reconoció que al menos tres de sus ciudadanos fueron deportados a la RDC y aseguró que se encuentran «en buenas condiciones», mientras gestiona su eventual retorno.

Quito informó inicialmente a través de su Cancillería de un ciudadano deportado y posteriormente confirmó que en total eran tres en RDC.

«La Cancillería ha sido informada que los ciudadanos ecuatorianos se encuentran en situación migratoria regular en ese país, están alojados en un hotel y se mantienen en buenas condiciones, de acuerdo con información otorgada por autoridades competentes en el Congo», menciona un comunicado oficial.

Ecuador precisó que los inmigrantes serán entrevistados individualmente para determinar si desean acogerse a un retorno voluntario asistido. En uno de los casos, especificó que un ciudadano al que se le negó el asilo en Estados Unidos obtuvo protección judicial para evitar su devolución a Ecuador.

Perú informó de que siete connacionales fueron trasladados en el mismo vuelo dentro de un acuerdo que contempla su permanencia mientras se resuelven sus procesos migratorios en Estados Unidos.

«Este beneficio se otorga a ciudadanos extranjeros que cuentan con protección legal otorgada por jueces de cortes de migración de los EE.UU. Se suele utilizar cuando los solicitantes argumentan que su vida corre peligro en caso sean retornados a sus países de origen», explicó la Cancillería peruana.

En el caso de Colombia, aunque no hubo inicialmente un comunicado formal, el presidente Gustavo Petro ordenó activar la asistencia consular tras conocerse su presencia en territorio congoleño.

El reparto estimado es de siete peruanos, tres ecuatorianos y al menos cinco colombianos, según distintos medios.

Cambio de doctrina

La medida se inscribe en la estrategia migratoria impulsada por la Administración de Donald Trump, que busca ampliar acuerdos de deportación con terceros países para reducir la presión interna y evitar bloqueos judiciales.

Este modelo permite a Estados Unidos sortear obstáculos legales –como la imposibilidad de deportar a personas en riesgo en sus países de origen– trasladándolas a territorios alternativos dispuestos a recibirlas.

Críticas legales y dudas sobre el asilo

La operación ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y abogados de migración, que cuestionan su encaje en el derecho internacional.

Algunos de los deportados contaban con procesos de asilo abiertos o con protecciones judiciales en Estados Unidos, lo que plantea dudas sobre la legalidad del traslado.

Además, la posibilidad de solicitar asilo en la RDC es prácticamente inexistente, lo que deja a los migrantes en un limbo jurídico.

Más allá del número –reducido en esta primera fase–, el alcance político del precedente es considerable.

Por primera vez, Estados Unidos ha materializado una deportación de latinoamericanos fuera del continente, abriendo la puerta a un modelo replicable con otros países. También puede ser interpretado como una medida disuasoria y ejemplarizante para migrantes latinos en EE.UU. en situación irregular o en proceso de solicitud de protección o asilo.

El Instituto de Investigación en Derechos Humanos (IRDH) expresó su preocupación tras la llegada a Kinshasa de alrededor de cuarenta solicitantes de asilo trasladados por la fuerza desde Estados Unidos a la RDC.

La organización con sede en la República Democrática del Congo advirtió de que esta actuación constituye una externalización de las obligaciones internacionales de protección, incompatible con el principio de no devolución y con la prohibición de traslados forzosos.

Las autoridades de la RDC confirmaron la llegada de 15 latinoamericanos en este vuelo y advirtieron que el hecho marca el inicio operativo de un «mecanismo de acogida temporal de nacionales de terceros países» acordado con Washington, informó la agencia Efe.

Washington defiende la legalidad de la medida. Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), citado por CNN, aseguró que su Gobierno «utiliza todas las opciones legales para llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia, tal y como prometió el presidente Trump».

La RDC se suma a una lista creciente de países que han aceptado acuerdos de recepción de deportados. Otros países africanos como Esuatini (antigua Suazilandia) y Guinea Ecuatorial también han aceptado a inmigrantes deportados por EE.UU.

Tras casi tres décadas de conflicto alimentado por milicias rebeldes y el Ejército, la República Democrática del Congo sigue siendo uno de los escenarios más inestables del mundo, con cerca de 6,9 millones de desplazados internos, una de las mayores crisis globales, pese a la presencia desde 1999 de una misión de la ONU que no ha logrado estabilizar el este del país.