Greg Abbott, gobernador de Texas, EE.UU.
Texas reabre el pulso judicial sobre inmigración con una ley que permite a jueces y policías ordenar deportaciones
La Unión Americana de Libertades Civiles impugna de nuevo la controvertida SB4, cuya entrada en vigor el 15 de mayo reaviva el debate sobre los límites del poder estatal frente a la competencia federal en materia migratoria
Defensores de los derechos civiles han reactivado la batalla judicial contra una de las leyes migratorias más controvertidas aprobadas en Estados Unidos en los últimos años. Este lunes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas presentaron una nueva demanda para bloquear parcialmente la conocida como SB4, una norma que permitiría a policías y jueces estatales arrestar y deportar a personas sospechosas de haber cruzado ilegalmente la frontera con México.
La querella, interpuesta ante un tribunal federal, solicita la suspensión cautelar de varias disposiciones de la ley antes de su entrada en vigor prevista para el próximo 15 de mayo. La SB4, aprobada en 2023, permanecía hasta ahora paralizada tras una primera impugnación judicial. Sin embargo, un reciente fallo de un tribunal de apelaciones dio un giro al proceso al considerar que las organizaciones demandantes carecían de legitimación procesal para litigar.
La legislación convierte en delito estatal la entrada irregular desde México, con penas que pueden alcanzar hasta seis meses de cárcel, o incluso hasta 20 años en casos de reincidencia. Además, introduce medidas de gran calado que alteran el papel de las autoridades estatales en materia migratoria.
En concreto, la nueva demanda pretende frenar cuatro puntos clave: la tipificación como delito del reingreso sin autorización, el castigo por incumplir órdenes judiciales estatales en materia migratoria, la facultad de los jueces para ordenar deportaciones y la obligación de continuar procesos judiciales aunque el acusado tenga un procedimiento migratorio pendiente.
Desde la ACLU, su directora legal en Texas, Adriana Piñon, advirtió de las implicaciones de la norma: «El SB4 transformaría a nuestra policía y a nuestros jueces en agentes de inmigración, amenazando a vecinos que tienen familias aquí, que han vivido aquí durante años e incluso a aquellos que poseen un estatus legal».
La jurista subrayó además que la aplicación de la legislación migratoria corresponde exclusivamente al Gobierno federal, un principio que, según denuncia, nunca había sido cuestionado por ningún estado en los términos que ahora plantea Texas.
La entrada en vigor de la ley se produce en un contexto de creciente presión política por parte del gobernador Greg Abbott, quien ha instado a grandes ciudades como Houston, Dallas o Austin a reforzar la cooperación entre sus fuerzas policiales y el Servicio de Inmigración y Aduanas. Todo ello, pese a la oposición de sectores de la ciudadanía que rechazan las políticas de endurecimiento migratorio impulsadas durante la Administración Trump.
El pulso judicial vuelve así al primer plano, con implicaciones que trascienden el ámbito estatal y reabren el debate sobre los límites del poder de los estados en materia migratoria en Estados Unidos.
